Más allá del sectarismo del “lawfare” y de quienes comparan el caso con el Juicio a las Juntas, ¿qué dicen los números de la corrupción que presentaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola? El caso que estremece a la política por los millones de pesos en la corrupción con la obra pública.
Empezó el alegato de la fiscalía en el juicio contra Cristina Fernández y otros 12 acusados por asociación ilícita y administración fraudulenta en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Unos creen que no hay ninguna prueba y que es todo sarasa y lawfare. Otros dicen que estamos ante un juicio histórico al nivel del Juicio a las Juntas de 1985. Un poquito extremistas todos, ¿no?
Deberían preocuparnos (mucho) las dos lecturas. La del lawfare porque es un intento vano de encubrir el verdadero problema del Poder Judicial: la falta de independencia, más vieja que la escarapela y que los poderosos usufructúan cuando gobiernan y padecen cuando quedan con la ñata contra el vidrio. ¿Hubo arbitrariedades y violaciones de derechos en algunos procesos? Sí, lo señalé en su momento. ¿Eso quiere decir que todas las causas de corrupción son un invento? No, para nada.
En cuanto al Juicio a las Juntas, la comparación es realmente insoportable. Quienes desde hace mucho tiempo sostenemos la gravedad de la corrupción para la democracia y los derechos humanos deberíamos repudiarla. No hay nada que se le parezca a aquel juicio histórico. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le parezca a un régimen estatal de terror que durante siete años instaura centros clandestinos de detención y comete en forma sistemática actos de persecución política, censura, secuestro, tortura, violación, homicidio, desaparición forzada y apropiación de niños y niñas.
Así que no, ni lawfare ni Juicio a las Juntas.
¿Entonces? Bueno, entonces podemos probar con corrernos de las posiciones sesgadas y escuchar. ¿Qué cosa? ¡Pues el juicio, que para eso Dios lo hizo oral y público! No hay mucho más que hacer que eso: escuchar los alegatos de todas las partes y hacernos una idea de las pruebas y los argumentos de cada una.
El fiscal Diego LucianiAsí que vamos con la posición de los acusadores, simplificada en números. Según los fiscales Luciani y Mola:
Concentración de obra vial en Santa Cruz
– Entre 2003 y 2015 se adjudicaron 51 obras públicas viales en Santa Cruz a empresas controladas por Lázaro Báez.
– Esto representa el 78,4% de las contrataciones de obra pública vial en la jurisdicción (51 de 83).
– Santa Cruz fue la segunda provincia que mayores fondos recibió para obras públicas viales.
– La tasa de accidentes de la provincia era ínfima. El mayor número de muertes se producía en las rutas de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
– Santa Cruz tenía la densidad poblacional más baja del país: 1,1 por km² contra, por ejemplo, 20 por km² en Córdoba y 50,8 por km² en Buenos Aires.
Creación del oferente (Báez) y simulación de competencia
– Con apenas $3000 pesos (el 25% de Austral Construcciones, constituida días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia), Báez, un monotributista y empleado de banco, se convirtió en el contratista de obra pública vial más importante del país.
– Con un capital social total de $12.000 pesos y cuando recién se iniciaba, en abril de 2004 Austral le prestó $400 mil dólares a la empresa Gotti, que justo ganó una licitación que le cedió ilegalmente a la primera.
– Gotti se usó como pantalla para presentar ofertas en 19 de las 51 licitaciones. Las que ganaba se las cedía a Austral.
– A mediados de 2006, Báez se quedó con el 55% de la empresa de Adelmo Biancalani por migajas. Pagó $18.000 pesos por mes para gestionar el concurso.
– En 2006 (a dos años de formar Austral con $3000 pesos) se quedó con Kank y Costilla por $6 millones de dólares que pagó con obras que se le dieron a esa misma empresa a partir de que él se la quedó (hasta entonces Kank solo tenía 1 licitación).
Lázaro Báez durante un juicio en su contraDireccionamiento
– Para 2008, las empresas de Báez ya habían recibido más de 35 obras públicas viales en Santa Cruz y solo habían terminado 2 (1 de remediación de canteras).
– En el período 2003-2015, Austral cobró casi $2200 millones de dólares (sí, dólares), lo que representó el 11,4% del total de pagos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
– 17 licitaciones nunca fueron autorizadas por el Congreso en las leyes de presupuesto.
– En 47 casos, Austral no tenía capacidad para la adjudicación por falta del certificado correspondiente.
– Más de 20 obras tenían el mismo representante técnico a la vez.
