Días atrás, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se encontró con una pequeña ironía en uno de los mayores portales de venta de artículos en internet. Curioseando el sitio en busca de celulares posiblemente robados, se encontró con un aparato de su propio Ministerio, con un sticker que lo identificaba en su carcaza y que ofrecía un número de emergencia para reportarlo. Básicamente, ese teléfono era uno en más de un millón.
Según cifras difundidas por la cartera de Bullrich basadas en reportes del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, este año 1,023 millón de teléfonos fueron denunciados como robados, lo que lleva un cálculo de 4195 por día y 175 por hora. A pesar de este volumen de casos, otra vez de acuerdo al Ministerio de Seguridad, el delito está en baja: el año pasado, se reportaron 1,87 millones de teléfonos, con un ritmo promedio de 214 denuncias por hora. Sin embargo, para Bullrich y el gobierno de Cambiemos el tema, particularmente urticante, está por lo visto en el tope de la agenda.
Este martes, en una presentación ante periodistas en el Ministerio de Seguridad en la Gelly y Obes, la ministra, su par en la cartera de Comunicaciones Oscar Aguad y el titular del ENACOM Miguel de Godoy anunciaron una resolución de alcance masivo que será presentada en quince días por el Ente de Comunicaciones a las empresas del mercado y que será obligatoria para todos los usuarios de teléfonos móviles del país: la definición de la titularidad de cada aparato, de cara al mercado negro de teléfonos y el uso de chips intercambiables para cometer delitos.
“Se requerirá a todos los usuarios que se registren y validen su identidad como usuario titular con la empresa de teléfono antes de que se puedan activar sus líneas, sea un plan prepago, postpago o mixto”, asegura un texto conjunto de los tres organismos. El trámite podrá ser presencial en oficinas de los prestadores, pero, curiosamente, también podrá ser online y hasta telefónico de acuerdo a información ministerial. Las empresas tendrán 90 días para implementar el plan a las nuevas líneas dadas de alta; se espera que en 18 meses se registre todo el parque de usuarios activos del país. Los datos presentados por los usuarios deberán ser validados con una serie de preguntas similares a las de la inscripción de tarjetas de crédito. No cumplir con el informe del titular de la línea, aseguró Bullrich, “llevará al corte de la misma”.
Así, el Gobierno buscará reconocer al titular de cada aparato. “El número de teléfono será como un nuevo DNI”, apuntó Aguad. “La idea es que no haya más chips ‘voladores'”, aseguró Bullrich: “Se pueden encontrar decenas en un allanamiento”. El anuncio es por lo menos ambicioso. Fuentes de Cambiemos presentes en la reunión de hoy por la mañana en Gelly y Obes estimaron que hay más de 50 millones de líneas en el país, “entre 30 y 40 millones de ellas no individualizadas”, señaló un funcionario en la reunión, citando una suerte de “folklore del mercado móvil”.
Precisamente, de acuerdo a datos del mercado, al menos 600 mil chips preactivados son lanzados cada mes. “Se registran con un DNI que solo tiene que ser válido. No hay un sistema donde se controle a nombre de quién se activan”, asevera una fuente jerárquica en el negocio de los celulares. No solo se trata del nombre, sino también de asociarlo al IMEI, el número propio de cada teléfono. De cara a este punto, Bullrich mencionó el segundo punto de la iniciativa conjunta con Aguad y el ENACOM: una virtual “lista negra” de números IMEI de aparatos denunciados.
“Si un nuevo chip es conectado a un teléfono en la lista, la línea entonces deberá ser dada de baja”, dijo la ministra Bullrich. Los jugadores del mercado negro de smartphones, por su parte, desde hace tiempo que lograron el “lavado” de números IMEI con un simple software. En abril de este año, el fiscal federal Sebastián Basso desarticuló una banda en Morón y Moreno que se dedicaba, entre otros delitos, a reciclar aparatos con un programa que se operaba desde Netbooks del plan Conectar Igualdad.
Tanto Bullrich como Aguad aseguraron que no fue fácil con las compañías proveedoras. Requirió, dijo Godoy, titular del ENACOM, “dos meses de conversaciones”. Bullrich fue un poco más vehemente: sus dichos mostraron cierta tensión con los operadores privados. La ministra, por ejemplo, aseguró que se lograron guardias las 24 horas en las empresas para pinchaduras exprés de teléfonos en casos como secuestros extorsivos, cuya demora fue una queja histórica de la central de escuchas, antes en manos de la Procuración y hoy controlada por la Corte.
Bullrich aseguró que una empresa tardó ocho horas en dar el geoposicionamiento del teléfono de un secuestrador que había raptado a un niño. También que, de cara a la falta de colaboración por un pedido judicial, le aseguró a una empresa que le iniciaría una demanda penal si no cumplía, lo que destrabó el conflicto.