Se trata personas que fueron detenidas en territorio argentino y enviados a los pocos días al vecino país. Según la denuncia habrían sido indemnizados en las dos orillas del Río de La Plata.
Se presentó una ampliación de denuncia en el juzgado federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo en el que se detallan nuevas irregularidades en las indemnizaciones que reciben familiares y personas que declararon haber sido víctimas de la represión durante la última dictadura militar. Según la presentación -hecha por el investigador José D’Angelo– hay detectados hasta ahora veinte casos de ciudadanos uruguayos que recibieron montos indemnizatorios en simultáneo tanto del Estado argentino como del uruguayo. Lo llamativo es que todos los involucrados fueron detenidos en la Argentina pero permanecieron muy pocos días en nuestro territorio y fueron enviados al vecino país.
La mayoría pertenecían al momento de ser detenidos al Partido de la Victoria del Pueblo, provenientes de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y de la Resistencia Obrera Estudiantil.
“Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes “reparatorias”, como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años”, dice el escrito presentado al juez Lijo.
Juez Federal Ariel Lijo, titular del juzgado donde está radicada la causaEn la ampliación de denuncia, D’Angelo señala que “la República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros.”
La denuncia es por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los integrantes de la administración del gobierno nacional que participaron de esta operatoria autorizando los pagos en el marco de las llamadas leyes reparatorias como así también contra los beneficiados con esta maniobra. En los casos detectados, a cada uno de estos ciudadanos uruguayos, el gobierno argentino pagó multimillonarias indemnizaciones como si todos los días en que estuvieron detenidos hubieran sido en jurisdicción argentina. Todos los pagos fueron hechos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Los casos detectados
A continuación el listado de los casos de miembros de organizaciones guerrilleras uruguayas que recibieron indemnizaciones del Estado argentino pese a haber estado detenidos en nuestro país muy pocos días y en algunos casos horas. Por tratarse de hechos ocurridos hace varios años y a fin de tener una mejor comprensión de la magnitud de la maniobra los montos han sido actualizados al mes de mayo de este año.
GASTÓN ZINA FIGUEREDO: uruguayo. Detenido el 15 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladado el 24 del mismo mes al Uruguay. Cumplió condena en el penal “Libertad” y en 1978 fue liberado. Estuvo 9 días detenido por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.927 del Ministerio de Economía, la suma de $ 25.783.575.-
BEATRIZ VICTORIA BARBOZA SÁNCHEZ: uruguaya. El 30 de septiembre de 1976 fue detenida en Buenos Aires. Ese mismo día fue trasladada a Uruguay y en su país estuvo detenida en el Penal de “Punta de Rieles” hasta el 30 de septiembre de 1980. Estuvo un día detenida por autoridades argentinas y cuatro años en jurisdicción uruguaya. Cobró del Estado argentino, en agosto de 2014, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 15.436, la suma de $ 7.693.537.-
VÍCTOR HUGO LUBIÁN PELÁEZ y MARTA AMALIA PETRIDES: argentino, él, y uruguaya, ella. Casados. El 15 de julio de 1976 fueron detenidos en el Gran Buenos Aires y el 24, trasladados a Uruguay. Al ser liberados se exiliaron en Suecia. Estuvieron 9 días detenidos por autoridades argentinas y se desconoce qué período bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobraron, respectivamente, del Estado argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, Lubián Peláez: $ 16.548.067.-, en liquidación N° 14.139, de junio de 2011, y Petrides, $ 7.006.651.-, en liquidación N° 14.138, de noviembre de 2010. Por los 9 días de detención del matrimonio Lubián – Petrides en nuestro país, el Estado argentino abonó $23.554.719.-
ANA MARÍA SALVO SÁNCHEZ: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 del mismo mes, fue trasladada al Uruguay adonde fue encarcelada un año y medio. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.981, la suma de $ 9.515.130.-
ALICIA RAQUEL CADENAS RAVELA: uruguaya. El 14 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 la repatriaron forzadamente a Uruguay, donde permaneció detenida hasta 1979, en que se exilió a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y tres años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.987, la suma de $ 8.036.876.-
MARÍA ELBA RAMA MOLLA: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24. En Uruguay estuvo cinco años detenida en el establecimiento de reclusión en Punta Rieles. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.449, la suma de $ 17.266.873.-
SARA RITA MÉNDEZ LOMPODIO: uruguaya. El 13 de julio de 1976, en Buenos Aires, fue detenida y el 24 fue trasladada a Montevideo. Estuvo detenida en Uruguay y, años más tarde, liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 13.450, de octubre de 2007, por la suma de $ 16.388.192.- y la segunda, en liquidación N° 16.066, de marzo de 2015, por la suma de $ 5.726.788.-, lo que hace un total de $22.114.980.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.
