La aceleración de la inflación forzó ajustes de salarios en la Administración Pública en una proporción mayor al incremento de los recursos tributarios, y refuerzos en otras partidas.
Conforme estaba previsto en las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023, y el punto de partida estimado de cierre de 2022, la Jefatura de Gabinete de Ministros por pedido del Ministerio de Economía, dispuso la undécima modificación presupuestaria del año, a través de la Decisión Administrativa 1.074 del 27 de octubre que se publica en el Boletín Oficial de este viernes, con 4 anexos, que incluye uno de ellos 759 folios con el detalle de las sumas y restas de gastos y recursos, como de las aplicaciones y fuentes financieras.
Se trata de un incremento neto de gastos de la Administración Central de $250.000 millones, como resultado de incrementos de partidas entre las principales jurisdicciones por $441.300 millones y recorte de las Obligaciones a cargo del Tesoro por $291.273 millones que posibilitó con la decisión de aumentar las tarifas de los servicios públicos en el último tramo de 2022 obtener “ahorros” por la baja de los subsidios a las empresas proveedoras, denominado en la jerga de las finanzas públicas como “Asistencia en Servicios Económicos”.
Modificaciones en gastos
El resultado neto sobre la ejecución presupuestaria de esas modificaciones en las autorizaciones de gastos, principalmente vinculadas con partidas para el pago de salarios y cargas patronales sobre la Seguridad Social, es deficitario en $145.072 millones, habida cuenta de que por efecto de la inflación se elevó la previsión de recursos en sólo $105.200 millones, principalmente en cabeza de la Anses y Vialidad Nacional.
Según se destaca en los considerandos de la DA 1.074, los mayores refuerzos se vinculan con el “objeto de afrontar gastos que hacen al normal funcionamiento y adquisición de equipamiento, como de asegurar la atención de las remuneraciones, atento al impacto de las mejoras dispuestas por diversas normas durante el presente año”, así como también para “atender deudas exigibles por diferencias de cambio generadas por órdenes de pago con beneficiarios y beneficiarias del exterior”.
El anexo I
En la clasificación de las ampliaciones presupuestarias que se detallan en el Anexo I en sus 759 folios, sobresalen:
Ministerio de Desarrollo Social (Integración Socio Urbana): $140.729 millones -se vincularía con el bono de $45.000 a abonar en dos cuotas a los sectores de la sociedad en estado de indigencia que no registran fuentes de ingreso;
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Asignaciones Familiares Activos): $110.934 millones;
Presidencia de la Nación (Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas): $28.646 millones;
Ministerio de Seguridad (Gendarmería Nacional): $26.402 millones;
Ministerio de Seguridad (Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal): $19.910 millones;
Para la Policía Federal
Ministerio de Seguridad (Policía Federal Argentina): $18.419 millones;
Ministerio de Seguridad (Prefectura Naval Argentina): $18.133 millones;
Ministerio de Educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente): $17.309 millones;
Ministerio Público (Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental): $12.990 millones;
Y el único recorte en $291.273 de la partida que tenía asignada las “Obligaciones a Cargo del Tesoro (Asistencia en Servicios Económicos)”.
La norma también incorpora en la medida un anexo con el detalle de la “contratación de obras con incidencia en ejercicios futuros”, por un total de $56.411 millones, de los cuales $9.092 millones corresponden al corriente año; sube a $45.915 millones en el siguiente, y queda un remanente de $1.404 millones para el primer año del próximo gobierno.
fuente: infobae