Frente a la escasa normativa contra el maltrato animal, activistas y especialistas en derecho reclaman una nueva ley que contemple a la educación para concientizar a la sociedad, y que proteja los derechos de los animales a nivel nacional.
A casi 70 años de sancionada la ley de Maltrato Animal, organizaciones, activistas y especialistas en derecho reclaman un endurecimiento en las penas para quienes cometan actos de crueldad aunque reconocen la importancia de educar y concientizar a la sociedad en perspectiva animalista, en el marco del Día del Animal, que se celebra cada 29 de abril.
Argentina cuenta con tres leyes penales que protegen los derechos de los animales a nivel nacional.
Una de ellas es la Ley 14.346 “Malos tratos y actos de crueldad hacia los animales” sancionada en 1954, que establece penas de prisión de quince días a un año a quien cometa actos de malos tratos o de crueldad hacia un animal, que se buscó reformar en 2019 en la Cámara de Diputados, pero finalmente perdió estado parlamentario.
“Las penas son bajísimas, es un delito excarcelable y por eso se pedía que se llegue a un mínimo de cuatro años”, explicó a Télam Griselda Engelhard, abogada integrante de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada).
En este sentido, detalló que además del endurecimiento de las penas una nueva ley tiene que contemplar un apartado dedicado a la educación ya que “nada mejor que enseñarle desde el inicio a los niños el respeto por la vida de los demás animales”.
Engelhard considera que el plexo normativo se tiene que complementar con otras leyes o incluir capítulos en los cuales se prohíba todo tipo de espectáculo en el que participen los animales, prohibir la experimentación, impedir la venta para no fomentar los criaderos clandestinos y tipificar los delitos como abandono, tracción a sangre (Tas) y zoofilia.
“Hoy la justicia lleva los casos como acto de maltrato o crueldad y como el tipo penal es amplio va a quedar al criterio del juez mediante prueba de informes del veterinario si es o no delito, ya que no están debidamente tipificados”, remarcó.
Por otra parte, la construcción jurisprudencial de “persona no humana”, que le fue otorgada por primera vez en el país a la orangutana Sandra en 2014, y que luego obtuvieron algunos primates y la elefanta Mara en 2020, no está contemplado en ninguna normativa vigente y se logró a través de fallos singulares.
“En esos casos los animales pasaron de ser una cosa a ser sujeto de derecho, pero la ley actual no lo contempla porque si vas a declarar a todos los animales personas hay actividades que no podrían seguir, y sabemos que hay intereses creados”, detalló Engelhard.
Además, indicó que el artículo 227 del Código Civil y Comercial considera a los animales “cosas”, dejando fuera conceptos tales como “ser sintiente” o “ser sensible”.
La segunda ley de defensa animal, es la 22.421 que se sancionó en 1981 y protege a la fauna silvestre, cuidando las especies en peligro de extinción, regulando la caza y controlando el medio ambiente en el que viven.
A la que se suma la más recientemente sancionada Ley 27.330 de “prohibición de carreras de perros” del 2016, que establece prisión de tres meses a cuatro años y multa de $4.000 a $80.000 para quien realice estas prácticas, y por la cual cientos de perros galgos fueron rescatados y adoptados en los últimos años.
Motivada por esta regulación, la Asociación Civil Lucha por la Integración Social y el Derecho Animal (Aluisa) busca que se sancione una ley de “NoMásTAS”, que termine con la actividad informal de recolección de residuos urbanos en la que interviene un caballo, un burro u otro animal.
La iniciativa se presentó en la Cámara de Diputados pero perdió estado parlamentario en 2019 y nuevamente en 2021.
“La Tas requiere una ley particular porque implica una problemática compleja”, contó a Télam Eliana Couso, presidenta de Aluisa, quien remarcó que la asociación rechaza cualquier tipo de explotación animal.
“Que usemos a los animales para un deporte, para vestirnos, para comerlos o como medio de transporte es algo que el humano se lo adjudicó al animal”, explicó Couso, contra la idea que sostenían los defensores de las carreras cuando decían que “los galgos habían nacido para correr”.
La activista hizo hincapié en que la Tas tiene una problemática relacionada que es la faena equina, ya que en la Argentina no está la cultura de comer carne de caballo, que se exporta. “Pero se encontraron caballos robados, y los animales que tiran carros y consideran que no sirven más van a lo que se llama ‘tacho”; hay un mercado que habría que investigar”, advirtió.
Otros proyectos de ley vigentes en la Cámara de Diputados son el de “Presupuestos Mínimos de protección para la Fauna Urbana” y el de “Mi menú Vegano” para implementar en restaurantes cartas que contengan un plato de ese tipo de alimentos.