Demoras y abandono de obras
– Solo se terminaron 27 de los 51 proyectos. Los otros 24 fueron abandonados a pesar de que recibieron ampliaciones presupuestarias.
– De las 27 obras culminadas, 24 tuvieron demoras severas.
– Es decir que, de las 51 obras, 48 tuvieron retrasos y solo 3 (eran trabajos simples como la remediación de canteras) finalizaron en tiempo y forma.
– Los plazos se duplicaron, triplicaron y hasta quintuplicaron. Hubo obras que debían finalizar en 2 años y tardaron 10.
Anticipos, aumentos y prórrogas
– El direccionamiento y la cartelización permitieron elevar hasta un 20% el gasto autorizado para las licitaciones.
– A las empresas del grupo se les otorgaron anticipos financieros de entre el 20 y el 30%.
– Solo 1 de los 51 proyectos mantuvo el presupuesto original (remediación de canteras). Los 50 restantes tuvieron amplios incrementos por redeterminaciones de precio o modificaciones de obra.
– El patrimonio de las empresas de Báez se incrementó al menos un 45.313%.
– Las modificaciones de obra, que deben ser excepcionales, se usaron en forma abusiva e ilegal en 39 de las 51 licitaciones.
– Esto implicó una prórroga total de 700 meses (63 años) y un aumento de más de $1500 millones de pesos.
Pagos express
– En las obras adjudicadas al grupo Báez pasaban apenas 29 días entre la fecha de apertura de ofertas y la firma del contrato; para las demás empresas el promedio era de 210 días.
– Desde el último día del mes de certificación de la obra, la DNV tardaba en promedio 60 días en pagarles a las empresas de Báez; a los demás les pagaban a los 207 días promedio.
– Por ejemplo, en 2012, a Báez le pagaron más de $800 millones de pesos con un promedio de demora de 69 días y al resto de las empresas les pagaron la mitad ($470 millones) en 210 días promedio (el triple de demora).
– Para los primeros 30 contratistas de obras viales del país, las demoras en cobrar en algunos casos llegaron a los 500 días.
Descontrol
– El mismo día que Néstor Kirchner delegó la obra pública en el Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido (19/06/03) se designó Síndica General Adjunta de la SIGEN (el organismo a cargo del control interno del Poder Ejecutivo) a su pareja, Alessandra Minnicelli.
– 47 de las 51 licitaciones se hicieron por convenios de delegación de la DNV con su par local en Santa Cruz (la AGVP). Esto casi nunca se hacía en licitaciones que no se terminaran adjudicando a empresas de Báez.
– De 2006 a 2007, el Presidente de la AGVP (que también fue Director Suplente de Hotesur, la empresa de los Kirchner) adjudicó sin autorización del Directorio de la agencia 26 licitaciones a Austral por más de $3000 millones de pesos.
– En 47 de las 51 licitaciones, el estudio de los oferentes lo hizo la Comisión de Preadjudicación de la AGVP.
– En 11 casos, esa Comisión se conformó luego de la apertura de sobres. En otros se conformó antes, pero cambió su integración luego de la apertura.
– Hubo casos en los que el complejo estudio de los oferentes (guiño-guiño) se hizo en apenas 24 horas.
– En una licitación, la preadjudicación se firmó ANTES de que la Comisión presentara el estudio sobre la base del cual se toma esa decisión.
– Solo 5 o 6 personas controlaban y certificaban las obras.
El fin
– Al otro día del ballotage en el que ganó Mauricio Macri (23/11/15) De Vido incrementó el presupuesto de la DNV en $102 millones de pesos.
– Dos días después (25/11/15) la AGVP aprobó pagos por $537 millones de pesos a Austral y Kank y Costilla.
– A diciembre de 2015, al grupo de empresas de Báez se le debían cero pesos. Fue el único en esa situación.
– Ese mismo mes, Austral y Kank y Costilla despidieron a 1500 trabajadores y trabajadoras.
En el marco de estos datos generales, los fiscales ya están analizando licitación por licitación. Esto será interesante porque uno de los principales argumentos de la defensa de Cristina Fernández (que todavía no alegó) es que solo se peritaron 5 de las 51 obras impugnadas.
Hay una licitación que habla por sí sola. Según el fiscal Luciani, 4 o 5 días antes de la apertura de sobres, la DNV firmó un convenio con la AGVP para financiar la obra por $238.248.064,42. ¿Qué decía el sobre con la oferta de Austral? ¡Sí, adivinaste: $238.248.064,42!
fuente: infobae