Virginia Santana (45) llevaba siete meses de ir y venir de su casa a la Brigada Femenina de la Policía de la ciudad tucumana de Concepción. De lunes a lunes. Al mediodía y a la tarde. Su hija, Rocío Micaela Mendoza (22), cumplía una pena de 5 años por el robo de un celular. Si Virginia no se acercaba a la comisaría, ella no comía. A veces vendía su ropa para poder comprar en alguna rotisería. Y si no le alcanzaba para un paquete de cigarrillos, compraba sueltos y se los llevaba. A fin de mes, las despensas del barrio le fiaban.
“Me gastaba el sueldo (trabaja en un comedor) en ella”, cuenta Virginia desde Concepción, según pública este domingo Clarín. “Pero al menos la veía bien. Cuando la detuvieron, pesaba 40 kilos. Ahora estaba en 69. El día que la metieron presa sentí tranquilidad. Volví a dormir tranquila. La droga la había arruinado. Por eso varias veces fui a la Policía a pedir que la detuvieran. Creía que en una comisaría no le podría pasar nada malo”.
Rocío Mendoza era una de las cuatro mujeres que murieron por quemaduras el último jueves en una de las celdas de la Brigada Femenina. Las otras tres fueron identificadas como Macarena Maylén Salinas, Yanet Yaqueline Santillán y María José Saravia.
Rocío Micaela Mendoza
Según la versión policial, Salinas “les había pedido a los policías que le entregaran una hoja de afeitar, pero ante la negativa de los guardias la mujer arrojó un objeto a un foco de la celda provocando un cortocircuito que generó el incendio”. Además, siete agentes resultaron heridos y la quinta y última detenida sobrevivió ya que en el momento del incendio se encontraba en otra celda.
No obstante, Santana y las familias de las otras fallecidas manejan otra versión. Hablan de un reclamo de las detenidas por su lugar de reclusión. Al parecer, tres de ellas habían sido condenadas y exigían el traslado a la Unidad 4 de Banda del Río Salí, la única cárcel de mujeres de la provincia. El lugar cuenta con un cupo de 31 plazas y aloja a 32 detenidas.
“Vivían en una celda de tres metros por tres; dormían en el piso, en unos colchones sucios. No tenían cocina; no podían cocinarse nada. Tampoco podían estudiar, ni trabajar, ni hacer actividades de recreación. Estaban aburridísimas. Sabían que en un penal estarían mucho más cómodas. Y dos de las chicas vivían en San Miguel de Tucumán, a 90 kilómetros. Sus familias no podían viajar a llevarles la comida. Comían gracias a que mi hija les compartía lo que yo le llevaba. Por eso, y por las condiciones de detención, pedían el traslado”, aclara Virginia.
El jueves, cerca de las 17, y en el marco de una protesta, una de las mujeres habría prendido fuego un colchón. “Las cuatro murieron abrazadas”, afirma Virginia. “A la vuelta de la Brigada hay un cuartel de Bomberos Voluntarios. Los vecinos escucharon los gritos y fueron corriendo a buscarlos. ¿Cómo puede ser que los policías que estaban a siete metros de la celda no hayan escuchado nada ni salido a llamar a los Bomberos antes? Las dejaron morir. La celda, además de la cerradura, tenía un candado”, dice Santana.
La mujer plantea una irregularidad más: los detenidos en comisaría no deberían tener acceso a encendedores.
El viernes por la noche las familias de las dos detenidas oriundas de San Miguel de Tucumán se acercaron a la Brigada y cortaron la calle por unos minutos. Denuncian que el fiscal Miguel Varela no las recibió, ni les brindó información sobre el estado de la causa.