La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), la cámara que nuclea a los medios de comunicación más grandes del país, difundió un documento donde celebró que el país vaya “dejando atrás la etapa más oscura para el periodismo independiente desde 1983”, en el marco de la 54° asamblea anual realizada en San Miguel de Tucumán.
A lo largo del escrito, la entidad se mostró alineada con la gestión de Mauricio Macri, al describir como hechos destacables “la consolidación de un escenario de libre expresión sin represalias, la sanción de una ley nacional de Acceso a la Información Pública” e “incipientes medidas para favorecer la transición de la prensa escrita ante las profundas transformaciones que vive el sector”.
Sin embargo, el informe insistió en que “llevará tiempo corregir el efecto residual de las presiones y persecuciones a medios de comunicación, sus directivos y periodistas“.
Sobre la situación de la actividad periodística, Adepa describe que en estos meses “se ha asistido al cierre de diarios, revistas y sitios de internet que, en su mayoría, integraban el aparato propagandístico paragubernamental de la gestión que finalizó en diciembre pasado”.
“Sus propietarios, que recibieron cifras millonarias del Estado en los últimos años, no titubearon en actuar sin la más mínima responsabilidad social, para dejar librado a su suerte al personal que conformaba esos emprendimientos”, señaló.
Asimismo, la entidad llamó la atención en “la caída de la actividad económica registrada el año pasado y que se profundizó en 2016, se tradujo en una reducción de la pauta publicitaria del sector privado y generó serias complicaciones a medios de todo el país, en especial a pequeñas y medianas empresas”.
Pauta oficial
Adepa destacó también la decisión del gobierno nacional, como de las administraciones provinciales y municipales, de revisar los criterios para asignar la pauta publicitaria del Estado, que van “en dirección de sustituir parámetros arbitrarios por criterios objetivos”, coincidentes con las recomendaciones “de las organizaciones americanas y de las Naciones Unidas para la libertad de expresión”.
Al respecto, argumentó que “siempre hemos sostenido que la independencia y dignidad de los medios de prensa está fundada en su independencia económica. Y que la subsistencia de ellos no debe estar condicionada por los ingresos provenientes de la publicidad oficial ni por subsidios encubiertos”.
Sobre este punto, recordó que aún hubo respuesta a un proyecto presentado ante el Poder Ejecutivo, que da prioridad a los productores de contenidos periodísticos, ante el avance de plataformas que reutilizan contenidos de terceros.
“La iniciativa plantea la necesidad de un programa de reconversión tecnológica integral que promueva la recuperación productiva de las empresas, a partir de beneficios especiales para inversiones en equipamiento y en capacitación de los planteles profesionales”, sostuvo la entidad empresaria.
Avisos oficiales
La cámara –que representa a medios como Infobae, Clarín, La Nación, y el diario Perfil, entre otros- también destacó “la decisión del Poder Ejecutivo nacional de anunciar un nuevo régimen para la distribución de avisos oficiales”.
“La resolución 247-E/2016 de la Secretaría de Comunicación Pública restringe el uso proselitista de esos fondos. Establece, además, criterios que, en términos generales, están en línea con los estándares interamericanos en la materia”, afirmó en el texto. Y resaltó que se haya incorporado “una exigencia relativa a contenidos que preocupa como precedente, más allá de que y que plantee una adhesión voluntaria a códigos de ética periodística y que aluda a temáticas en las que coincidimos: no discriminación, protección de la infancia y la niñez, rechazo a la violencia de género”.
En este sentido, Adepa afirmó que la autolimitación administrativa “es valiosa como gesto, aunque no exenta de fragilidad institucional”, y expresó su apoyo a que el Congreso retomara los debates para sancionar un encuadre legislativo en el que la publicidad oficial esté “basada en criterios racionales y mecanismos transparentes”. “Estas son las vías para cerrar toda posibilidad de reincidir en prácticas arbitrarias y discrecionales como las que se aplicaron en los últimos 12 años”, concluyó.
Acceso a la información
Por otra parte, Adepa celebró la sanción de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, a la que calificó de “herramienta fundamental para afianzar la democracia y la transparencia republicana”, luego de que el gobierno anterior “trabó el avance parlamentario de la iniciativa”.
