Su testimonio fue fundamental contra el clan de los hermanos Rubén “la Chancha” Ale (63) y Ángel “El Mono” Ale (68) condenados a 10 años de prisión en 2017 por “lavado de dinero” proveniente de la usura, extorsión y explotación económica de la prostitución.
Ella había sido una de sus víctimas y la información que le dio a la Justicia fue tan importante y sensible que terminó viviendo con sus dos hijos muy lejos de su tierra natal, con otro nombre, dentro del Programa del Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación.
En el expediente contra los Ale se la identificó como la testigo F081014. Clarín, que la entrevistó varias veces, la rebautizó como “María” para cuidar su identidad. Su historia está llena de momentos dolorosos y superaciones. Y hace apenas unos dias “María” tuvo una pequeña revancha: la jueza federal Maria Romilda Servini de Cubría procesó por abuso sexual al operador del Programa a quien ella había acusado por primera vez hace 6 años.
“Tal grado de convicción surge de los distintos medios de prueba recolectados en el transcurso de la presente causa que me llevan a tener por acreditado prima facie que el encausado abusó sexualmente de la persona identificada como F081014 en reiteradas ocasiones mientras el imputado ejercía funciones como operador de la testigo de identidad protegida en el marco del Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación”, dice el fallo firmado el 5 de mayo pasado por Servini de Cubria.
En las casi 200 páginas de resolución -a las que tuvo acceso Clarín- la jueza evaluó que había pruebas suficientes como para que Gustavo Horacio Torrent (69) vaya a juicio oral por tres episodios de abuso sexual simple supuestamente ocurridos “en el período comprendido entre octubre de 2014 y abril del año 2015, durante el cual la mencionada se hallaba bajo ese régimen de protección”.
“Para agredir sexualmente a la víctima, Torrent abusó de la autoridad, dependencia y del poder que tenía sobre la misma, toda vez que era el nombrado quien tenía a su cargo el caso de la referida testigo (…) Los abusos sexuales consistieron conforme el hecho que se le imputó, en besarla y/o intentar hacerlo; tocarle la cola, los pechos, la vagina; introducirle la lengua en la boca; meter su mano en la panza por debajo de la ropa; y abrazarla con el pene erecto”, detalló la jueza quien también recordó que un primer expediente con la denuncia de la testigo se perdió y hubo que reconstruirlo.
Acoso y abuso
“Empezó a acosame, me quería besar, se metía a cuidar a mis hijos. Se supone que casi no tiene que tener contacto conmigo para no exponerme y lo tenía encima todo el tiempo. Lo denuncié y no me hicieron caso. ’El hombre se enamoró’, me dijo su jefe, disculpándolo”, le contó a Clarín, en diciembre de 2017, la víctima de trata.
Tras declarar contra el clan Ale, “María” entró en el Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación el 30 de octubre de 2014. Pero allí la pasó muy mal, en gran parte porque el operador del que dependía su vida cotidiana empezó a aislarla e intentó abusar de ella. Le impedía hablar por teléfono, recortaba sus gastos y se le insinuaba constantemente en persona y por chat.
La joven lo denunció y en julio de 2017 huyó del Programa con sus dos hijos. Durante mucho tiempo su caso -pese a la condena a los Ale- pareció haber quedado en la nada: ni la causa penal ni la investigación administrativa contra el operador prosperaron.
Casi dos años después de que la testigo del caso Ale hiciera públicos sus reclamos de serias irregularidades dentro del Programa, el 19 de septiembre de 2019 la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le pidió formalmente al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, que activara varias investigaciones al respecto.
De acuerdo al dictamen de la PIA, elaborado por el fiscal Sergio Rodríguez, tres mujeres -dos de ellas víctimas de trata con fines de explotación sexual- denunciaron irregularidades, abusos y coacciones por parte de este agente, uno de los más antiguos del Programa, en los últimos años elevado a la categoría de Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
Finalmente solo el caso de “María” pudo salir adelante.
Aunque no fue fácil: la primer denuncia hecha en el 2017 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) fue y vino entre Tucumán y Buenos Aires hasta que se perdió y tuvo que ser reconstruida. Fue la segunda causa, iniciada el 15 de marzo de 2019 por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) la que reactivó el caso.
Finalmente las dos causas quedaron juntas a cargo de la jueza Servini de Cubria y el fiscal Guillermo Marijuan. A “María” no le quedaban muchas esperanzas de que avanzara, temía que el tiempo pasara y el expediente prescribiera. El fallo de 200 páginas le dio un poco de alivio.
fuente: clarin