Un hombre que circulaba en automóvil fue detenido en Buenos Aires por la policía en el marco de un operativo debido a que llevaba 450.000 pesos en efectivo en su campera, acusado por el delito de “lavado de activos”.
El juez finalmente dispuso el sobreseimiento total de esta persona, que había manifestado que se dirigía a una casa de cambio “de un amigo” para comprar dólares.
El hecho se conoció luego de que el juez Roberto Hornos de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmara el sobreseimiento tras el recurso de apelación presentado por la fiscal a cargo del caso.
Policía desconfiada
Los efectivos habían aprehendido al conductor durante un control de tránsito realizado en la vía pública al detectar que llevaba dinero en efectivo en una campera sobre el asiento del acompañante de su coche, un Volskwagen Vento.
“Tengo casi medio millón de pesos. Estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares”, manifestó el hombre, identificado como K.A.H., ante los agentes.
Sin embargo, los funcionarios policiales consideraron que existían elementos suficientes para detenerlo, según figura en el expediente.
Sin actividad ilícita
En los elementos probatorios, la representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que el individuo no tendría una actividad lícita registrada y anteriormente había sido condenado como partícipe secundario del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
También sostuvo que tenía en su poder un teléfono que estaba denunciado como robado.
Sin embargo, el magistrado cuestionó la legalidad del procedimiento policial por haber advertido “a simple vista” que la plata estaba en los bolsillos de la campera.
Abuso policial
También indicó que los efectivos procedieron a inspeccionar el vehículo sin orden judicial “bajo la justificación de la mera tenencia de dinero en efectivo”.
En ese sentido, consideró que esto no evidencia que hubiera cometido un delito o que estuviera destinado a cometerlo.
El juez Hornos sentenció que los requisitos para el cumplimiento del tipo penal no estaban alcanzados, ya que no se pudo acreditar la procedencia ilícita de los 450 mil pesos secuestrados ni se demostró que ese dinero estuviera destinado a ingresar al mercado a través de alguna operación “que le diera apariencia de lícito”.
De esta manera, al no advertir medidas de prueba pendientes de producción, se resolvió confirmar la resolución apelada.
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