Todo comenzó con la muerte de Erika, la niña de tres años cuya tragedia conmovió a los tucumanos en julio del año pasado. Ella fue sacada de su hogar en Banda del Río Salí y entregada en guarda a su abuelo, quien la llevó a vivir en un hogar con antecedentes de violencia. El resultado fue el caso de infanticidio que trascendió en todo el país.
Fue tan dramático e injusto que la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente a nivel nacional, Marisa Graham, posó sus ojos en Tucumán.
El organismo revisó el funcionamiento de la la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) y concluyó que se observaban múltiples falencias en el organismo público tucumano.
La evaluación, que se entregó en abril, vino acompañada por una serie de recomendaciones que tenían por objeto subsanar esas fallas.
Llegaron tardes las recomendaciones
El plazo sugerido para poner en práctica los consejos del organismo nacional fue de 90 días, demasiado tarde para evitar que Rocío Rojas sufriera el mismo destino de Erika.
Pero aún si hubiese sido más breve, de nada hubiera servido, ya que a pocos días de cumplirse esos tres meses, nada de lo aconsejado por el organismo nacional se puso en práctica.
Las falencias detectadas pueden resumirse
• Falta de Descentralización del SPID ante la ausencia de un actor fundamental de la institucionalidad como son los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos en su rol de garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en su territorio conformando el primer nivel de intervención.
• Se advierte una excesiva centralización de funciones en la Dinayf que desborda su capacidad de respuesta e impacta negativamente en su desempeño.
• Inexistencia de una línea de emergencia de carácter institucional durante las 24 horas, que garantice la intervención del organismo especializado en las situaciones de vulneraciones graves a los derechos de NNyA.
• Sobrecarga de casos que impide la atención integral y adecuada de los mismos.
• Demanda excesiva por parte del Poder Judicial a través del envío de oficios con plazos de imposible cumplimiento y aplicación de astreintes.
• Sobrepoblación en hogares: La capacidad para alojar de los mismos, corresponde a 214 niñas, niños y adolescentes en Dispositivos de Cuidado Institucional, sin embargo, se encuentran alojados 284 (hasta el 15/12/20 había 326). A su vez, un gran porcentaje permanece más de 18 meses.
• Con respecto a la estructura, composición y tareas a cargo del personal de la Dinayf (operadores, profesionales, equipos técnicos, cantidad de intervenciones por día/mes y temáticas que demandan su intervención, entre otros) no recibieron información. Sí se informó de manera reiterada acerca de la falta de recursos humanos, agravada por la renuncia de personal especializado en particular en el transcurso del año pasado.
• Ausencia de organismos independientes que monitoreen y controlen las instituciones convivenciales, penales juveniles y de salud mental (incluye consumo problemático).
• Desdibujado rol de otros organismos de control como son el mecanismo local contra la tortura.
Recomendaciones que completaron el informe
1- Acelerar el proceso de descentralización del SPI a través de la institucionalización de los servicios locales de promoción y protección de derechos.
2- Incorporar un servicio propio de atención en la emergencia durante las 24 horas de carácter institucional, que pueda constituirse “in situ” frente a una vulneración grave que pone en riesgo la salud o la vida de una niña, niño y adolescente, a los fines de adoptar las medidas de protección que estime pertinentes, así como también instar las acciones penales o civiles que el caso requiera.
3- Es necesario adecuar de manera progresiva los protocolos con el Poder Judicial a las disposiciones de la Ley 8.293.
¿La aplicación a tiempo de estos consejos habría alcanzado para evitar que Rocío, a sus cuatro años, viviera el infierno del abuso y el sufrimiento infinito de una muerte violenta? El mayor dolor, la más grande impotencia, es la pregunta en sí misma, ya que tener que hacerla implica que se desatendieron recomendaciones cuyo objetivo era salvar la vida de niños y niñas tucumanos.
fuente: contexto