El gobernador Gutiérrez les ofreció intervenir sobre el proyecto energético más importante del país. Podrán exigir dinero o beneficios si creen que sus derechos ancestrales son afectados, aunque no sean dueños legales de la tierra. Qué dice el “protocolo de consulta previa” y quiénes son los beneficiados. Duro rechazo desde el peronismo y el radicalismo.
Mientras avanza a paso redoblado el inicio de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, el gobierno de Neuquén, a cargo de Omar Gutiérrez, les propuso a caciques y líderes de grupos autoproclamados mapuches un polémico acuerdo que podría amenazar el desarrollo y las inversiones en el gigantesco yacimiento de Vaca Muerta. Es que el “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) que presentó el mandatario patagónico en la capital de esa provincia le da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en ese proyecto, el más importante y estratégico tanto para el sector petrolero como para la estabilidad macroeconómica de la Argentina.
En concreto, el protocolo presentado en la capital neuquina les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral. Es que, los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.
El acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. El titular de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, aseguró en diálogo con Infobae que Gutiérrez “puso al Estado Argentino de rodillas ante estos grupos extorsivos”, mientras que el diputado nacional por el radicalismo neuquino, Pablo Cervi, advirtió sobre el riesgo de que el protocolo comprometa no sólo la construcción del gasoducto sino el desarrollo mismo de Vaca Muerta.
El protocolo tiene varios actores involucrados. Además del gobernador Gutiérrez, está el secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, que diseñó la polémica propuesta, los líderes mapuches Gabriel Cherqui y Jorge Nahuel, que enfrentaron causas por violentas tomas de tierras y que fueron, alternativamente, la voz y el cerebro de los que lograron arrancarle a la provincia ese acuerdo. Pero también cumplen un rol el jefe del sindicato de petroleros privados, Marcelo Rucci, y el ex funcionario Guillermo Coco.
Cherqui, vocero de la zonal Xawvnko, reconoció que “no se está discutiendo si somos o no somos mapuches”. Aunque ninguna oficina o instancia estatal los reconoce como dueños de esas tierras, afirmó en declaraciones a un medio local: “No estamos en contra de que las empresas trabajen dentro de nuestro territorio”, sino que reclaman que “todos podamos disfrutar de los beneficios de Vaca Muerta”.
Este referente es el mismo que en abril pasado le planteó al propio presidente Alberto Fernández -que había viajado a Vaca Muerta- un mensaje amenazante: “Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración”. Se lo transmitió en el aeropuerto neuquino junto a otras dos activistas mapuches, ante la mirada Omar Gutiérrez.
Más allá de esos antecedentes, el protocolo que presentó el mandatario establece una serie de pasos administrativos que Neuquén estará en el futuro obligado a cumplir. Le permite a las comunidades o los referentes de los mapuches plantear reclamos que podrían complicar la marcha de las obras, al generar procesos que demandarán al menos 60 días.
Esos trámites -que se presentaron durante el acto que encabezó el gobernador, sus principales funcionarios, líderes locales y representantes del Ministerio Público Fiscal- incluyen convocatorias, reuniones, informes, audiencias y actuaciones. El gobierno de Gutiérrez justificó la medida con “el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén, normativas que establecen la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En un comunicado oficial se aclaró que “deberá instarse a este procedimiento antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas”.
“Siempre que se considere que su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad; en programas y servicios de educación destinados a las comunidades indígenas; sobre la organización y el funcionamiento de los programas especiales de formación profesional de aplicación general y para la adopción de medidas que permitan alcanzar el objetivo de enseñar a los niños de las comunidades indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan”, agregó el comunicado.
fuente: infobae