Un ex juez y varios miembros del cuerpo penitenciario serán indagados como parte de una organización dedicada a la venta de drogas en el penal.
La Cámara Federal de Tucumán declaró parcialmente nula una resolución que dictara el Juzgado Federal Nº 2 sobre la investigación por venta de drogas en el penal de Villa Urquiza, en la que están involucrados agentes penitenciarios y un ex juez.
La resolución fue dictada de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, que reclamaba que se avance con la toma de declaraciones indagatorias a diecisiete imputados.
Con esta decisión, los jueces Federico Bothamley, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio dispusieron que el expediente vuelva al juzgado y que se dicte una nueva disposición por la cual se llame a indagatoria a los involucrados.
En la causa actúa la Fiscalía Federal Nº2 de Tucumán, a cargo de Pablo Camuña, subrogada por Agustín Chit.
La apelación ante la Cámara Federal fue sostenida por el titular de la Fiscalía General Antonio Gustavo Gómez. La investigación reúne una serie de causas que si bien iniciaron de manera independiente, terminaron vinculadas.
En ellas se investiga el accionar del ex juez de ejecución provincial Roberto Eugenio Guyot, el ex jefe del Servicio Penitenciario de Tucumán Guillermo Antonio Snaider y otros integrantes del cuerpo como miembros de una organización dedicada a ingresar y vender drogas en el penal Villa Urquiza.
Torturas y amenazas
De acuerdo con la imputación, para lograr su cometido, por lo menos desde 2015 torturaron, amenazaron y provocaron lesiones a personas detenidas en el lugar, que fueron los autores de las denuncias que develaron las maniobras, según apunta el texto judicial.
En el fuero provincial se investiga también el asesinato -en noviembre de 2017- de uno de los denunciantes. “Fernando Sebastián Medina tuvo motivos suficientes para denunciar los padecimientos que atravesaba mientras era obligado a vender estupefacientes a sus compañeros en el Penal de ’Villa Urquiza’. Por denunciar una organización que se dedicó a vender drogas en el penal a Fernando Sebastián Medina se lo privó de su vida”, se lee en el dictamen presentado ante la Cámara.
Gravedad institucional
Si bien el MPF sostuvo que esa causa debe pasar también al fuero federal, los camaristas consideraron que ese pedido debe plantearse en primera instancia. “Los hechos que se ventilan en el legajo y el ámbito en el que habrían ocurrido, denotan una gravedad institucional intolerable en un estado de derecho pues estamos ante el presunto obrar organizado que involucró a un ex juez de ejecución y a funcionarios del Servicio Penitenciario ”, argumentó Gómez.
La Fiscalía Nº2 determinó que el juzgado debía llamar a indagatoria al ex magistrado Guyot (destituido en septiembre de 2020 por incumplimiento a sus deberes), a Snaider y a 15 agentes y ex agentes del servicio penitenciario.
Para el MPF, todos debían responder bajo la imputación de comercio de estupefacientes, amenazas, abuso de autoridad y falsificación de instrumento público. Pero el juzgado rechazó la petición. “En el caso concreto, no surge de las tareas investigativas señaladas por el Sr. Fiscal en su dictamen que exista motivo bastante para sospechar que los nombrados desarrollan conductas en infracción a la ley 23.737”, determinó el juez federal Fernando Poviña.
Cantidad de pruebas
En su dictamen, Gómez resaltó la cantidad de pruebas que la fiscalía le enumeró al Juzgado. “Quedó demostrado que el ex juez de ejecución y los funcionarios penitenciarios -en actividad y los retirados- se valieron de sus condiciones para articular un sistema que les habría permitido introducir estupefacientes al Penal de Villa Urquiza para su posterior venta entre los privados de la libertad”, repasó, y agregó que “los elementos objetivos puestos de relieve sirven de plataforma suficiente sobre la que se estructuró el requerimiento fiscal rechazado”, afirmó.
Consideró luego que, si se habilita el llamado a indagatoria, “solo está abriendo una puerta a más y mejores probanzas en la causa e incluso la posibilidad de defenderse de los imputados”. “Quedó demostrado que el ex juez de ejecución y los funcionarios penitenciarios -en actividad y los retirados- se valieron de sus condiciones para articular un sistema que les habría permitido introducir estupefacientes al Penal de Villa Urquiza para su posterior venta entre los privados de la libertad”, consideró el fiscal general.
Motivos suficientes
Los camaristas consideraron que se advierte “de manera más que suficiente” que existen motivos de sospecha como para convocar a una declaración indagatoria a los implicados.
“La omisión de consideración de los elementos probatorios obrantes, que se constituyen como suficientes para dirimir la situación procesal de los imputados con relación a su llamado a prestar declaración indagatoria, y su falta de merituación por el a quo [el juez de primera instancia] priva de fundamentos mínimos a la parte pertinente de resolución en crisis tornándola por ello inválida”, marcaron los jueces de cámara, motivo por el cual decidieron declarar la nulidad parcial de la resolución del Juzgado Federal.
fuente: contexto