La Oficina Anticorrupción recomendó hoy la elevación a juicio oral de la causa que investiga la licitación del plan Qunita, el programa que preveía la compra de kits destinados a embarazadas y madres recientes, al considerar que “se adjudicó la contratación a un precio excesivo e injustificado” a seis firmas de manera “direccionada”.
La titular del organismo, Laura Alonso, en un escrito de 74 páginas que presentó ante el juzgado del juez federal Claudio Bonadio y al que accedió Infobae, detalló la responsabilidad de los 18 procesados por justicia, empresarios y ex funcionarios entre los que se encuentran el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán, en el proceso de implementación del programa ordenado por la ex presidenta Cristina Kirchner a un costo de 1.100 millones de pesos.
“La actuación de los funcionarios públicos en la maniobra investigada es subsumible en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”, afirmó la Oficina Anticorrupción. En el texto, además, se agrega que “la conducta de los particulares directivos y/o socios de las empresas que resultaron adjudicatarias de la licitación, debe encuadrarse como participación necesaria (salvo en un caso, donde sería complicidad) en el segundo de los delitos enunciados”.
En este sentido, el organismo advirtió que “tanto funcionarios públicos como particulares actuaron desde sus diferentes cargos y roles empresariales bajo el designio común de beneficiar” a las empresas que resultaron proveedoras de Qunita como Compañía Comercial Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Delta Obras y Proyectos SA, Fibromad SA, y Fasano SRL. Todas las empresas, de acuerdo a la presentación, registraba antecedentes vinculados con los productos licitados: sólo tenían experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
También pone foco en la Decisión Administrativa n° 300/15, que adjudicó la licitación a las mencionadas firmas “a pesar del precio excesivo” y las irregularidades en el pliego y “la solicitud de un segundo valor a la SIGEN y la prosecución a pesar de subsistir la diferencia de precios”.
En promedio, las empresas que resultaron ganadoras del contrato ofertaron un valor promedio a los $ 7800 por kit, meintras que el valor estimado por la SIGEN en su primer informe fue de $ 4096,37.
Por el plan Qunita, Bonadio resolvió procesar a principios de febrero, entre otros, a Fernández, Gollán y también al ex ministro de Salud kirchnerista Juan Manzur. En abril, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos aunque revocó la acusación contra el actual gobernador de Tucumán.
En agosto, la Oficina Anticorrupción fue aceptada como querellante en la causa. Hace dos semanas el fiscal Eduardo Taiano también pidió la elevación a juicio oral ante Bonadio.
Los funcionarios procesados como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público son:
1) Aníbal Fernández – ex jefe de Gabinete de la Nación
2) Juan Manzur – ex ministro de Salud de la Nación y actual gobernador de Tucumán
3) Daniel Gollán – ex ministro de Salud de la Nación
4) Nicolás Kreplak – ex viceministro de Salud de la Nación
5) Juan Carlos Piccolini – ex director general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud
6) Ana Paula Herrera Viana – ex coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud
7) Fanny Herrera Clemente Lamas – ex directora de Compras, Patrimonio, Suministros y Servicios en el Ministerio de Salud
8) Elisa Marta Gulberti – ex directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud
9) Carlos Alejandro Liz
10) Viviana María Cristina Bonpland
11) Alelí Claudia Pilar García
12) Alicia Raquel Escobar Atensio – abogada de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación
13) Claudia Ángela Esteban – abogada de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación
14) Carlos Tejada – ex jefe de la Unidad de Análisis Legal de la Subsecretaria Legal de la Nación
Los empresarios procesados como coautores penalmente responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública son:
1) María Victoria Flores – chef e integrante de la Compañía Comercial Narciso SRL
2) Diego Luis Romero – socio gerente de Grupo Diela SRL
3) Martín Miranda – presidente de Delta Obras y Proyectos SA
4) Leandro Nicolás Flores – socio de Dromotech SA
5) Sergio Alejandro Lupi – integrante de Fibromad SA
6) Jorge Omar Artazcos – socio de Fasano SRL
7) Gustavo Oscar Cilia – socio de Fasano SRL
8) Oscar Alejandro Micheli – socio de Fasano SRL
9) Dora María Ruocco – socia de Fasano SRL
Fuente: Infobae