Los funcionarios se llaman Pablo Palá y Alexis Lesa. La Cámara Federal acaba de confirmar sus procesamientos por “realizar acciones de inteligencia prohibidas”, un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión.
Lesa es el actual Director de Informática del Gobierno de Entre Ríos, donde trabaja desde 2012. Palá pertenece al área de Cómputos del Tribunal de Cuentas de esa provincia.
Ambos imputados actuaron desde la ciudad de Paraná y en 2015, cuando hallaron muerto a Nisman, militaban con el entonces gobernador kirchnerista Sergio Urribarri.
Ironías del destino: los sospechosos de espiar a Nisman por su investigación de la voladura a la AMIA trabajaban para el político que luego sería embajador argentino en Israel, durante la actual gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Urribarri fue relevado de su puesto luego de ser condenado a 8 años de prisión por corrupción, un fallo que este año dejó firme la Cámara de Casación de Entre Ríos.
Le gustaba su cargo diplomático: aún un mes después de ser condenado, presidió en la embajada en Tel Aviv el acto oficial por el 25 de Mayo y tardó varias semanas en acatar la orden de la Cancillería para dejar su puesto y regresar a la Argentina.
Además de la condena firme en su contra, Urribarri está siendo investigado porque no pudo justificar 9 millones de dólares de su patrimonio.
El dato de que el dispositivo para espiar a Stiuso y Arroyo Salgado es el mismo de donde antes enviaron el mail para intentar espiar a Nisman cuando estaba por denunciar a Cristina fue confirmado a Clarín por altas fuentes judiciales.
Luego de que Nisman fuera hallado en su departamento de Puerto Madero con un balazo en la cabeza -el 18 de enero de 2015-, los peritos informáticos hallaron en su teléfono celular (un Motorola modelo XT626) un programa de los denominados “Malware” o “Troyano” que le había llegado al fiscal a través de un mail enviado a su casilla de Yahoo!.
El archivo se llamaba “estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar”.
Los “troyanos” son virus que le permiten a quien los envía acceder a todos los archivos de quien los recibe, aunque en este caso no se activó.
El mensaje estaba diseñado para “apoderarse” de los archivos que funcionaran bajo los sistemas operativos Windows, Linux o Mac y el teléfono de Nisman operaba con Android.
De todos modos, los investigadores siguieron la pista del archivo y llegaron a una dirección de IP ubicada en Paraná, Entre Ríos. La IP registrada era 190.210.180.181.
Un IP (significa “protocolo de Internet”) es una dirección única que identifica a un dispositivo en Internet o en una red local.
Una especie de DNI que individualiza a cada dispositivo electrónico y la ubicación de su conexión.
En los comienzos de la investigación por la muerte de Nisman, la fiscal Viviana Fein le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini allanar el lugar al que llevaba la dirección de IP -en la calle Urquiza al 1700 de Paraná- y ésta rechazó la solicitud.
Palmaghini sólo aceptó que dos agentes de la Policía Metropolitana viajaran a Entre Ríos para observar los movimientos en el lugar durante una semana. Allí ya habían surgido los nombres de Palá y Lesa y sus vinculaciones con el gobierno de la Provincia, pero la averiguación no pasó de ahí.
Cuando la causa llegó al fuero federal, los peritos informáticos se lamentaron de que aquella pista no se hubiera profundizado.
La sospecha es si quienes trabajaban allí podían tener alguna vinculación con alguna de las 14 delegaciones que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tenía en el interior del país.
En ese momento, el jefe de la SIDE era el actual senador ultra K Oscar Parrilli; su segundo, el actual viceministro de Justicia Juan Martín Mena; y el director de Contrainteligencia, el diputado ultra K Rodolfo Tailhade.
Precisamente del área que comandaba Tailhade era la clave del usuario que se usó para entrar al sistema de Migraciones y pedir los movimientos de Stiuso y Arroyo Salgado sin que ningún juez lo ordenara.
El usuario aparece en la causa como WML y lo hizo desde la misma IP desde la que antes habían enviado el troyano para espiar a Nisman.
Las delegaciones de Inteligencia en el interior del país eran manejadas por el Director de Reunión Interior de la SIDE, Fernando Pocino, el agente vinculado al kirchnerismo que aparece manejando a decenas de espías que trabajaron en la calle el mismo día en que Nisman estaba muerto aunque aún nadie lo sabía (su cuerpo fue hallado recién después de las diez de la noche).
