La audiencia de imputación debía ser un mero trámite, pero uno de los policías detenidos por intento de sedición en medio de un reclamo salarial, se quebró y reveló detalles sobre la forma en que se estaban organizando para concretar la protesta.
La reacción del uniformado aceleró el avance de la causa que llevan adelante las fiscales Mariana Rivadeneira y Susana Cordisco, originada a partir de la denuncia que el propio jefe de Policía Joaquín Girveaux radicara el 24 de febrero último, luego de conocer el contenido de las conversaciones registradas dentro de un grupo de WhatsApp.
En un primer tramo de la investigación, fueron detenidos el empleado municipal Carlos Alberto Córdoba, y los policías Walter Federico Moreno, Juan Eduardo Adrián Chebbib, Héctor Eduardo Coria y Víctor David Graneros, siendo este último el creador del grupo desde el cual trascendieron los mensajes que pusieron en alerta a las autoridades de Seguridad.
Pocos días después también se detuvo al abogado Gustavo Morales, autor de un mensaje de audio en el que ofrece sus servicios a los conspiradores que ostenten “fines nobles y que estén relegados por una superioridad corrupta, aquí estoy”.
El letrado salió en libertad al día siguiente, pero el resto de los detenidos en primera instancia siguen con prisión preventiva.
Más adelante, las investigadores obtuvieron una orden de detención contra otros cinco policías en actividad: Sergio Ponce, Diego Armando Ibarra, Raúl Isaac Coronel, Ramón Eduardo Cabrera y Luis Marcelo Rivadeo.
El viernes, fueron llevados a una audiencia, pero sólo tres de los nombrados decidieron declarar. Y fue Rivadeo rompió el silencio y, entre lágrimas, aportó más datos sobre lo que buscaban los efectivos que impulsaban la protesta salarial.
“Lo primero que quiero decir es que me siento afectado en mi honor por esta acusación”, afirmó. “Lo único que queríamos hacer es elaborar un petitorio para ser presentado ante las autoridades. Por eso estábamos buscando un abogado para que nos brindara asistencia legal. Jamás pensamos en hacer algo que no sea pacífico para afectar al pueblo tucumano”, agregó.
Antes, la auxiliar fiscal Brenda Deroy, repasó los mensajes que habían enviado los acusados antes de que se desactivara la revuelta policial, en los que arengaban para imitar a sus pares de otras provincias que habían realizado protestas y recordaban que la única vez que fueron escuchados fue con las huelgas realizadas en 2011 y 2013, siendo esta última la más recordada por haber sumido a Tucumán en varios días de terror, anarquía y muerte.
El abogado defensor de Rivadeo también habló sobre lo que describió como el lado del caso. “La única frase que encuentro rescatable de Karl Marx es: ‘el hambre enloquece’. No veo delito alguno para que acusen a estas personas”, sostuvo Luis Benedicto.
“Acá hay una cuestión política. Esta gente pretendió reclamar por mejores ingresos, como lo puede hacer cualquier trabajador. Hay una decisión política de encerrar a todos los que decidieron reclamar por algo justo. Ese es el lineamiento del Poder Ejecutivo que es acatado a rajatabla por el Ministerio Público”, afirmó.
La funcionaria judicial pidió prisión preventiva para todos por 90 días. “Son efectivos que querían acuartelarse y rebelarse a las autoridades para provocar desorden y caos como en 2011 y 2013 en la provincia”, expuso.
“Es un hecho institucional grave donde se fomentó la posibilidad de un golpe al orden establecido por lo que nuestra posición es inclaudicable”, aportó Nicolás López Duchén, representante del Gobierno en su condición de querellante.
Los defensores rechazaron el pedido porque consideraban que se estaba violando el derecho de expresión y consideraron que se había roto la intimidad al considerar que se extrajo información de un grupo de WhatsApp que era privado, sugiriendo además que no se consideró el contexto de los mensajes.
El juez Alejandro Valeros sólo dictó la prisión preventiva para Ibarra y Cabrera, quien permanecerá en su domicilio por padecer dengue, mientras que a Ponce y Rivadeo les aplicó arresto domiciliario, medida que se extenderá por 35 días y que no alcanzará a Coronel, libre de circular aunque vinculado aún al sonado proceso.