Era lunes a mediodía cuando Juana -que no es Juana- entró al baño de mujeres del sexto piso de la sede central del Registro Civil. Un parpadeo azul, que se escapaba por un agujero en el techo, la inquietó. Intentó acercarse lo más que pudo, recordó que ese hueco no estaba, que ahí había un panel, que algo raro ocurría. Llamó a su compañera Luisa -que no es Luisa- juntas le sacaron fotos con la cámara del celular a la luz, quizás pensaron que con una imagen en la pantalla descubrirían qué era. No pudieron. Una decidió ir a buscar una silla, ubicarla en el medio del baño, subirse, llegar con sus manos al destello azul. En el borde de otro panel, pegado con una cinta aisladora, encontró un objeto negro: una mini DV videocámara y grabadora de voz con una tarjeta SD de 2 Gigas. Un ojo tecnológico que había estado filmándolas.
Detrás del acoso estaba Adrián Alberto Gargiulo, el casero del Registro Civil. Un hombre que había heredado el puesto de su padre, quien, a su vez, había llegado a ese rol en reemplazo de un casero histórico, con más de 30 años en la sede. Gargiulo vivía en el Registro Civil junto a su madre. Dos dormitorios, un comedor, una cocina, un lavadero y una terraza estaban a su disposición. Hasta entonces todos desconocían que también hacía uso y abuso del baño de sus compañeras de trabajo. Lo descubrieron el 15 de junio de 2015, a través de Juana y Luisa. Lo confirmó la Procuración General de la Ciudad y la Justicia porteña, que la semana pasada difundió el rechazó a su medida cautelar contra la resolución del Gobierno de cesantearlo de su puesto.
El objeto que usó para espiar fue el camino para llegar a él. Ese lunes de junio, Luisa y Juana avisaron a sus superiores. En una oficina del Registro Civil conectaron la cámara a una computadora. Reunidos frente a la pantalla, vieron un inodoro en plano. Entendieron que la cámara tenía una ubicación estratégica. Entre los archivos de ese día encontraron además una grabación en la que se veían dedos gruesos, dedos de hombre, dedos que aparecían en forma involuntaria, como si estuviesen ahí sólo para acomodar la cámara. Pero había más: a los segundos, apareció una silueta. Un cuerpo cubierto por una camisa clara, un pantalón gris y zapatos negros, que saltó de la mesada de la pileta de baño al suelo, que caminó hasta el inodoro, tiró el botón y salió. En ningún momento se le vio la cara.
La entonces directora del Registro Civil, Ana Lavaque, pidió la grabación de una cámara de seguridad oficial que tenía en su campo de observación la puerta del baño de mujeres. Ahí, ese mismo día, antes de que aparecieran las empleadas, se lo ve a Gargiulo saliendo, vestido del mismo modo que aquella figura retratada por la cámara oculta. Juana y Luisa lo reconocieron, las autoridades también. “No caben dudas de que se trató del inculpado”, figura en los papeles del Ministerio de Gobierno. Pero Gargiulo siempre lo negó. En la declaración indagatoria dijo que “no se consideraba culpable porque no puso la cámara filmadora en el baño”. Aun cuando la Procuración General de la Ciudad dijo que estaba acreditada con certeza su acción, siguió insistiendo con su inocencia. Por eso, pidió a la Justicia porteña la suspensión de la cesantía, la vuelta a sus funciones y el pago de una indemnización. El 23 de noviembre la Sala I en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó la medida cautelar. El fallo se conoció la semana pasada.
Todo lo ocurrido con Gargiulo, así como su nombre y DNI, fueron publicados en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad, donde además de leyes, actos del Ejecutivo, se difunde jurisprudencia administrativa que sea de interés público y que sirva como elemento de consulta a los funcionarios de la Administración.
Fuente: Clarín