La Justicia de San Juan ordenó hoy la “inmediata suspensión” de la actividad en la mina Veladero hasta que la empresa Barrick cumpla con una serie de condiciones y anunció un allanamiento. De esta forma, hizo efectiva la medida decidida por el gobernador Sergio Uñac, que había dispuesto lo mismo poco después de que se conociera el nuevo derrame.
El juez Pablo Oritja ordenó la suspensión de la actividad de la empresa en la mina “en atención al hecho ocurrido el día 8 de septiembre de 2016”, sostuvo en su resolución, en alusión al nuevo derrame de agua cianurada registrado en esa oportunidad. Y dispuso “una serie de obras que eviten nuevos riesgos para la población y el medio ambiente”.
El magistrado pidió, en ese sentido, “una pericia técnica y un informe sobre la actuación en relación al probable desacople del caño que transporta solución sobre el valle de lixiviación”, entre otras medidas.
“La presente suspensión se dispone hasta que se cumplimenten las obras de mejoras ordenadas por la autoridad de aplicación y todo aquel requisito adicional que este tribunal considere necesario luego de la realización de la inspección ocular a realizarse“, expresó el juez en su resolución.
Asimismo, ordenó “el allanamiento de la mina Veladero para el día lunes 26 de septiembre de 2016”, para realizar una inspección ocular del lugar “donde se produjo el eventual desacople del caño” y “proceder al secuestro del caño corrugado” que “transportaba la solución derramada”.
Este jueves, se accedió a la denuncia que presentó el Gobierno ante la Justicia Federal contra los directivos de la Barrick.
El escrito hace hincapié en las contradicciones entre las versiones oficiales, la de los trabajadores y una serie de observaciones que realizaron los técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que inspeccionaron el yacimiento.