La creciente inseguridad y los recientes asesinatos de los oficiales de policía Ramón Sánchez y Víctor Emanuel Lazarte han propulsado el tema de nuevo a la lista de prioridades de la Legislatura.
La comisión de Seguridad y Justicia, liderada por Roberto Osiris Chustek del Frente de Todos, se ha manifestado en contra de estos actos de violencia y está promoviendo un proyecto de ley que proporcionaría compensación económica a las familias de los oficiales que mueren fuera de servicio, ya que la ley actual solo cubre a aquellos que están en servicio.
Que rinda cuentas
Mientras tanto, algunos miembros de la oposición exigen que Eugenio Agüero Gamboa, el ministro de Seguridad de la Provincia, rinda cuentas ante la Legislatura sobre el estado actual de la delincuencia en Tucumán.
A pesar de que la seguridad siempre ha sido un tema recurrente en la Legislatura, las actividades en la sede de Muñecas al 900 se detuvieron durante el primer semestre debido al año electoral, dejando muchos proyectos tanto del oficialismo como de la oposición sin abordar.
La última sesión antes del receso de invierno no incluyó ninguna medida de seguridad y justicia, por lo que los legisladores subrayan la necesidad de retomar estos asuntos a pesar de que el período ordinario de sesiones no se reanudará hasta el 1 de septiembre y no hay una fecha programada para la próxima reunión.
Algunos miembros del partido de Bussi recordaron su propuesta de establecer una Defensoría del Policía para proteger los derechos fundamentales de los oficiales. Gerardo Huesen, uno de los firmantes de este proyecto, criticó al Gobierno por no proporcionar un marco jurídico adecuado a las fuerzas de seguridad.
Actualizar la ley
La mayoría de los partidos están de acuerdo en la necesidad de actualizar la Ley de Contravenciones, que data de 1980. Algunos sugieren implementar un “Código de Convivencia” o de “Orden Social” para abordar las infracciones sociales que no son delitos, pero que podrían desencadenar situaciones más graves.
Otra propuesta incluye la creación de una oficina de “Asuntos Internos” en la fuerza de seguridad provincial. A pesar de haberse propuesto en 2022, el proyecto no ha sido aprobado y sigue pendiente.
En la lista de proyectos no abordados también se incluyen medidas para contrarrestar el uso de teléfonos móviles en las cárceles, la creación de un programa “Corredores Escolares Seguros” y un plan para mejorar la seguridad en las paradas de autobuses.
Con el problema de la inseguridad de nuevo en la lista de prioridades de la Legislatura, queda por ver si algunos de estos proyectos se discutirán a corto plazo o si finalmente se archivarán debido a la falta de tratamiento.