Los sueldos registrados perdieron 4,6% en agosto según el índice RIPTE que compone la fórmula de movilidad por la que se actualizan haberes y planes sociales. La inflación fue de 7% en el mismo mes, con lo cual crecerá el atraso en los ingresos de la clase pasiva.
Las declaraciones a última hora de ayer del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, respecto de la evolución de los salarios en la Argentina respecto de lo que ocurrió en la región y el resto del mundo en la pandemia -“Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y en el mundo”- entraron en contradicción con los datos oficiales que su propia cartera difundió horas antes. Según el informe mensual publicado ayer de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, más conocido como el índice RIPTE, que elabora la Secretaría de Seguridad Social y que sigue la evolución de los salarios del sector formal, los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a perder la carrera contra la inflación en agosto. Y por más puntos que en julio.
El índice RIPTE, un adelanto parcial del índice de salarios que difundirá el INDEC a fin de mes, arrojó un avance de los salarios del sector público y privado de apenas 4,6%, es decir 2,4 puntos menos en comparación al 7% de la inflación del mes. Esta evolución implicó un empeoramiento respecto de julio, cuando los salarios perdieron 2,1 puntos en la misma comparación (5,3% vs. 7,4%). Difícilmente en septiembre los índices salariales logren recuperarse, a pesar de la ola de reapertura de las paritarias que se verificó en los últimos días. Por ello, el trimestre cerrará con una fuerte pérdida de poder adquisitivo de los asalariados formales que, a la vez, impactará en el ajuste de las jubilaciones.
Esto porque la evolución del índice RIPTE es uno de los dos componentes de la fórmula de movilidad jubilatoria que, desde la reforma impulsada por la gestión de Alberto Fernández, ya no incorpora el avance de la inflación de modo directo sino que lo hace a través de la performance de los salarios y también de la recaudación de la Anses, el segundo componente de la fórmula. Ambas variables inciden en igual proporción en la fórmula (50% cada una), que se aplica de manera trimestral, con un período de retraso. Es decir, el próximo aumento de los haberes jubilatorios y también de la Asignación Universal por Hijo (AUH) previsto para diciembre incorporará los indicadores del trimestre anterior, de julio a septiembre. Es de esperar, entonces, que el porcentaje de aumento de las jubilaciones esté por debajo de la inflación, lo cual agravará el rezago que ya registran los haberes.
Para compensar este atraso, el Gobierno apostó desde que asumió a la política de bonos adicionales para reforzar las jubilaciones mínimas. El último de estos refuerzos fue anunciado a mediados de agosto por el entonces flamante ministro de Economía, Sergio Massa, quien dispuso el pago en 3 meses hasta noviembre de hasta $7.000 para las jubilaciones equivalentes a dos haberes mínimos. Ya en abril se dispuso el pago de $6.000 para aquellos jubilados que no superaran el haber mínimo, mientras que en mayo se entregó un segundo beneficio de $12.000 para todos los pasivos con percepciones por debajo de 2 jubilaciones mínimas.
Sin embargo, sin computar los bonos que no son remunerativos por lo que no se incorporan al haber sobre el que se aplica el ajuste al trimestre siguiente, las jubilaciones mínimas acumularon hasta el primer semestre de este año con la nueva fórmula una pérdida en términos reales de 4,6% mientras que los haberes medios prácticamente duplicaron ese retroceso con una caída real de 8,8% en los últimos dos años y medio. Hacia el segundo semestre, el panorama luce mucho peor ante el recalentamiento del índice de precios.
“Hasta ahora, el rezago de las jubilaciones de quienes cobran la mínima no se nota tanto por el impacto de los bonos, pero por definición van a perder contra la inflación ya que ajustan por salarios que a su vez ajustan por debajo de la inflación o, mejor dicho, por inflación pasada, que era menor a la actual”, explicó el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA, quien consideró “previsible el porrazo” de los salarios ante un índice tan elevado de inflación en agosto. Destacó que en términos interanuales los ingresos de los empleados del sector formal de la economía cayeron 3,5% mientras que lo hicieron en 2,4%, siempre en términos reales, en comparación con diciembre de 2019.
fuente: infobae