El Gobierno quiere un diciembre sin sobresaltos. Y está poniendo toda la carne en el asador para su plan “Fiestas en Paz”: suba de planes, bonos de fin de año, alimentos, bolsones navideños. Pero los movimientos sociales se resisten y piden más que lo que les están ofreciendo. “Están sobreestimando su capacidad negociadora”, es la respuesta enojada desde la Casa Rosada.
La ministra Carolina Stanley citó para el lunes 21 por la tarde a los movimientos sociales a su despacho. Por la mañana será la reunión de la CGT y los empresarios en Casa Rosada. Ella apunta a los sectores piqueteros: Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP, el Movimiento Evita y Trabajadores Excluidos. En su entorno aseguran que no hubo una “postergación”, como dicen los movimientos sociales. Pero ambos coinciden en que la reunión quedó para después de la marcha del viernes 18, donde ese sector, junto a la CGT y otras organizaciones, reclamarán por la sanción de la Ley de Emergencia social, que impulsa la oposición y que obligaría al Estado a crear un millón de puestos de trabajo, además de ajustes en los planes.
“Ya ha trascendido todo lo que nos van a ofrecer en esa reunión”, dicen desde los movimientos piqueteros. Y aunque la ministra Stanley se niega a dar precisiones sobre el tema, los números ya están corriendo por la calle. Para las 2.202.786 familias que cobran el subsidio por hijo (AUH), habría un bono de fin de año de $ 1.000 más un adicional de $ 200 por hijo. Para las 192.428 personas que cobran un plan trabajar (Argentina Trabaja o Ellas hacen), que hoy reciben $ 3.430 mensuales, habría tres cosas, según trascendió: el 5 de diciembre cobrarían el plan, a mediados de mes les darían un “aguinaldo social” equivalente al 50% del haber, y alrededor de las fiestas llegaría un aumento de alrededor del 10%, para llevar el monto pagado a alrededor de la mitad del salario mínimo.
Los movimientos piqueteros ya acordaron hacer, luego del encuentro con la ministra, una Asamblea para discutir esa propuesta. “Tendremos que analizarla y ver si se aprueba o no”, explicó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. “Pero si es eso que ya trascendió, podemos decir que va a ser rechazado, porque los $ 1.000 para cada familia que cobra AUH, con sólo el plus de $ 200 por hijo, es poco”, explicó el dirigente.
“No queremos hacer futurismo, no vamos a hablar antes de la reunión”, aseguran en tanto en el ministerio de Desarrollo Social.
Pero el equipo de Stanley está trabajando en otras vías de solución, siempre mirando hacia diciembre. “Carolina ha estoqueado muchísima mercadería en los depósitos del ministerio para distribuir a fin de año”, dice una fuente muy cercana a la ministra.
Otras fuentes agregan un dato casi de color: en Desarrollo Social además están armando un “kit navideño”, una bolsa con cinco alimentos típicos de las fiestas. “El pan dulce de fin de año no va a faltar”, aseguran.
“Será toda la mercadería que no repartieron en tiempo y forma durante el año”, retrucan desde las asociaciones piqueteras, que se quejan que “el Gobierno nunca respondió al incremento de demanda de comida que hubo este año en los comedores comunitarios”. Sobre el tema saqueos a fin de año, son duros: “No somos nosotros los que los impulsamos, sino la asociación de policías y narcos, que aprovechan bolsones de pobreza”, dicen.
En medio de este ida y vuelta, en la Casa Rosada miran el tema con cierto enojo. “Los piqueteros están sobreestimando su capacidad de negociación”, dijo un funcionario de altísimo rango a Clarín. “Estamos abiertos al diálogo, a conversar, pero no vamos a llevar este tema con preocupación”, agregó. Es en la misma línea de lo que dijo ayer el Presidente, quien negó la posibilidad de que haya saqueos en diciembre.
Pero en la agenda política la ley de Emergencia Social complejiza este debate. “La tiró el kirchnerismo para tratar de generar un tema que unifique a toda la oposición y marcarnos la cancha -dicen en la Casa Rosada-. Pero no están tan unidos, no la van a sacar tan fácil. ¿Si la vamos a vetar? No nos adelantemos, esperemos a ver qué pasa”.
Para el Gobierno la ley es de imposible cumplimiento, dicen. Por un lado fija un aumento del 15% para las asignaciones sociales por el término de un año. Y obliga a crear un millón de nuevos puestos de trabajo por la vía de planes sociales para cooperativas y mutuales (como el Plan Trabajar). “¿Por qué no sacamos una ley para prohibir la pobreza?”, ironizan en la Casa Rosada. Sin embargo, la ley ya tiene dictamen de comisión en el Senado y podría ser votada el miércoles. Justo dos días antes de la marcha que impulsará su sanción. Stanley sólo pide que si Macri la veta, que no sea en diciembre. No quiere tensar más la situación.
Fuente: Clarín