Juan Ramón Medina, Oscar Antonio Trujillo y Juan Ramiro Rojas quedaron detenidos con prisión preventiva (por cuatro meses) por presunto chantaje a un sacerdote. La Justicia busca a un cuarto individuo que ya estaría identificado y profundiza la investigación para determinar si hubo otros implicados.
De acuerdo a los primeros datos aportados por la Justicia, los sospechosos le habrían pedido al eclesiástico la suma de $ 50.000, ya que, de no hacerlo, planeaban difundir supuestos videos y fotos de él en fiestas íntimas donde se consumía drogas.
Si bien el nombre de la víctima ya había circulado públicamente -entre otras razones- luego de que el Arzobispado comunicara que el párroco quedaba “privado del ejercicio público del ministerio y de cualquier oficio eclesiástico”, desde este momento se preserva su identidad porque, por pedido de la fiscal Mariana Rivadeneira de la Unidad de Delitos Complejos (según se informó), la jueza María Soledad Hernández instó a que no se difunda ciertos detalles del caso. La representante del Ministerio Público Fiscal habría pedido esta condición al considerar que dar a conocer públicamente los detalles sobre los presuntos chantajes que sufría el sacerdote podían dañarlo en su honor. La víctima y su representante legal, José María Molina, se adhirieron a este planteo.
Las fuentes judiciales consultadas explicaron que la Fiscalía solicitó que la causa sea determinada como compleja, es decir, que se contemple extender los plazos para terminar la investigación porque se sospecha que podría haber más personas involucradas en el caso. Para ello, se analizaría los elementos de prueba conseguidos hasta el momento (no se informó cuáles).
Según los primeros datos de la investigación, uno de los sujetos habría contactado al sacerdote pidiéndole una suma de dinero a cambio de no publicar fotos que podrían comprometerlo. El párroco denunció el hecho, pactó un encuentro con los presuntos chantajistas y allí la Policía detuvo a los tres imputados.
En la audiencia, el sacerdote habría planteado que temía sufrir alguna represalia por parte de los acusados. Eso habría fortalecido el argumento fiscal para pedir las cautelares, que fueron otorgadas por cuatro meses. Los defensores Atilio Juárez y Jorge Muñoz impugnaron el fallo.
fuente: contexto