Una investigación llevada a cabo por del Tribunal de Cuentas de Tucumán evitó el desembolso de más de $5 millones por nafta y gasoil que nunca fueron cargados en los móviles de la Policía provincial.
El organismo de control aplicó una millonaria multa a seis funcionarios policiales, remitió una copia de la resolución al Ministerio de Seguridad para que actuara la oficina de Asuntos Internos y otra a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana para que diera inicio a una pesquisa en contra de los apuntados y cualquier otra persona que pudiera aparecer involucrada en la maniobra.
El sistema que utilizaba la fuerza para la provisión de naftas y gasoil era bastante particular. Se maneja desde de la Sección Combustible del Departamento Logística, conocido como D4. Cada una de las cinco regionales (Capital, Norte, Este, Oeste y Sur) tenían un referente de esa oficina que entregaba los vales provistos por las estaciones de servicios para que los móviles: motos, autos, camionetas y camiones, abastecieran tus tanques.
Luego, los surtidores presentaban el total de lo adeudado que, después de un control, se factura y luego, después que el jefe de Policía y el TC lo aprobaban, se libra la orden de pago.
Según el mecanismo, en la fuerza se autorizaba a que diariamente las motos carguen entre cinco y siete litros; los autos entre 10 y 15; las camionetas entre 15 y 20 litros. También estaban contempladas situaciones particulares: con un cupo especial para las unidades que debían realizar un viaje al interior (ya sea por una investigación o el traslado de detenidos) o porque debían realizar una tarea extra.
En el caso de los Bomberos, por ejemplo, se les habilitaba una carga de combustible mayor, para evitar que se quedaran varados en una emergencia.
Cuando el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, estaba al frente del PE, aprobó e impulsó la idea del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, de que se instalaran GPS en todos los móviles no sólo para vigilar su recorrido, sino también con el propósito de realizar un control más efectivo de los recursos de la fuerza. Pero el sistema terminó dejando al descubierto una millonaria maniobra en contra del Estado.
Al descubrirse el posible fraude contra las arcas del estado, el proceso de cambio se aceleró y en la actualidad es totalmente diferente.
Los especialistas del TC determinaron que las estaciones de servicio presentaron comprobantes para cobrar la carga de vehículos que nunca habían pasado por sus instalaciones. Fue al comparar la fecha de los remitos con el movimiento que marcaban los GPS de los móviles.
Fueron más de 1.100 los pedidos de pago rechazados por el ente de control. Por esta razón, se abrieron cinco expedientes para estudiar el tema a fondo. Entre enero y marzo, los proveedores reclamaron que se les abonara un total de $ 15 millones, pero al realizar este trabajo los investigadores descubrieron que no correspondía pagar al menos la tercera parte porque no habían cargado combustible.
Por esa razón, en una resolución firmada en abril por Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci, el organismo de control decidió unificar todos los expedientes y designar a un abogado y dos contadores para comenzar con una investigación. Tres meses después el trabajo dio sus frutos.
“Esto es tan solo la punta del iceberg. Hay mucho más por analizar porque se sabe que esta es una práctica de años”, aseguró un integrante de la fuerza.
Además de revisar la documentación, los funcionarios del ente de control interrogaron a los responsables de la Sección Combustible de cada regional. El comisario Dante Alfredo Rodríguez (Capital), subcomisario Juan Ernesto Ávila (Norte), oficial principal Jorge Hidalgo (Este), subcomisario Mariano Exequiel Molina (Sur) y el sargento ayudante Jorge Olea (Oeste), lista que por supuesto se completó con el titular del D4, el comisario Ernesto Marcelo Ocampo.
Los funcionarios hicieron una serie de descargos, cuanto menos llamativos. Varios señalaron que esta situación se podría haber producido por el mal funcionamiento de los GPS. “No tienen el nivel de exactitud, ya que presenta diversas inconsistencias en el sistema, lo cual sería de difícil aplicación para tomar un parámetro de control exacto”, aventuró el comisario Rodríguez.
El sargento Olea fue mucho más allá: “Hay móviles que tienen el GPS funcionando mal. Personalmente he chequeado que el sistema daba errores”.
Otros apuntaron directamente a sus superiores. “Las motos que no tienen la autonomía suficiente para trasladarse, los jefes se encargan de trasladar el combustible. Los cargan en bidones y se los llevan a sus dependencias”, indicó el responsable de la Norte.
Según se lee en la resolución, el TC remarcó que “el oportuno ejercicio del control preventivo de estos actos administrativos, evitó que se configure el daño patrimonial al erario, observando el pago de servicios facturados, pero no brindados”.
“Surge indudablemente que las numerosas falencias detectadas manifiestan una actuación repetitiva que conforma una situación sistemática que no puede explicarse como simple indolencia, descuido o desatenciones administrativas. Por tratarse de un accionar consciente y sistemático en las conductas seguidas por los funcionarios del Departamento Logística del Departamento General de Policía, constituyen graves irregularidades”, se lee en el documento.
Los últimos días de junio se produjo una crisis por la provisión de combustible. Los propietarios de las estaciones de servicio, ante la falta de pago por parte del Estado, decidieron dejar de vende nafta y gasoil a la Policía.
El incumplimiento fue porque el Tribunal de Cuentas, que ya había detectado las irregularidades, decidió rechazar las liquidaciones de los remitos cuestionados en los expedientes. El gobierno tuvo que realizar una serie de gestiones especiales para no resentir las tareas de prevención. “En esos días hasta llegamos a cargar de camiones que se instalaban en la Jefatura”, recordó un comisario.
La situación volvió a la normalidad cuando el Tribuna de Cuentas ordenó los pagos, pero sólo de remitos confirmados. “Habían avisado que los responsables al menos serían investigados, pero nunca pasó nada”, aseguró una fuente cercana al caso, que ahora debe tener su prosecución en Asuntos Internos y en Tribunales.
fuente: contexto