La profundización de ese dato -que la Cámara Federal ordenó pasar este jueves al fiscal Eduardo Taiano, que investiga la muerte de Nisman- podría llevar a la Justicia a confirmar si el gobierno de Cristina había ordenado espiar a Nisman en los días previos a que éste la denunciara por encubrir a los iraníes acusados de volar la AMIA.
Algunos de los ex espías que declararon por la muerte de Nisman dijeron que la SIDE se convirtió en “un caos” y “un descontrol” tras la llegada de Parrilli al organismo. Un escenario donde nadie -ni siquiera los nuevos jefes- tenían muy claro qué hacían ni a quiénes respondían realmente las distintas áreas.
Uno de quienes relató ese estado de cosas fue el propio Pocino: “La actividad de inteligencia es muy informal… no se dan órdenes escritas. Es todo verbal… y la administración de Parrilli y Mena fue pésima”, dijo en una declaración secreta en el expediente por la muerte de Nisman que pudo ser reconstruida por Clarín.
En esas más de sesenta declaraciones de los espías que estuvieron activos cuando Nisman fue hallado muerto -la justicia investiga el caso como un asesinato- también quedó claro que al menos dos directores del organismo informaban al poder político sobre las escuchas que iban revelando el entramado de conversaciones que luego usó Nisman para denunciar al Gobierno por proteger a los terroristas de la AMIA.
Allí cuentan, también, que el propio Parrilli les ordenó a los espías vigilar la fiscalía de Viviana Fein mientras investigaba la muerte de Nisman. Ningún juez se lo había pedido.
Esa orden fue ilegal. Parrilli podría ser indagado por eso cuando pierda sus fueros parlamentarios.
Sobre el espionaje a Nisman, la justicia ya había determinado que la contraseña de la red inalámbrica de su departamento de Puerto Madero era cinco veces la secuencia 1-2. Es decir, una clave extremadamente débil, más frágil aún que la que viene predeterminada por el proveedor de Internet.
En cuanto a los controles de acceso que permiten administrar la configuración del router, tanto el usuario como la clave eran “admin”, que viene predeterminada con los equipos, lo cual le permitía a cualquier usuario con conocimientos técnicos básicos entrar sin problemas al router de Nisman y desde allí controlar todo el contenido conectado a esa red.
El responsable del manejo de esa red fácilmente penetrable era el técnico informático Diego Lagomarsino, a quien pertenecía el arma hallada en la escena del crimen. Lagomarsino está procesado por ser partícipe necesario del asesinato de Nisman.
En la casa de Lagomarsino se secuestró un disco compacto con dos informes relacionados a la denuncia que Nisman hizo contra Cristina Kirchner, pero los archivos fueron ejecutados los días 11 y 12 de enero de 2015. Es decir, dos y tres días antes de que Nisman presentara la denuncia y cuando sólo un par de personas de su extrema confianza sabían que iba a hacerlo.
¿Nisman sabía que Lagomarsino tenía ese material confidencial en su casa? ¿Por qué estaba allí?
Lagomarsino declaró que su relación con Nisman no era de confianza mutua ni mucho menos. “Era una relación de amo-esclavo”, describió.
En el celular de Lagomarsino también se hallaron fotos de un pizarrón de la fiscalía donde se dibujaban líneas investigativas del ataque a la AMIA. ¿Por qué Lagomarsino fotografió esa información sensible? ¿Para quién era?
Un dato más: el último acceso remoto registrado de Lagomarsino a la computadora de Nisman fue el 14 de enero, justo el día en que el fiscal fue a denunciar a Cristina a Comodoro Py. Nisman le mostró su denuncia luego de presentarla. Si hubiera sabido que Lagomarsino ya había accedido a ella, ¿para qué dársela de nuevo?
Los funcionarios entrerrianos recientemente procesados sostienen que en la actividad privada se dedican a comercializar servicios de internet y que habían traspasado la IP que los compromete a terceros.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah no les creyeron. Para ellos, la prueba reunida “avala la hipótesis de que su actividad (la de Palá y Lesa) formó parte de operaciones desplegadas desde organismos de inteligencia que estaban prohibidas por ley”.
También, que “hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos”.
Y les atribuyen, directamente, “actos enmarcados en conductas caracterizadas por la clandestinidad y el secreto”.
Es decir, un espionaje ilegal organizado,cometido por cuadros políticos de uno de los gobernadores más fieles a la Presidenta denunciada por el fiscal al que buscaban espiar.
La Justicia deberá determinar el verdadero origen de esas órdenes.
Y si ese montaje organizado, con participación de la SIDE -que depende directamente de Presidencia-, era armado desde lo más alto del poder.