La notoria falta de inversiones, que se traduce en un deficiente servicio eléctrico, da fuerza al proyecto de ley presentado por el legislador radical Ariel García, en el que se propone reestatizar el servicio bajo la figura de una SAPEM.
La iniciativa de García, actual vicepresidente 2º de la Cámara, no implicaría una erogación monetaria por parte del gobierno provincial, porque el próximo 5 de junio vence la concesión del 51% de las acciones de la empresa prestataria del servicio eléctrico, por lo que el Estado podría avanzar en la propuesta de quedarse con ese porcentaje de representatividad, dejando de ese total un 10% de participación de los empleados para garantizar la estabilidad laboral, mientras que el 90% restante sería manejado por la provincia.
La opinión pública tucumana se expresó en apoyo a la iniciativa, quizás por el cansancio que genera un servicio ineficiente, una gestión alejada de los intereses de los usuarios y despreocupada por los perjuicios que causa, y la falta de un control eficiente por parte del organismo creado a tal efecto.
Una de las claves, subrayada por el autor del proyecto, es la falta de responsabilidad social de EDET SA, por cuanto los perjuicios que los cortes de energía acarrean a la salud de las personas, en especial a niños y adultos mayores; la pésima atención al cliente a través de un sistema de contestadores automáticos; la falta de compensación en las facturas de las interrupciones de servicio que sufrió el usuario; la angustiante situación en centros urbanos muy poblados, lo que hace suponer el estado del servicio en el interior provincial; y la lentitud con la que se procesan los daños a electrodomésticos, que son de uso diario y esencial.
El proyecto contempla la creación de una SAPEM, que se llamaría Empresa “Energía de Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (ET SAPEM) y se fundamenta en la precariedad del servicio y en la falta evidente de inversiones realizadas por la empresa EDET SA. “Es un problema de larga data y que a la luz de los acontecimientos no parece vislumbrase soluciones por parte de los responsables (en nuestra provincia la empresa EDET SA) quienes sólo justifican su falta de inversiones tecnológicas necesarias para mejorar el servicio en falacias, las que no deben sostenerse ni mucho menos aceptarse desde el estado, pues es éste el garante de los derechos de los ciudadanos” reza un fragmento de la iniciativa, que sería similar a la aplicada por el Gobierno nacional en la estatización de YPF.
DATO: El proyecto del legislador radical Ariel García es el primero de 2017 y tiene el número de expediente 01-PL-17.