“Hay un sentimiento de desgobierno en los espacios de seguridad que las bandas aprovechan descaradamente y desafían a cualquier tipo de autoridad”, analizó el fiscal Luis Schiappa Pietra. Un secuestro, un crimen y un mensaje mafioso en las últimas horas.
La escalada de violencia entre bandas narco en Rosario registró el 1° de febrero un ataque sin precedentes en la historia de la criminalidad de la ciudad: secuestraron al azar a una persona que caminaba en la calle y la asesinaron de tres tiros frente a la cancha de Newell’s para enviarle un mensaje a una parte de la barra brava del club. Esa secuencia, que tienen como principal hipótesis los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, será investigada de forma conjunta con una seguidilla de atentados contra un banco, un comercio, un edificio municipal, comisarías y una cárcel. Los propios investigadores judiciales afirmaron que esta disputa muestra una “pérdida de control de la calle” por parte de la Policía y llamaron a todos los resortes del Estado a trabajar con una agenda en común.
El crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un joven de 28 años malabarista e integrante de una banda de punk rock, es considerado por el fiscal Schiappa Pietra “como el primer caso donde se usó la vida de una persona sin vinculaciones con un entramado delictivo para comunicar un mensaje mafioso”. “Por un lado te marca el nivel de beligerancia en la criminalidad, que es fenomenal, y por el otro, que desafían a las instituciones públicas”, expresó.
Para Schiappa Pietra, el caso de Altamirano es el ejemplo de que la Policía perdió poder regulatorio del delito en el territorio. “Ni siquiera tiene la capacidad de administrar cuestiones delictivas que antes controlaba, es decir, las cajas negras. Hay jefes de distintas áreas que no cruzan información entre ellos ante determinados hechos. Las cajas negras están partidas y sin mando”, aseguró.
“Seguimos confirmando la hipótesis de que lo levantaron al azar. Y tenemos bastante evidencia para avanzar en la línea de que esto puede estar enmarcado en un conflicto entre integrantes de la barra brava de Newell’s”, sostuvo al tiempo que remarcó que las últimas imágenes recolectadas en la causa exponen que Altamirano fue secuestrado cerca de su casa de Villa Banana, en la zona oeste de Rosario.
Para sorpresa del fiscal, después del brutal asesinato Newell’s no se comunicó formalmente con el Ministerio Público de la Acusación. “Nos llama la atención. Solo hubo un contacto informal para facilitar las imágenes de una cámara, pero siendo un crimen ocurrido fuera del estadio, con un contexto de posible pelea entre barras, la dirigencia no realizó ningún contacto formal. Eso es algo que vamos a tratar de generar la próxima semana”, agregó.
“Hay un sentimiento de desgobierno en los espacios de seguridad que las bandas aprovechan descaradamente y desafían a cualquier tipo de autoridad. Interpreto que la salida del ministro de Seguridad Rubén Rimoldi de alguna manera tuvo que ver con eso”, aseguró Schiappa Pietra.
Una forma de entender el aprovechamiento de la calle por parte de las organizaciones criminales puede ser el elevado número de atentados que tuvieron lugar desde inicios de febrero, cuando prendieron fuego el frente de un comercio situado frente a la Jefatura de la Policía de Rosario y dejaron un mensaje para Rodolfo Héctor Masini, un preso del penal federal de Rawson que cumple condena por narcotráfico de Rosario.
Ese mismo 1° de febrero también mataron a Altamirano y en paralelo balearon el frente de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez. En las escenas de los dos hechos se dejaron mensajes para Damián Escobar, Nicolás Avalle, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez, presos que integran la banda de Los Monos y que a su vez regentean la barra brava de Newell’s, según entienden los fiscales.
La respuesta a esos atentados ocurrió mientras jugaba casualmente Newell’s de local ante Vélez por el torneo local de fútbol. Uno fue contra la sede de la Agencia de Investigación Criminal y otro contra el Sindicato de la Carne. En esos dos casos también se dejaron carteles, y estaban dirigidos a Rodolfo Héctor Masini y para Leandro Vilches, quien también está en la cárcel de Rawson y cumple condenas por narcotráfico como miembro de Los Monos.
A los mencionados ataques se le anexan una balacera contra la comisaría 32ª, contra el Centro Municipal de Distrito Sudoeste, contra la cárcel situada en 27 de Febrero al 7800 y contra una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe. Si bien todos los hechos fueron tomados por fiscales de la unidad de Balaceras o Flagrancia, se prevé que todos sean trabajados en conjunto con la Agencia de Criminalidad Organizada, ya que la disputa sería entre los mismos protagonistas del hampa.