Con Cristina Kirchner como máxima autoridad del país hasta diciembre de 2015, el juez Julián Ercolini procesó y embargó a diez ex funcionarios y al empresario K, Lázaro Báez. No todos fueron embargados por la misma suma de dinero. La responsabilidad que según el Magistrado tuvo cada uno.
– Cristina Kirchner: procesada y embargada en $ 10.000 millones. En su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país.
– Julio De Vido: procesado y embargado en $ 10.000 millones. En su carácter de ministro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al adoptar decisiones económicas y administrativas.
– José López: procesado y embargado en $ 10.000 millones. En su carácter de secretario de Obras Públicas, entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de intervenir en todo lo inherente a la DNV, organismo descentralizado del ámbito de su competencia.
– Nelson Periotti: procesado y embargado en $ 10.000 millones. En su carácter de administrador general de Vialidad Nacional, entre el 28 de mayo de 2003 y hasta el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los fondos otorgados a la dirección a su cargo a través de las leyes nacionales de presupuesto, los decretos de necesidad y urgencia, las reasignaciones de partidas presupuestarias de los jefes de gabinete, del ministro de planificación federal y de las propias, y de los del fideicomiso creado por el Decreto PEN nro. 976/01.
– Carlos Kirchner: procesado y embargado en $ 10.000 millones. En su carácter de titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 28 de julio de 2005 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al omitir cumplir con los deberes a su cargo, que incluían, entre otras funciones, la coordinación entre las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados, en materias vinculadas con obras de infraestructura vial integral; y la aprobación y control del efectivo cumplimiento de los proyectos del área de Planificación.
– Lázaro Báez: procesado y embargado en $ 10.000 millones. Entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia.
– Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, y Raúl Pavesi: procesados y embargados en $ 2.500 millones. Desde 2007 fueron los diferentes presidentes de la la dirección de Vialidad Provincial de Santa Cruz, acusados de haber intervenido en algunos procesos de licitación en los que se asignó obra pública vial en la mencionada provincia al conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez cuando los respectivos procesos se caracterizaron por la concurrencia de múltiples irregularidades.
– Raúl Santibáñez: procesado y embargado en $ 2.500 millones. En su carácter de presidente de Vialidad Provincia entre el 28 de febrero de 2013 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses que le fueron confiados al permitir que las empresas de Báez no cumplieran en tiempo con los términos que originalmente se estipularon en la mayoría de los contratos de obra pública vial, lo que habría generado que el Estado nacional debiera pagar sumas de dinero por encima de los montos que correspondían para las obras que se llevaron a cabo.
– Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, los últimos dos presidente el Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz: procesados y embargados en $ 2.500 millones. Habrían realizado un aporte imprescindible al continuar el trámite de los procesos licitatorios irregulares llevados adelante por la AGVP de Santa Cruz -mediante la convalidación expresada en la nota de elevación a la Gerencia de Obras y Servicios Viales de esa dirección nacional- para su homologación; omitir ejercer la supervisión de las obras públicas viales financiadas con fondos del tesoro nacional que se le atribuyeron al conglomerado empresarial de Lázaro Antonio Báez y se ejecutaron en esa jurisdicción, y al intervenir en los procesos de pago al emitir y firmar certificados de obra utilizados con posterioridad por dichas empresas para solicitar los desembolsos correspondientes.
Fuente: Clarín