La Cámara de Diputados se apresta a dar dictamen hoy al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Como se preveía, para ponerle plazo fijo al frente del organismo a la procuradora kirchnerista Alejandra Gils Carbó, se pondrá límite de cinco años de mandato, renovable por otros cinco.
Pero el pre-dictamen, a cuyo contenido accedió Clarín, busca hacer cirugía mayor en el MPF: restituye en sus funciones a los fiscales que fueron desplazados por Gils Carbó, y apunta a descabezar la estructura que armó a su antojo la procuradora desde 2012, cuando asumió en el organismo.
El proyecto tiene cinco cláusulas transitorias, dos de las cuales son clave en esta fuerte ofensiva: los fiscales que fueron trasladados deben ser repuestos en 48 horas; y todas las designaciones de fiscales coordinadores de distrito, de unidades fiscales especializadas, procuradurías especiales, deben ser remitidas a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, para su “revisión y aprobación”. Lo mismo que las designaciones en las 11 Direcciones Generales del MPF, en las que Gils Carbó ubicó a sus “leales”.
Al dictamen que se firmará hoy en las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto, se llega luego de intensas negociaciones.
Se espera que sea suscripto por Cambiemos, el FR/UNA de Sergio Massa y el peronismo disidente del Bloque Justicialista. Tendrá así los votos para la media sanción en sesión ya prevista para el próximo 26 de octubre. El acuerdo con el FPV en el Senado, determinante en esa Cámara, pasa por nombrar un sucesor de Gils Carbó con acuerdo del peronismo.
Gils Carbó, a quien el presidente Mauricio Macri le reclamó muchas veces la renuncia, optó por resistir en la procuración, cargo que por ley es vitalicio. Es la última alta funcionaria kirchnerista que queda en pie, de lo que fue un vasto plan para seguir reteniendo cargos estratégicos en el Estado. Pero con la salida de los K del poder, ese plan se derrumbó como un castillo de naipes.
La reforma sufrió grandes modificaciones desde que fue presentada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en abril pasado.
El proyecto actual elimina las cuatro subprocuradurías pensadas inicialmente y el Consejo General asesor a crearse, tiene injerencia limitada. En cambio, queda muy potenciada la Bicameral de Seguimiento, constituida hace poco y cuya presidencia recayó en la diputada massista Graciela Camaño, como parte del acuerdo. La Bicameral, por caso, tendrá entre sus potestades dar el aval a los nuevos fiscales de distrito y a los procuradores especiales.
El proyecto no avanza en “interpretar” la aplicación retroactiva del mandato de 5 años, por lo cual el de Gils Carbó terminaría el 29 de agosto de 2017. Si aún resiste, esta claro que la procuradora no será propuesta por el Ejecutivo para nuevo mandato.
La restitución en tiempo exprés de fiscales tendría fuerte impacto. Los traslados fueron práctica corriente. Un caso fue el desplazamiento del fiscal Guillermo Marijuán de la unidad de la seguridad social, luego de que éste la denunció por supuestamente nombrar fiscales violando el reglamento.
También está el mecanismo de remoción. Será por mayoría simple de Diputados, con voto de dos tercios del Senado. Entre las causales se establecerá la realización de “actividades partidarias”, la acusación pública que pesa sobre la procuradora.
Fuente: Clarín