Este martes un agricultor que desarrolla su actividad en Chilcas, Burruyacu, sufrió el incendio intencional de 60 hectáreas sembradas con trigo, cuando ya estaban listas para la cosecha. Poco después la misma finca sufrió un nuevo ataque perdiendo otras 130 hectáreas del cultivo con el mismo mecanismo y sin noticias sobre los posibles autores.
“Al ocurrir el primer hecho, la Policía tomó intervención a las pocas horas y se siguió el caso con algunas visitas para corroborar la situación y mantener el contacto con los afectados”, contó Luis Castaña, jefe de la división de Delitos Rurales de la Policía.
El miércoles antes del mediodía un móvil también visitó el lugar, pero los efectivos debieron atender otras llamadas. “Después de irnos, alrededor de las 13, los encargados nos avisaron sobre una segunda quema. El caso fue informado a la comisaría de Burruyacu y estamos trabajando para esclarecer ambos hechos. En el segundo incendio sí se mencionó a algunos sospechosos”, detalló.
En lo que hace a delitos rurales, la quema de tierras es algo lamentablemente habitual y deviene en varios efectos negativos, no solo por las pérdidas productivas y económicas de los cultivos sino también por el efecto destructivo que generan sobre el suelo y el aire.
“Por la modalidad de los incendios en años anteriores presumimos que eran producto de alguna negligencia. Por ejemplo, a veces ocurre que alguna persona prende fuego para lograr calentarse hasta que pase un colectivo u otras situaciones así, en las cuales por descuido no se apaga bien. Luego el viento hace que las cenizas o restos de material ingresen a los lotes. Sin embargo, estamos preocupados porque en muchos existe la intención de hacer daño”, señaló Roberto Palomo, vicepresidente de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).
El dirigente afirmó que también son frecuentes -cada 15 o 20 días- los reportes sobre robos de agroquímicos o el ingreso a los galpones de las fincas para sustraer cubiertas, equipos de riego o herramientas de trabajo. “Además hay quienes roban directamente las frutas o los granos para luego vendernos en las calles. Eso ocurre bastante, por ejemplo, con los limones, así que nunca está de más que los compradores presten atención”, añadió.
Entre las situaciones más violentas registradas este mes se encuentra el ataque que sufrió el comerciante “Tito” Décima. A principio de mes, el hombre fue brutalmente atacado por tres ladrones que buscaban extraer dinero de su bazar. Tras recibir varios golpes y ser atado, los delincuentes ingresaron al domicilio de Décima para robar algunos bienes valuados en un monto aproximado de $20 millones. Luego de la golpiza, el propietario quedó inconsciente por alrededor de 10 horas en la galería de su casa hasta que recibió atención médica.
Ante cualquier alerta o posible situación de riesgo, uno de los principales factores que entorpece la respuesta policial es la extensa distancia que hay entre las fincas y la superficie total de cada terreno.
“Hay que destacar la buena predisposición y voluntad de los efectivos y encargados de delitos rurales, ya que se toman el tiempo de visitar a los damnificados y brindar contención. No obstante, el problema es que las tareas de investigación son muy poco productivas, no suelen arrojar resultados favorables y en una buena parte de las denuncias tampoco se logra encontrar a los responsables”, detalló Palomo.
Para intentar resolver la situación, en los últimos años muchos de los productores rurales han decido invertir en sistemas de cámaras de vigilancia continua, alarmas y otros recursos de seguridad.
“El material fílmico grabado se presentó como evidencia, pero incluso así no alcanza para agilizar las investigaciones. Las zonas rurales son extensas, hay kilómetros y kilómetros de tierras que quedan sin supervisión durante la noche, propietarios que no están permanentemente en el mismo espacio y hasta una falta de conectividad o señal. Con esas condiciones las tareas de prevención son difíciles”, aseguró el refrente de Apronor.
En otras instancias, el aletargamiento de la Justicia complica las resoluciones satisfactorias, en especial ante la demora o el rechazo de pedidos de allanamiento a viviendas u otros posibles sitios en los cuales ocultar los productos robados.
“El incremento en la cantidad de móviles y de recursos humanos de campo han permitido que lleguemos con más prontitud y asistamos mejor a los damnificados. También se mejoró en los últimos años el contacto con los vecinos o propietarios para hacer un seguimiento o recibir notificaciones de algún posible delito. Las distancias que hay entre terrenos son grandes y eso vuelve el panorama más completo, pero de a poco estamos logrando llegar a los territorios más profundos del noroeste de la provincia de una manera efectiva”, expresó Castaña.
Como reacción a una solicitud de muchos de sus socios y de productores en general, en 2020 la Sociedad Rural de Tucumán (SRT) elaboró una “Guía práctica para las denuncias en el ámbito rural”. El texto brinda información (sobre legislaciones vigentes, modelos de denuncias y cómo actuar al momento de un robo o asalto) para mejorar el acceso a la Justicia a cualquier productor que haya sido víctima de un delito en el ámbito rural y que afecte a las actividades agrícolas y ganaderas.
fuente: contexto