Por Fabián Seidán – Diario Cuarto Poder / A 38 años de la recuperación de la democracia y en pleno siglo 21, el periodismo en Argentina sufre constantes embates de sectores de Estado que se sienten amenazado por el poder de la palabra. El rol del periodista, y su libertad para informar y editorializar noticias, no debe ser cercenado por sectores intolerantes.
En los últimos días vimos dos situaciones totalmente opuestas respecto a la prensa: en una, Juan Manzur, jefe de Gabinete de la Nación, mandaba a los mozos de la Casa Rosada a servir café con medialunas a los periodistas que aguardaban en la calle para cubrir la noticia del encuentro; en la otra, un intendente (Mario Ishii), durante un acto arremetió duro contra la prensa: “El pueblo un día se va a levantar contra los medios” y reclamó: “Dejen de pegarle al Presidente”.
¿Fue un mensaje o una amenaza?
Lo peor de todo es que en ese acto estaba el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof quienes lo aplaudieron. “El pueblo un día se va a levantar contra los medios, no tengo dudas de eso porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Tiren una buena. El pueblo sabe lo que estoy diciendo”, agregó el polémico intendente que el año pasado fue noticia por un video donde reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en su municipio: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias del municipio”.
¡El pueblo quiere saber de qué se trata!!
Los funcionarios públicos, desde el Presidente de la Nación hasta el último secretario de la más recóndita oficina del Estado, pasando por los gobernadores, intendentes y demás cargos electivos (o puestos a dedo), deben rendir cuentas diariamente de sus actos ante el pueblo, que es -en definitiva- quien los puso allí para gobernar y administrar los bienes del Estado, por un período determinado, sin beneficio extras ni pleitesía. Y la prensa es -por lo general-, el mejor vehículo para transmitir lo hecho o dicho por esa casta política.
¿Por qué se enojan?
Para quienes valoramos y disfrutamos la vida en democracia, respetamos la Constitución y ponderamos las libertades bien entendida, sabemos que son tiempos difíciles para ejercer el periodismo de forma objetiva sin sufrir algún tipo de acoso, censura y amenaza.
La “libertad de prensa” y la “libertad de empresa” se ven constantemente amenazadas, sobre todos en medios periodísticos chicos y medianos que, a pesar de ofrecer un producto digno, no cuentan con ingresos suficientes como para declarar su “independencia periodística” y terminan desapareciendo o sucumbiendo ante la engañosa trampa del sometimiento por la pauta oficial.
Muchos acabarán pasando data “enlatada” o cortando y pegando gacetillas elaborada por departamentos de prensa de funcionarios que sólo rinden cuentan de lo que les conviene.
¿Eso queremos de noticia?
Para que la prensa pueda informar con objetividad y sin censura, necesita del apoyo del pueblo, de las empresas del medio y también de aquellos gobiernos que crean y respeten las instituciones.
Un periodismo libre e independiente, que pueda reflejar la realidad de un país, frente a un micrófono o el teclado de una computadora, es inconmensurablemente valioso para toda sociedad que se jacte de democrática.
Dos cuestiones son básicas para lograrlo: 1) que el periodismo pueda preguntar libremente, sin discriminación ni censura previa, y a la vez que la autoridad gubernamental esté obligada a atender y responder sin objeción alguna; y 2) que todos los medios, acreditados como tal, puedan acceder a pautas oficiales, sin tener que caer en la subordinación o en trámites engorrosos.
Actualmente muchos funcionarios recurren a largos y aburridos “monólogos” para dar a conocer sus actos, sin acceder a contestar peguntas. O sea, lo que dicen o informan debe tomarse como una verdad absoluta; pero lo cierto es que la duda, en tal caso, siempre quedará latente.
Todo medio periodístico debe contar con apoyo del Estado para informar libremente. Actualmente no existe ninguna ley que obligue a los gobiernos a repartir equitativamente la pauta publicitaria y eso siempre beneficia a los medios periodísticos hegemónicos y dominantes, cuya editorial termina siendo única e irrebatible.
Lo peor de todo es que la mayoría de estos medios grandes, que son generalmente favorecidos con la pauta oficial, trabajan bajo sistemas de suscripciones, por lo tanto, las noticias que publican no llegan a la mayoría del pueblo. En definitiva, se beneficia a un medio que no cumple el rol de informar al pueblo.
Asfixia económica
Una investigación sobre “desiertos informativos” elaborado por El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) revela que la mayoría de las provincias carecen de políticas públicas para el estímulo de la prensa local. “En gran parte de la Argentina, el periodismo no existe o está con un gran desfinanciamiento y depende de los fondos oficiales, con el condicionamiento que eso implica. Esto desfigura el periodismo como tal”, se indicó.
Por ello, FOPEA presentó como propuesta un financiamiento para periodismo local, especialmente en los que está en peor situación. Bautizada como “Compromiso Federal de Transparencia”, consiste en que, para algunos contratos públicos relevantes, el contratista tenga la obligación de comprar espacio en la prensa local para informar sobre las características y la marcha del contrato.
Formosa: la “Venezuela” Argentina
Desde que se instauraron en la Argentina las medidas sanitarias para intentar reducir el impacto del Covid-19, (marzo 2020) de a poco se fueron restableciendo las actividades en gran parte del país. Sin embargo, en Formosa continúan las limitaciones a la circulación y el ingreso de personas al territorio provincial, así como su salida, a lo que se suma un régimen de aislamiento que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales. Todo ello derivó en denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas retenidas en los centros de aislamiento y en un deterioro de la situación de la libertad de expresión.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) recibió denuncias sobre restricciones, atropellos y serias limitaciones al ejercicio periodístico en Formosa, tanto por parte de los periodistas locales como de los profesionales enviados por los medios nacionales.
En febrero pasado, funcionarios provinciales de los puestos limítrofes restringieron el ingreso a la provincia a un equipo periodístico de La Nación que había viajado para cubrir la situación sanitaria. Para acceder al territorio formoseño, los periodistas debieron presentar un habeas corpus.
La Constitución flagelada
Impedir el acceso al periodismo en los puestos limítrofes de una provincia es una clara violación a la libertad de informar a derechos concebidos en la Constitución Nacional y además, desconoce los alcances del DNU 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en el que se menciona entre las personas exceptuadas de la prohibición de circular al personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
Vale recordar la Declaración de Chapultepec, documento que establece una serie de principios internacionales sobre la libertad de expresión y libertad de prensa. Fue adoptado por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México en 1994 y dice: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”.
La libertad de prensa como la libertad de expresión, son derechos constitucionales que tienen que estar garantizados siempre en todo el territorio nacional; y es deber tanto del pueblo como de sus gobernantes defenderlos. Porque un pueblo bien informado, es un pueblo libre.
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