La medida, que se informó a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial, sólo será aplicable cuando la protesta sea llevada adelante por las compañías y no por los trabajadores.
Luego de varios conflictos por la entrega de subsidios, entre otros temas en discusión, el Gobierno decidió que a partir de ahora le podrá suspender la licencia a las empresas de colectivo que realicen paros y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras compañías para garantizar la continuidad del servicio.
Esta iniciativa fue muy mal recibida por parte de algunas de las cámaras del sector, que consideran que esto solamente beneficia a una de las principales firmas operarias, que podría así acaparar más mercado, mientras que las autoridades nacionales aseguran que lo que se busca es que los usuarios no se vean perjudicados cuando se producen los denominados lock outs patronales.
De hecho, la medida, que fue informada a través de la Resolución Conjunta 2/2023, de las Secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, ambas del Ministerio de Transporte, establece que esta suerte de sanción solo será aplicable cuando la protesta sea llevada adelante por las empresas y no por los trabajadores, como podría ser un reclamo sindical.
De acuerdo con el texto, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno podrá autorizar “con carácter de excepción, a título precario y provisorio”, a las firmas de colectivo que estén registradas en la base de datos nacional a prestar “servicios de emergencia, alternativos” a los que realizan habitualmente, “mientras dure la medida de suspensión” contra los titulares de las líneas que están a cargo de los recorridos afectados por el eventual paro.
Al respecto, las autoridades remarcaron que las compañías que quieran “voluntariamente” operar esos trayectos “se encontrarán habilitadas exclusivamente para realizar dichos servicios durante el período que dure la medida de suspensión” de las que lo hacían originalmente.
“Las autorizaciones poseerán carácter transitorio y operarán por el tiempo que persista la suspensión de los referidos servicios. Finalizado dicho período, las autorizaciones caducarán de pleno derecho y cada empresa volverá a asignar su parque móvil a los servicios de los que el mismo fue detraído”, precisó el Gobierno.
Para solicitar ese permiso temporal, las firmas interesadas “deberán presentar una oferta de vehículos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte” y “garantizar” que los recorridos que ya están realizando con sus líneas “continúen siendo atendidos, por lo menos, con el parque móvil mínimo”.
La asignación de los vehículos de una o más compañías para cubrir los servicios suspendidos por medida de fuerza se determinarán según la capacidad operaria de cada una de ellas, por lo que se priorizará a las que cuenten con “mayor cantidad de unidades” disponibles y que tengan cuadros tarifarios similares, es decir, que los precios del boleto que estén cargados en los aparatos de la SUBE sean parecidos a los valores del nuevo trayecto a cubrir.