En el universo de modalidades delictivas que asolan a Tucumán, hubo en los últimos tiempos un aumento importante de los casos de ataques a medidores de gas natural, en los que los autores se roban el caño de cobre que los conecta con la red.
La empresa que distribuye el fluido en Tucumán, admitió que entre el 1 de enero y el 28 de febrero, se registraron unas seiscientas denuncias de ataques de este tipo, es decir, en promedio, diez por día, cifra que de todas formas no contempla los casos que los damnificados resuelven sin notificar a la firma.
Según los cálculos de Gasnor, las pérdidas generadas por el accionar de los ladrones se calculan en más de $ 20 millones, siempre dejando de lado a quienes llaman a un gasista para que les solucione el problema en forma particular.
La empresa distribuidora trazó un mapa en el que detalla cuáles son las zonas más afectadas. Allí se observa que la mayor cantidad de robos se registraron en la zona de Villa 9 de Julio, los barrios 11 de Marzo, Alejandro Heredia, La Costanera; domicilios localizados en la avenida Mate de Luna al 2.300, la zona de la avenida Belgrano en las inmediaciones del barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) y en cercanías de Banda del Río Salí.
Los gasistas que se encarga de las instalaciones de manera particular, agregaron otros sectores, como las cercanías del Monumental de 25 de Mayo y Chile y San Cayetano. “En realidad son todos los barrios de las periferias donde se puede comprar droga. Los ‘piperos’ roban cualquier cosa para poder acceder a un papelito”, explicó Juan Martínez.
Dos gasistas matriculados coincidieron en que se produjo un brote de este tipo de delitos. Pablo López explicó que a lo largo del año pasado repuso la conexión en unos sesenta medidores y que en lo que va del año, ya sumó cerca de quince más que fueron robados.
“Desde septiembre del año pasado se notó un importante incremento en este tipo de ataques. Particularmente, en 2023, ya hice unos 15 arreglos de estas características”, sintetizó Enrique Guzmán.
Todas las fuentes consultadas coincidieron en la descripción del modus operandi, consistente en dos y tres personas que eligen el lugar dónde atacar y una vez que deciden que pueden cometer el robo, abren la casilla de gas, cierran la llave de paso y extraen el regulador de presión, elemento que tiene un flexible que es lo que buscan para vender.
Después de haber cometido varios robos, los ladrones terminan vendiéndolos en chatarrerías o personas que se dedican a la compra y venta de estos metales. Muchos de ellos aparecen en las redes sociales ofreciendo adquirirlos.
El comprador revende el material a empresas mucho más grandes y pueden llegar a conseguir hasta tres veces el valor que paga a los ladrones o, lo que es lo mismo, sus cómplices en in ilícito que provoca graves trastornos a sus indefensas víctimas.
En la actualidad, en los mercados nacionales, el valor del bronce se cotiza a poco más de $ 8.000 y el cobre se cotiza casi en el mismo valor.
Después del robo es cuando vienen los problemas, ya que generalmente, las víctimas que sufren el primer ataque se comunican con Gasnor para denunciar el hecho, tras lo cual la empresa envía a sus hombres para que realicen la reparación, lo que según la demanda, todo se puede solucionar en un día o dos, pero según varios usuarios, tuvieron que esperar hasta cinco días para recuperar el servicio.
El dolor de cabeza que genera este tipo de ataque se incrementa considerablemente cuando el usuario analiza los costos, ya que si bien es cierto que Gasnor se hace cargo de la colocación del flexible (su valor es de $ 7.200 en promedio), el damnificado debe abonar unos $10.000 para adquirir el regulador, que incluye el flexible.