Sobre esta norma, la agrupación patronal resaltó “la simplicidad del mecanismo para realizar pedidos de información, la fijación de plazos y excepciones razonables, la obligación de entregar los datos públicos de manera clara, la exigencia de políticas activas en la materia y la creación de órganos de control de transparencia”.
“Confiamos en que provincias y municipios sancionen leyes y ordenanzas de similar contenido, para consolidar sistemas de gobierno abierto como los que rigen en las democracias más avanzadas”, planteó la cámara, que también destacó que el presidente Mauricio Macri haya firmado la declaración de Chapultepec ante directivos de Adepa y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Agresiones y amenazas
En el escrito, la agrupación empresaria mostró su preocupación por el registro de los ataques a periodistas y medios. Entre ellos, se enumeraron el atentado el 1 de julio pasado contra la vivienda de Emanuel Soverchia, del semanario El informe de la ciudad y el mensuario La imprenta, de Cañada de Gómez, hecho que este relacionó con su tarea profesional.
“Igualmente grave fue el desalojo de la redacción del diario Tiempo Argentino e instalaciones de AM 1190 Radio América, el 4 de julio. En el hecho resultaron golpeados integrantes del personal y sus equipos, destruidos. Lo curioso y a la vez preocupante de este caso es que fue protagonizado por una patota en la que se encontraba Mariano Martínez Rojas, quien se atribuyó haber comprado esos medios, aunque no lo pudo demostrar”, afirmó Adepa. “El ataque expuso la endeblez jurídica de esas empresas -continuó-, que eran propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, principales beneficiarios de los fondos asignados de manera dispendiosa por el anterior gobierno nacional para sostener un aparato paraestatal de propaganda”.
Asimismo, también preocuparon las amenazas contra periodistas del programa Poné Primera, de Radio Nacional, el 23 de marzo; contra Alejandro Suárez, director de Mi Ciudad, de Florencio Varela, el 12 de agosto; las que recibió el 2 de septiembre Luis Majul mientras entrevistaba a Leonardo Fariña, uno de los involucrados en la llamada “causa de La Rosadita”, y las que denunció por segunda vez el jujeño Fernando Calvetti el 9 de este mes.
“Fueron asimismo reiterados los ataques contra periodistas –verbales y en ocasiones también físicos- por parte de grupos políticos y sociales que siguen apostando a la descalificación y a la violencia. Mencionamos, entre estos, los insultos y golpes contra periodistas de Todo Noticias y El Trece en El Calafate, el 12 de abril; las agresiones, un día después, contra reporteros de Radio Mitre, Crónica TV y El Trece que cubrían una de las presentaciones de la expresidenta Cristina Fernández en los tribunales de Comodoro Py; el episodio protagonizado por Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, contra el economista y columnista Martín Tetaz, en el programa Zona de Investigación, de Canal 9 de Buenos Aires, el 4 de agosto, y la bofetada al periodista Ignacio Otero por parte del exfuncionario Enrique Mengarelli, a bordo de un avión, el 24 del mismo mes”, recapituló la entidad.
En el plano policial y judicial, Adepa calificó de “intimidatorio” el allanamiento a la redacción de OPI Santa Cruz, el 7 de julio, por orden de la jueza Marcela Quintana, para requisar material periodístico, así como la detención de Adrián Molina, de Radio Minuto 24 de La Rioja, el 18 del mismo mes. El periodista denunció que policías lo demoraron cuando tomaba fotografías en un control de alcoholemia.
Protocolo para la prensa
Tras estas numerosas agresiones, la cámara “valoró” la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, presentada en ocasión de esta Asamblea, que establece “la creación de un protocolo de actuación que tiende a proteger la actividad periodística, en especial la de aquellos profesionales que investigan la criminalidad organizada y el narcotráfico”.
“Dicho marco normativo fue elaborado con la colaboración de Adepa y el Foro del Periodismo Argentino (Fopea). Exhortamos a los gobiernos provinciales a adherir al protocolo nacional”, planteó Adepa.
“La recuperación de ámbitos de diálogo entre autoridades de todos los niveles y entidades del sector es el camino a recorrer para poner fin a ataques, amenazas y agravios. También para seguir procurando soluciones que garanticen una prensa sustentable y sin condicionamientos”, finalizó la cámara en el escrito.