Acusado de haber actuado mal en la causa que terminó con el femicidio de Paola Tacacho, el juez Francisco Pisa quiere apurar su acceso a la jubilación con el 82 por ciento móvil de que gozan los magistrados antes que el juicio político en su contra termine, como se cree, con su destitución.
Para ello, el cuestionado funcionario judicial interpuso un recurso de amparo en contra de la Administración Federal de la Seguridad Social (Anses), para que el organismo le otorgue el beneficio, completando un trámtie que comenzó de forma apresurada tras presentar su renuncia al cargo.
Dimisión aceptada
La dimisión, aceptada en forma condicional por el gobernador Juan Manzur, llevó a Pisa a un paso de eludir la sanción impulsada por la familia de Paola, brutalmente asesinada en la calle por Mauricio Parda Parejas, a quien había denunciado en varias ocasiones por acoso.
Pero el 26 de agosto se puso en marcha el proceso que amenaza con dejar al juez sin el ingreso previsional, y que ahora está por ingresar a la etapa de alegatos, para lo que sólo falta que, esta semana, se definan las fechas en las que se celebrarán las audiencias públicas.
Reconocida por ANSES
Esto llevó a los abogados Ernesto Baaclini y Camilo Atim Antoni, representntes de Pisa, a elevar un escrito en el que argumentan que la jubilación del magistrado ya había sido reconocida por la Anses en octubre de 2018 y que los cambios en el régimen jubilatorio para jueces fueron posteriores.
Se planteó así una carrera contrareloj que, al menos desde el organismo previsional no parece tener buenas perspectivas para el juez, ya que fuentes del mismo consideraron que al ser judicializado, el expediente no se moverá salvo que medie una decisión de fondo emanada desde los Tribunales.
Si mientras tanto el proceso en su contra avanza y culmina con la destitución, el futuro del cuestionado funcionario judicial se tornará definitivamente sombrío.