Comunicaciones telefónicas entrecruzadas entre los principales implicados en la causa de lavado de dinero y personas ubicadas en Tucumán, Córdoba y Santa Fe, es la nueva pista que sigue el juez Sebastián casanello.
Tucumán y otras provincias y ciudades como San Franisco (Còrdoba) y San Lorenzo (Santa fe) figuran en la causa de lavado de dinero en el marco de la cual fue imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Bajo el título “Las pruebas que reunió el juez Sebastián Casanello antes de escuchar a los imputados”. Así lo dio a conocer en su edición de hoy el diario Clarín.
Casanello, señalado durante casi tres años por su lentitud en la gestión del expediente de “la ruta del dinero K” comenzó a moverse rápido. De las listas provistas por las empresas telefonicas aparece una antena de la ciudad de San Francisco, Tucumán, Mendoza y Rosario.
De acuerdo a la información, el lunes 28 de marzo, tras firmar la reserva del expediente bajo secreto de sumario, Casanello disparó la primera ráfaga de órdenes en busca de pruebas. Para empezar, pidió a las empresas telefónicas, Telecom, Movistar y Claro “que informen en el término de 24 horas” la titularidad, domicilio de facturación, “los listados de llamadas, mensajes de texto, radios, entrantes y salientes” de diecisiete líneas de telefonía celular, correspondientes al 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de abril de 2013, “con identificación de celdas, antenas y sectores correspondientes a aquellas comunicaciones, con individualización de su ubicación geográfica y lugares en los que están emplazadas”.
Entre los números que pidió rastrear el juez, hay seis teléfonos con base en Buenos Aires, cinco con base en Tucuman, tres de Mendoza, uno de Rosario, uno de la localidad santafesina de San Lorenzo y otro de San Francisco, Córdoba. Por supuesto, el origen de inscripción de esas líneas puede no tener nada que ver con los sitios en que se usaron esos números, o el origen de sus dueños. Por eso son claves los datos respecto a las antenas y celdas que captaron las comunicaciones de esas líneas, y el cruce de llamadas y mensajes entre todas ellas.
El juez además pidió informes a tres organismos públicos sobre automotores, aviones y barcos registrados a nombre de todas las personas y firmas investigadas y otras cuatro firmas más del grupo Báez. Una vez más, los datos fueron pedidos con una urgencia de 24 horas. En esta prte, se podría involucrar al ex gobernador y actual senador por Tucumán, José Jorge Alperovich ya que fue la empresa familiar León Alperovich la que sumistró flota de camiones a la empesa de Lázaro Báez.