Los sindicatos presionan para lograr incrementos en las remuneraciones de los asalariados registrados. Aunque se argumente un interés social, estas políticas profundizan la pobreza. La razón es que los beneficios aumentan los costos laborales impactando sobre los precios de los bienes y servicios de la canasta básica, mientras que la mayoría de las familias pobres no reciben los beneficios porque sus ingresos se generan en el trabajo informal.

Las centrales gremiales amenazan con un paro general si no se hace lugar a sus demandas. Aunque los reclamos varían según la corriente sindical, en general, incluyen el pedido de reapertura de las paritarias para negociar aumentos de salarios adicionales a los ya acordados, reducir la incidencia del impuesto a las ganancias (en especial del medio aguinaldo) y establecer un bono de fin de año “para todos”. La principal razón en la que se fundamentan estas demandas es la delicada situación social.

Los planteos toman como base los datos recientemente publicados por el INDEC que señalan que el 32% las personas son pobres. Pero las estadísticas oficiales también muestran que la pobreza está fuertemente asociada al trabajo informal o a la falta de trabajo, ya sea manifestada en desempleo abierto o inactividad laboral (desempleo oculto).

Dada la estrecha ligazón entre situación social e inserción laboral, resulta pertinente evaluar las demandas sindicales a la luz de la conformación del mercado de trabajo. En este sentido, según datos del INDEC, se estima que la estructura del empleo en Argentina tiene la siguiente configuración:

Los asalariados registrados en empresas privadas y los empleados públicos constituyen el 50% del total de ocupados.

Otro 26% está conformado por asalariados no registrados y servicio doméstico.

El restante 24% son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta.

Estos datos muestran que los potenciales beneficiarios de las demandas de los sindicatos apenas representan la mitad de los ocupados. La otra mitad, conformados por los asalariados “en negro” y los que trabajan por su cuenta, quedan excluidos porque no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo, no tienen quién les pague un bono de fin de año, ni aguinaldo para quedar eximidos del impuesto a las ganancias.

Fuente: Idesa

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