Fue presentado como el general militante que estaba al frente del Ejército para incluir a las Fuerzas Armadas en el “proyecto nacional” del kirchnerismo. A pesar de que estaba cuestionado por sospechas de violaciones a los Derechos Humanos, lograron que Hebe de Bonafini lo bendijera y lo avalara. Eso sucedió en 2013, cuando Cristina Fernández de Kirchner encaramó a César Milani como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Para entonces, el general Milani estaba flojo de papeles. Por lo menos eso se desprende del procesamiento firmado ayer por el juez Daniel Rafecas quien determinó que el militar se enriqueció ilícitamente cuando estaba a cargo del área de Inteligencia del Ejército.
Corría el año 2010 cuando Milani compró una casa en La Horqueta a pesar de que vivía en un departamento en Belgrano. Faltaban tres años para que llegara a ser el número uno del Ejército. Pero desde la JII, como se conoce a la Jefatura de Inteligencia del Ejército, ya estaba en camino a ser el mandamás de la fuerza.
Cuando llegó a ese cargo lo denunciaron por enriquecimiento ilícito. Y entonces, según lo que se deduce del procesamiento, tuvo que empezar a acomodar papeles. Y para que lo ayude eligió a un amigo de más de 40 años: Eduardo Barreiro.
Caso curioso el de Barreiro: debería estar preso por crímenes de lesa humanidad, pero consiguió prisión domiciliaria para cuidar al anciano que fue la pareja de su madre.
Milani, cuando era muy poderoso y los operadores judiciales del cristinismo lo cuidaban, explicó en tribunales que su amigo Barreiro le había prestado la nada despreciable suma de 200.000 dólares para comprar la casa de La Horqueta, en San Isidro. Pagó 1.500.000 pesos por esa propiedad que, para algunos, estaba subvaluada.
Cambió el Gobierno, y llegó a manos de Rafecas un peritaje contable hecho por los expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para los contadores Milani no podía justificar sus gastos, mucho menos la compra de la casa en La Horqueta. Algo similar, aunque de modo menos contundente, habían determinado dos estudios contables diferentes: el de la Prefectura Naval Argentina y el de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El resultado del peritaje aceleró los tiempos de la causa. Milani y Barreiro fueron citados a indagatoria. Se defendieron y pidieron que varios testigos respaldaran sus versiones, que obviamente, coincidían.
Había un problema preexistente que un buen relato no podía solucionar. Ni Barreiro tenía, según sus declaraciones juradas, los 200.000 dólares disponibles para prestarle a su amigo, ni Milani declaró que poseía una deuda con quien fuera veterano de Malvinas. Las declaraciones impositivas de ambos de 2009/2010 no mostraban lo que en 2013 establecieron como coartada.
Incluso Milani pidió que declararan como testigos otros camaradas de armas que en diciembre de 2009 habían visto juntos en la oficina de Inteligencia del Ejército al general y a su prestamista. El relato necesitaba de la escena en la que Milani y Barreiro se vieron delante de testigos. Algunos recordaron que en el brindis se habló de la amistad y del agradecimiento a Barreiro, quien esa misma noche-según el relato- le había llevado un “bolso chico” con los 200.000 dólares. Los testimonios no fueron muy convincentes. Incluso el de la persona que llevó esa noche a Barreiro hasta la oficina de Milani dio por tierra con la teoría del “bolso chico: el militar detenido no llevaba nada en especial aquella noche.
Milani y Barreiro firmaron -ante escribano- que el general le cedía a su amigo el departamento del barrio de Belgrano a cambio de la deuda que habían firmado allá por 2009. Es decir que tomaron el recaudo de legalizar el pago del préstamo ante escribano, algo que no habían hecho antes, cuando firmaron el convenio por los 200.000 dólares. Ese hecho llamó la atención de los investigadores quienes cuestionaron esos documentos. Por lo “trucho”, el préstamo que adujeron haber firmado Milani y Barreiro fue considerado inexistente por el juez.
Rafecas desvirtuó en un procesamiento de más de 400 páginas, todos y cada uno de los argumentos que dieron en conjunto Milani y Barreiro. Y los procesó. Uno no tenía dinero para prestarle al otro. Y el otro compró bienes que no puede justificar. Fueron procesados ambos, Milani por enriquecimiento ilícito y Barreiro como “persona interpuesta” el nombre con el que se llama a los testaferros.
Ambos apelarán a la Cámara Federal que revisará el procesamiento. Y recién entonces la causa, si se confirma lo decidido por Rafecas, irá a juicio oral y público. Para el juez no quedan dudas, Milani se enriqueció ilícitamente: aunque no se sabe de dónde sacó el dinero que usó para la compra de la casa de La Horqueta, al mismo tiempo que comenzaba a abrazar la causa del kirchnerismo y manejaba el presupuesto de Inteligencia del Ejército.