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Se trata de Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, miembros de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE).
El caso de María de los Ángeles “Marita” Verón sigue sacundiendo la provincia. Hace 21 años que la joven fue secuestrada y nunca más se tuvo noticias concretas de ella. En las últimas semanas, se reveló que está en marcha una investigación respecto a la existencia de una carpeta que confirmaría que la joven fue asesinada y que su cuerpo fue ocultado en el sanatorio Luz Médica. Luego de varios días de investigación, ayer se conoció el nombre de dos involucrados: son Norberto Manzano y Carlos Alberto Rojas, miembros de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE). Uno de los abogados de Susana Trimarco, José D’Antona.
D’Antona señaló que “la investigación empezó hace 60 días, con una persona que denunció en la Justicia y luego la ratificó”, y agregó que “se tomaron muchas medidas probatorias y luego de esa recolección y análisis de pruebas, la Justicia decide acusar a estas dos personas para que puedan defenderse“. También reveló que al momento de confirmarlo a la prensa (el pasado 9 de agosto), estaban trabajando “con mucho hermetismo, ya se habían recabado varias pruebas y realizado varios allanamientos”. Y adelantó: “Todavía faltan muchas medidas a tomarse, así que en las próximas semanas habrá nuevos movimientos judiciales”.
Sobre las declaraciones indagatorias de los acusados, D’Antona aseguró que “tengo entendido que una de las manifestaciones que hicieron no condicen con personas que estén ajenas al caso” y que uno de ellos habría dicho que “en algún momento alguien le ofreció material” y que “hubo una reunión donde se hizo referencia a esto, pero que se había negado (en ambas ocasiones)”. El delito en el que podrían haber incurrido es encubrimiento agravado, “el hecho de haber tenido información relevante de algo que era notorio y público y no haberlo puesto en consideración de las autoridades judiciales, con el agravante de que el delito anterior es la trata de personas”.
Si bien eligió no dar precisiones, el abogado explicó que “en el transcurso de este año hubo una reunión en la que se dieron las referencias de la existencia de una carpeta con la que un gremio habría apretado a otro para que lo dejaran de molestar” y que “estas personas consideraron que no había posibilidad de guardar el secreto y lo denunciaron”. “Con las pruebas que juntamos”, añadió, “tenemos acreditado que esa carpeta existió o existe y siguen llegando testimonios y documentación”.
Sobre la disputa gremial que generó esta nueva investigación, aclaró que “no estigmatizamos sindicalistas ni mucho menos a los trabajadores” y que la reunión en la que se filtró la información sobre esa carpeta lo que se buscaba era una táctica “defensiva” por parte de los acusados, ya que el gremio mayoritario del sector, Luz y Fuerza, “ha buscado en otras épocas y con otros dirigentes sacarle afiliados a los gremios más chicos”. Y continuó: “Eso a nosotros no nos interesa, pero ese fue el disparador de una reunión, que está acreditada, donde se dio la idea de un ‘carpetazo’ a algún miembro de los gremios para evitar una fuga de afiliados”. Insistiendo en que la disputa gremial es algo secundario para el equipo de abogados de la Fundación María de los Ángeles, indicó que si a través de la búsqueda de Marita la Justicia encuentra otros delitos, “no puede hacer caso omiso a lo que ve, tiene que accionar”. Según se desprende de sus declaraciones, la pelea entre Luz y Fuerza y APJAE se debe a que el primero, que es el más numeroso, intentó “robarle” afiliados al segundo. Alguien ofreció, como forma de defensa ante ese ataque, extorsionar con la existencia de la carpeta con datos que involucrarían a Julio Luna, exdirigente de Luz y Fuerza, en la desaparición de la joven. Por eso, D’Antona manifestó que “econtramos ‘de carambola’ este dato que no era lógico que surgiera”.