El pasado jueves, el Gobierno de la Provincia por orden del gobernador Osvaldo Jaldo puso en vigencia el decreto 1.290, luego de que por dos días se viralizaran videos de estudiantes secundarios protagonizando tumultuosas peleas en las calles del centro tucumano.
El documento autoriza al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias, con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial.
“Era necesaria la acción del Estado y no una reacción del Gobierno para evitar situaciones lamentables que ya vivimos en el pasado”, explicó el mandatario a 48 horas de que las medidas entraran en vigencia y tras un viernes donde se vio un gran despliegue policial en algunos puntos de la Capital con el objetivo de que no haya hechos de violencia.
Y remarcó: “No vamos a retroceder con las medidas preventivas. A esto había que darle un corte definitivo”.
La firma del decreto generó voces en contra, en especial de organizaciones de derechos humanos como la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Nación advirtió que, tal decreto provincial, podría causar una condena regional e internacional al Estado argentino, que derivarían en sanciones al país “por cuanto se trata de medidas inconstitucionales y violatorias del derecho internacional de los derechos humanos”, especialmente de esa franja etaria.
En respuesta a estos cuestionamientos, Jaldo reafirmó su postura: “Lo que hicimos en Tucumán es defender la vida con acciones preventivas adoptadas por un Gobierno responsable y presente”. “Las disposiciones son para no lamentar la pérdida de un niño y las lágrimas de una madre”, aseguró.
La Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, explicó que “todas las leyes que protegen a los menores de edad solo permiten la aprehensión por razones de haber provocado una situación de gravedad, en este caso pública, que amerite la aprehensión. Después el juez tomará las decisiones del caso”.
En cuanto a la instrucción que sanciona a los padres dijo: “Esta es una norma de carácter administrativo, tiene que ver con la educación, con la policía y con los empleados públicos cuyos hijos están en situaciones de conflicto social. Tenemos medidas persuasivas para que los padres tomen cartas en el asunto, tenemos el caso de un joven que ha participado de estos eventos y cuyo padre pertenece a la administración pública”.
Jaldo tiene previsto reunirse mañana con Pedicone de Valls y también con Nazur, con el fin de continuar analizando las acciones emprendidas.
“Esto no terminó”, manifestó el gobernador, dejando en claro que la División de Delitos Telemáticos de la Policía de la Provincia no ha dejado de investigar los mensajes que se enviaron entre estudiantes los días previos a la gresca, así como tampoco los grupos de WhatsApp donde se convocaba a las manifestaciones callejeras.