ASILÚ SONIA MACEIRO PÉREZ: uruguaya. El 13 de julio de 1976 fue detenida en Buenos Aires y el 24 trasladada a Montevideo. Años más tarde, fue liberada. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas y cobró del Estado argentino, en enero de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.232, la suma de $ 5.724.515.-
ANA INÉS QUADROS HERRERA: uruguaya. Detenida en Buenos Aires el 13 de julio de 1976 y el 24 repatriada forzadamente. Permaneció detenida en su país. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y un período no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.626, la suma de $ 16.554.758.-
EDUARDO DEAN BERMÚDEZ: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires, fue repatriado el 24 y permaneció detenido en su país, donde tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en noviembre de 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.028, la suma de $ 7.250.446.-
SERGIO RUBÉN LÓPEZ BURGOS: uruguayo. Detenido el 13 de julio de 1976 en Buenos Aires y llevado a su país el 24. Alojado en un instituto penal uruguayo donde permaneció hasta 1981. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cinco años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en septiembre de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.435, la suma de $ 24.613.413.-
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ: uruguayo. En 1973, una vez instaurada la dictadura en Uruguay, se radica en la Argentina. El 30 de junio de 1976 fue detenido en la vía pública cerca del barrio de Flores, Capital Federal. El 24 de julio de 1976 fue trasladado clandestinamente a Montevideo. Liberado en el año 1982. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 24 días detenido por autoridades argentinas y seis años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.010, de noviembre de 2009, por $ 4.071.275.- y la segunda, en liquidación N° 14.011, también de noviembre de 2009, por $ 67.628.537.-, lo que hace un total de $71.699.812.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.
RAQUEL NOGUEIRA PAULLIER: uruguaya. Detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires. El 24 fue trasladada a Montevideo. Fue derivada a un establecimiento penal y liberada en enero de 1978. Tiempo después emigró a Suecia. Estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y dos años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino dos indemnizaciones, según el siguiente detalle: la primera, en liquidación N° 14.008, de noviembre de 2009, por $ 3.557.131.- y la segunda, en liquidación N° 14.009, también de noviembre de 2009, por $ 22.246.325.-, lo que hace un total de $25.803.456.-; ambos pagos durante el gobierno de Cristina Fernández.
MARGARITA MICHELINI DELLE PIANE: uruguaya. Fue detenida el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladada a Uruguay. Encarcelada en establecimientos penales uruguayos, recuperó su libertad en mayo de 1981. Estuvo 11 días detenida por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en marzo de 2007, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.448, la suma de $ 16.077.258.-
RAÚL ALTUNA FACAL: uruguayo. Fue detenido el 13 de julio de 1976 en el Gran Buenos Aires. Once días después fue trasladado a Uruguay. Luego de 4 años recluido en distintos establecimientos penales uruguayos, en mayo de 1981 recuperó su libertad. Estuvo 11 días detenido por autoridades argentinas y cuatro años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en junio de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.820, la suma de $ 17.119.789.-
CECILIA IRENE GAYOSO JÁUREGUI: uruguaya. Detenida el 8 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24, adonde estuvo en prisión hasta el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 16 días detenida por autoridades argentinas y un año bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en enero de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 14.394, la suma de $ 3.139.271.-
MARÍA MÓNICA SOLIÑO PLATERO: uruguaya. Detenida el día 7 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada al Uruguay el 24. Estuvo presa en el Penal de “Punta Rieles”, de donde fue liberada el 31 de diciembre de 1977. Estuvo 17 días detenida por autoridades argentinas y un año y medio bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en abril de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.764, la suma de $ 5.203.510.-
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ADDIEGO: uruguaya. Detenida el 15 de junio de 1976 en Buenos Aires y liberada, también en Buenos Aires, el día 21 del mismo mes. Se exilió en Suecia, viajando a Estocolmo, un mes después, el 23 de julio de 1976. Estuvo 6 días detenida por autoridades argentinas y cobró del Estado nacional, en julio de 2006, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.260, la suma de $ 17.351.982.-
JORGE GONZÁLEZ CARDOZO: uruguayo. Detenido el 15 de junio de 1976, en el Gran Buenos Aires. El 24 de julio lo trasladaron a Uruguay donde estuvo encarcelado en el centro de detención conocido como “La Mansión”. Tiempo después recuperó la libertad. Estuvo 40 días detenido por autoridades argentinas y un periodo no consignado de tiempo bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, en julio de 2005, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 13.157, la suma de $ 28.660.665.-
MARÍA DEL PILAR NORES MONTEDÓNICO: uruguaya. Detenida el 9 de junio de 1976, en Buenos Aires. El 20 de julio de ese año fue trasladada a Montevideo en un vuelo de “Pluna”. Encarcelada en su país, recuperó su libertad, el 22 de diciembre de 1976. Estuvo 49 días detenida por autoridades argentinas y cinco meses bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Cobró del Estado argentino, de febrero de 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández, en liquidación N° 16.017, la suma de $ 10.102.002.-
ORLINDA BRENDA FALERO FERRARI y JOSE LUIS MUÑOZ BARBACHAN: uruguayos. El 9 de junio de 1976 fueron detenidos en Buenos Aires y “cuatro o seis días después”, liberados en el barrio de Floresta en la capital argentina. El 30 de septiembre de 1976, con el patrocinio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), viajaron exiliados a Francia. Estuvieron “4 o 6″ días detenidos por autoridades argentinas y cobraron, respectivamente, del Estado argentino, Falero Ferrari: $ 15.284.427.-, en liquidación N° 15.771, de septiembre de 2014 y Muñoz Barbachan, $ 16.066.448.-, en liquidación N° 15.666, de agosto de 2014. Por los “4 o 6″ días de detención del matrimonio Muñoz Barbachan – Falero Ferrari, el Estado argentino, durante el gobierno de Cristina Fernández, abonó $31.350.875.-
La causa penal comenzó a instruirse con una denuncia del mismo investigador D’Angelo en noviembre de 2019, en la que se detallaron una decena de casos fraudulentos de cobro de indemnizaciones de supuestas víctimas de la represión a organizaciones armadas en los años 1970. Tras una serie de dilaciones, la Justicia ordenó medidas de prueba y comenzó a dar los primeros pasos para investigar los hechos denunciados.