El ministro de Justicia dejó sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. De esa manera, se suspendió la suba de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros, que venían congelados desde octubre del año pasado.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio marcha atrás con los aumentos que se habían otorgado para los trámites que se realizan en los Registros del Automotor. Según fuentes oficiales, el funcionario firmó esta noche dos resoluciones y de esa manera suspendió las subas.
Por un lado, el ministro dio de baja el aumento de los formularios, que ya se habían aumentado en enero de este año. “La Subsecretaría de Asuntos Registrales entendió oportuno revisar las referidas modificaciones, toda vez que, incluso sin ellas, se mantiene el correcto funcionamiento del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera instaurado las Leyes Nros. 23.283 y 23.412″, dice la resolución.
El argumento para aumentar había sido la inflación. Ahora la norma dice que “hay fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses”.
Mediante otra resolución, de apenas dos carillas, Cúneo Libarona dio marcha atrás con los aumentos de los ingresos que perciben los encargados de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado. Técnicamente se los conoce como “emolumentos”.
En ese caso, además de la supuesta baja de la inflación la resolución habla de “una disminución de trabajo” de los registros.
Mediante otra resolución, de apenas dos carillas, Cúneo Libarona dio marcha atrás con los aumentos de los ingresos que perciben los encargados de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado. Técnicamente se los conoce como “emolumentos”.
En ese caso, además de la supuesta baja de la inflación la resolución habla de “una disminución de trabajo” de los registros.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CHDTSNXWXVAYFB3SEDJ5ZAZT4U.jpg){kind=small}
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3AO4PPI4F5AGVBWIUCAVXEOKME.jpeg 420w)
El gremio que representa a los encargados venía reclamando hace tiempo que se suban los emolumentos. “Han transcurrido ya más de tres meses y no hemos tenido ningún tipo de contacto que permita vislumbrar una pronta medida que al menos ayude a paliar en parte el desfinanciamiento que venimos padeciendo. Ninguna autoridad del Ministerio a su cargo tomó contacto con nosotros encontrándonos además de la crítica situación económica con un estado de incertidumbre acerca del devenir”, expresó la Asociación de Encargados de registros (AAERPA) hace diez días en una nota enviada al ministro de Justicia.
Esa misma nota, a la que tuvo acceso este medio, planteaba que la situación era “insostenible” y remarcaba que había generado renuncias de encargados y despidos de empleados. “Trabajadores generalmente muy calificados, que cabe agregar, lleva años capacitar y preparar al equipo registral por la complejidad de la materia y la dosis de confianza necesaria que conlleva la modalidad de trabajo”, destacaba.
Aunque los emolumentos estaban frenados desde octubre, Cúneo Libarona suspendió esta noche el aumento que había otorgado el viernes pasado, aunque la resolución recién se publicó este martes en el Boletín Oficial. “Luego de evaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy”, confirmó el ministro a través de su cuenta de X.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UAZYDPRDIJCW5OALNE63BISEMM.jpg 420w)
Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites que se realizan en los registros, pero ese proceso todavía no se concretó. Los cambios figuran en el DNU que desregula la economía. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.
Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron en ese momento desde la cartera de Justicia.