El anuncio de Cristina Kirchner de no presentarse como candidata a un tercer mandato presidencial en 2023, abrió un fuerte debate en el Frente de Todos y en los movimientos sociales oficialistas, en particular. “Somos un factor de poder”, sostienen, y están dispuestos a demostrarlo. Lo han hecho los últimos diez días cuando —después de tres años cortaron el Puente Pueyrredón— realizaron una asamblea abierta en el Obelisco porteño y anunciaron un “plan de lucha”, además de amenazan con realizar la “Navidad de los pobres” en la Plaza de Mayo. Lo harían, aclararon, si el ministerio de Desarrollo Social da de baja a los más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, con irregularidades detectadas por la AFIP, entre otros reclamos, como el no “desenganchar” ese programa del Salario Mínimo Vital y Móvil.
El enunciado de la Vicepresidenta que no va a ser candidata a nada, dicha sobre el final de su diatriba contra los jueces y el sistema judicial que la condenó a 6 años de prisión en la causa vialidad, llegó en el único momento de tensión entre estas organizaciones y el jefe de Estado por el ajuste sobre los programas sociales.
La mayor parte de los movimientos populares que integran el Frente de Todos están agrupadas en lo que ellos llaman su sindicato: la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Hasta ahora, el ministerio de Trabajo le otorgó la Personería Social, no la Gremial y no han ingresado a la CGT, tal era su cometido para este año.
Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, junto a Alberto Fernández. El Presidente lo designó en la Secretaría de Economía, Maneja el Potenciar Trabajo y un presupuesto multimillonario.Aseguraron que aspiran a influenciar en la designación del candidato del Frente de Todos en el candidato a presidente para 2023.
La síntesis es la siguiente: no se sienten cómodos con Alberto Fernández. Dudan del ministro de Economía, Sergio Massa y creen que el ministro del Interior, Wado de Pedro, no tiene suficiente peso y no descartan que un gobernador pueda ser candidato.
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“Todavía no es un tema de nombres. La cuestión es política” reflexiona uno de los máximos referentes sociales y analiza: “Todo indica que el Cristinismo duro se va a radicalizar. Ojalá que no, porque necesitamos estar todos juntos. Por ahora no tenemos un candidato; tenemos conceptos e ideas respecto de cómo salir de este quilombo que tiene Argentina de pobres y alta inflación”.
Todos los dirigentes sociales que tiene representación en el Poder Ejecutivo Nacional, no descartan la figura de un gobernador para “federalizar” al frente gobernante.
El último miércoles, el diario económico estadounidense Financial Times publicó el reportaje que le concedió al jefe de Estado Alberto Fernández. En un pasaje del diálogo aseguró que no piensa en presentarse a un segundo mandato: “Con todos los problemas que tiene la Argentina, no estoy pensando en la reelección”.
Para comprender la fuerza y el peso territorial que tienen los movimientos sociales que abrevan en el Frente de Todos, y las posiciones políticas de cada sector hay que orientar la lupa sobre el sector de la economía popular.
Las organizaciones sociales oficialistas tienen un poder de movilización mayor al de algunos intendentes y sindicatos.Entre otras organizaciones, está integrada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Liberación Popular, La Dignidad y el Movimiento Misioneros de Francisco, tienen al menos una treintena de representantes que ocupan cargos en varios ministerios del gabinete de Fernández, entre ellos el de Desarrollo Social, Agricultura Ganadería y Pesca y Obras Públicas.
El de mayor peso es el de la Secretaría de Economía Popular a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. Desde esa área, que forma parte de la cartera al mando de Victoria Tolosa Paz, Pérsico administra un presupuesto aprobado para 2023 de $594.285.915.597. Casi la mitad del presupuesto anual de Desarrollo Social que es de $1.169.156.152.175.
El segundo programa en importancia en la cartera de Tolosa Paz es el alimentar, allí la encargada de administrar los $442.755.687.402 desde la Secretaría de Inclusión Social es Laura Valeria Alonso, la representante de La Cámpora, la organización liderada por el diputado Máximo Kirchner, en esa cartera.
Ese es el fino equilibrio que consiguió Alberto Fernández entre los movimientos sociales que le han respondido en los momentos más calientes de su administración y el Cristinismo.
Después de ser condenada a seis años de presión, Cristina Fernández de Kirchner anunció que no se presentará a ningún cargo público en 2023 REUTERS/Agustin Marcarian.Fernanda Miño, la secretaria de Integración Socio Urbana, y dirigente del MTE liderado por Juan Grabois, el más kirchneristas de los referentes populares tiene autorizado un presupuesto de $11.213.769.266. También está a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares. Las cooperativas de trabajo que dependen de estas organizaciones tiene asegurado el 25% de las obras de urbanización previstas en los 5.687 barrio populares.
El decreto presidencial 728/2022 que impide el aumento de beneficiarios en el Programa Potenciar Trabajo, obliga a que el 30% de la obra pública nacional de hasta $300.000.000 queden en manos de las cooperativas de la economía popular.
Conocer estos números, y los beneficios y privilegios que le otorgó la administración Fernández es imprescindible para entender por qué le sería muy difícil, por ejemplo al Movimiento Evita, encabezado por Pérsico y Fernando “Chino” Navarro —funcionario en Jefatura de Gabinete—, no apoyar al Primer Mandatario si decide presentarse en una eventual elección PASO dentro del Frente de Todos, en busca de su segundo mandato.
Los movimientos sociales alineados con Fernández tienen un inmenso poder de movilización. Lo demostraron cada vez que salieron a la calle para apoyarlo u organizaron actos en estadios de fútbol para relanzar su segunda parte de gobierno después de la derrota en los últimos comicios legislativos ante la oposición. Lo demuestran también cada 7 de agosto, día de San Cayetano cuando marchan del santuario del patrono del trabajo en el barrio porteño de Liniers a Plaza de Mayo.
La movilización nació como una muestra de repudio al gobierno de Mauricio Macri a quien le reclamaban una consigna que aún sigue presente y que es impulsada desde el Vaticano por el Papa Francisco, “Tierra, Techo y Trabajo”.
fuente: infobae