Para Clara Rigou, una de las responsables legales de la ONG Pichichos al Rescate, el maltrato animal trasciende el plano de lo físico a lo emocional y psicológico, y criticó que “las penas son bajas y los fallos como el de Chocolate (el perro que murió tras ser brutalmente atacado en Córdoba) son uno en un millón. Los animales quedan en segundo plano”.
Aunque consideró que hay “un cambio enorme a nivel social con respecto a la figura del animal, y en algunos casos los perros y gatos son considerados miembros de la familia”.
Así Rigou remarcó la importancia de “concientizar” y la idea que “todos podemos transitar perros; un lavadero es mejor que la calle”.
“Pueden hacer traslados o donar si no tienen tiempo. Aunque para que sea masivo y se radique el problema de los animales en la calle el Estado tiene que acompañar”, insistió.
En esta misma línea, Couso dijo que “hay un cambio de paradigma que tiene que ver con lo ambiental y animal que por ahí no lo vemos reflejado en la legislación, pero esto va creando las bases”.
“Se puede tener la mejor ley, pero el Poder Judicial tiene que tener perspectiva animalista y estar capacitado”, aseguró y agregó que “penetrar en espacios académicos como charlas, foros, materias y diplomaturas en protección animal forjan las bases para el futuro”.
SANDRA, CHOCOLATE Y COCO, PERSONAS NO HUMANAS
La calificación de “persona no humana” aplicada de manera inédita a la orangutana Sandra en 2014, el juicio al hombre que despellejó vivo al perro Chocolate, que murió días después, y el rescate de Coco, un mono carayá que fue hallado con su cuerpo atrofiado por los malos tratos recibidos en una casona porteña, pusieron luz en los últimos años sobre algunos avances en la justicia frente a la escasa normativa contra el maltrato animal.
Nuevas figuras jurídicas y fallos novedosos surgieron para salvaguardar los derechos de los animales, como ocurrió con Sandra, una orangután nacida en cautiverio en 1986 que se convirtió en la primera “persona no humana” reconocida como sujeto de derechos por la justicia argentina en 2014.
• SANDRA
Sandra pasó 20 años en el exzoológico de Buenos Aires, actualmente Ecoparque, en Palermo, hasta que en un fallo sin precedentes la jueza Elena Liberatori la consideró “un ser sintiente” y ordenó al Gobierno porteño garantizarle “las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”.
En el 2019 Sandra fue trasladada al Centro para Grandes Simios en el estado de Florida, Estados Unidos, donde vive actualmente.
• CECILIA Y MARA
A la historia de la orangutana le siguieron la de la chimpancé Cecilia y la elefanta Mara, también declaradas como sujetos de derecho.
Cecilia, que pasó dos décadas en el zoo de Mendoza, fue trasladada por un fallo judicial en 2017 al Santuario de Sorocaba, en Brasil; y Mara derivada del Ecoparque porteño a un santuario de elefantes ubicado en Mato Grosso en un operativo realizado en mayo de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus.
• COCO
El caso de Coco, un mono carayá rescatado en un allanamiento en diciembre pasado en el barrio de Belgrano, mientras se realizaba una multitudinaria fiesta, se sumó a la larga historia de animales maltratados.
A Coco lo encontraron encerrado en un armario sin luz ni agua ni ventilación y en pésimas condiciones de salud con partes del cuerpo atrofiadas y malformaciones.
Actualmente se encuentra en la Fundación Zorba a la espera de un informe de la Asociación de Primatología Argentina (Aprima) sobre su estado de salud que determinará si es viable su traslado al centro de rescate del “Proyecto Carayá”, en la provincia de Córdoba.
El organizador de la fiesta fue imputado por tenencia ilegítima de especies provenientes del tráfico de fauna silvestre.
• CHOCOLATE
Peor fue el crimen del perro Chocolate el que marcó un punto de inflexión, al llegar su caso por primera vez a un juicio oral y público por maltrato animal.
El cachorro de tres meses fue despellejado vivo y luego de una agonía de ocho días en una veterinaria falleció en la ciudad cordobesa de San Francisco en 2017, un crimen por el que fue acusado el peluquero Germán Gómez que vivía al lado de la casa donde estaba el animal.
Gómez fue condenado en 2018 a un año de prisión condicional, y a realizar tareas comunitarias durante dos años.
• RUBIO
Al igual que Chocolate, el caso de Rubio, un perro callejero que vivía en una estación de servicio en la ciudad bonaerense de Mar del Tuyú y murió en 2019 por las heridas que tuvo tras ser atado por Adrián Guillermo Rodríguez a una camioneta y arrastrado a gran velocidad, irá a juicio entre el 19 y 20 de mayo, y se prevé que se presenten unos 40 testigos.