Hace un año tomaron una escuela y hoy sus familias deberán pagar casi 3 millones de pesos.
Dos familias de estudiantes de secundaria de la Ciudad de Buenos Aires deberán pagar 2,8 millones de pesos como resarcimiento por los daños ocasionados por sus hijos al tomar la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) Manuel Belgrano, un colegio estatal de Barracas. La toma sucedió hace un año, en septiembre de 2022, y ahora la Procuración porteña les envió a los adultos responsables una demanda por daños y perjuicios. Cada familia deberá pagar 1,4 millón de pesos.
No se trata de un caso aislado: en los próximos días estarán llegando más demandas a familias porteñas, según explicaron a Infobae desde el Ministerio de Educación de la Ciudad. Durante 2022 hubo 27 tomas de establecimientos educativos en CABA. Desde diciembre del año pasado, la Procuración General de la Ciudad inició 21 causas por daños y perjuicios a 240 adultos responsables de estudiantes que tomaron escuelas, por un total de $61.045.571. Las causas tramitan ante el fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.
Hasta hoy, 67 adultos responsables de estudiantes ya han sido notificados de demandas similares por la toma de cinco instituciones educativas. Además, 13 padres de alumnos de otras tres escuelas están en proceso de notificación, y se seguirán sumando nuevos procesos “a medida que vayan siendo ordenados por cada uno de los jueces”, indicaron desde el Gobierno porteño.
“Le llegó a mi vieja una demanda por una suma de casi 3 millones de pesos en forma de ‘resarcimiento’, porque el año pasado tomamos el colegio junto a compañeres del ESEA Manuel Belgrano y estudiantes de otros colegios. Entre distintas cosas, nos demandan por daños y perjuicios”, posteó en su cuenta de Instagram Juana, una de las alumnas cuyas familias fueron demandadas por el Gobierno porteño.
La demanda lleva la firma de Valeria Patricia Ale, abogada del Gobierno de la Ciudad, y de Daniel Mauricio Leffler, director general de Responsabilidad y Contrataciones del Gobierno porteño. En su posteo, la alumna denunció “persecución a los derechos estudiantiles de protesta” y aseguró que durante la toma los estudiantes se dedicaron a “pintar la fachada del colegio, limpiar y pintar baños, pintar las aulas, mantener el colegio limpio y ordenado”.
“Es nuestra obligación como adultos enseñarles a nuestros hijos y a los estudiantes el concepto de responsabilidad y la idea de que las acciones tienen consecuencias. Desde el principio advertimos que si las familias acompañaban a sus hijos menores de edad en la toma de escuelas, eran ellos los que iban a tener la responsabilidad de pagar por esas consecuencias”, dijo Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad.
La cifra reclamada surge de estimar el valor correspondiente al pago de salarios del personal docente por cada día sin clases por la toma de la escuela, explicaron desde el Ministerio de Educación. También señalaron que “el salario de los docentes es una inversión que se realiza con la contribución de todos los vecinos” y que el servicio educativo se vio interrumpido “por acciones ilegítimas ante la falta del ejercicio de la responsabilidad parental de los adultos”.
Desde el Ministerio de Educación porteño explicaron que las Pautas para la Convivencia Escolar aprobadas en 2018 establecen cómo debe actuar el equipo de conducción en caso de producirse la toma de una escuela de gestión estatal.
De acuerdo con esas pautas, “las conducciones escolares se comunicaron con los padres o responsables adultos de los alumnos, a fin de que procedan a retirarlos de la institución”, informándoles que mientras durara la situación de toma, la responsabilidad sobre el estudiante, “así como por los daños que pudieren producirse, recaerá exclusivamente sobre el adulto que ejerza la responsabilidad parental”.
Desde el Gobierno porteño argumentan que las tomas no solo impidieron el normal dictado de clases, sino que además implicaron “la pérdida de gobierno por parte de las máximas autoridades escolares, o sea el equipo directivo”.
Además, acarrearon “como consecuencia patrimonial concreta para el GCBA, la erogación de múltiples horas cátedra que no han podido ser dictadas, esto se traduce en el sueldo que se abona a los docentes para brindar el servicio educativo”.