La crisis penitenciaria de la provincia se ha hecho evidente una vez más, con recientes fugas en dos comisarías de la capital y una falsa alarma en el penal de Villa Urquiza.
Luis Ibáñez, Secretario de Seguridad, ha confirmado la saturación de las dependencias policiales, con 1.800 detenidos en instalaciones con capacidad para unos 400.
Asimismo, el Servicio Penitenciario está rebasado, albergando a más de 1.500 reclusos con una capacidad máxima para 900.
Estos problemas se magnifican al considerar que 650 personas recibieron condenas en el primer semestre, un número que aumentará hasta fin de año.
Se han reportado recientemente varios casos de fugas. Cuatro detenidos en la comisaría de Manantial lograron escapar, dos de los cuales fueron posteriormente recapturados.
Asimismo, seis detenidos se evadieron de la seccional 3ª, con dos de ellos recapturados rápidamente.
En medio de estos sucesos, se denunció erróneamente que seis detenidos estaban intentando escapar del penal de Villa Urquiza, lo cual resultó ser una falsa alarma.
Se especula que pudo ser una estrategia para distraer a las fuerzas de seguridad.
Se encontró un patrón común en las evasiones: al menos siete de los fugitivos ya habían sido condenados, contradiciendo una resolución de la Corte Suprema de Justicia de 2016 que ordenaba que todos los condenados fueran alojados en el penal de Villa Urquiza.
Esta crisis carcelaria, que comenzó en 2015, llevó a los fiscales a presentar un hábeas corpus en favor de los detenidos y vecinos de las comisarías debido a la sobrepoblación en los calabozos.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal ha exacerbado el problema de la falta de espacio, con una tasa de condenas efectivas que implica 120 nuevos reos por mes.
Además, la Justicia dictó más de 1.000 prisiones preventivas y prorrogó 1.140 medidas cautelares en los primeros cinco meses, ordenando que al menos 2.100 personas permanezcan privadas de su libertad.
No se avizoran soluciones a corto plazo para este problema. Diversos proyectos propuestos para resolver la crisis se han retrasado, incluyendo la construcción del penal de Benjamín Paz, cuya inauguración ha sido pospuesta de octubre a marzo.
De las cuatro nuevas cárceles previstas, solo dos siguen en pie, y la construcción de las mismas apenas comenzará en unas semanas.
En total, se estima que con estas nuevas obras podrán reubicarse alrededor de 1.650 presos actualmente en las comisarías, pero este proceso se completaría a fines de 2025.
Ante esta crítica situación, se sugiere buscar otras alternativas, como alojar a los detenidos de forma transitoria en edificios municipales, para aliviar la sobrecarga del sistema carcelario.
fuente: contexto