Desde que el primer y polémico proyecto presentado este año en la Cámara tuvo difusión, la opinión pública tucumana se encuentra en debate. Sin embargo, la reestatización del servicio eléctrico en la provincia, propuesta por el legislador radical Ariel García, no le costaría ni un centavo a las arcas públicas y pondría fin a las falencias en el servicio.
No hay que romper el chanchito. Con esa expresión popular, podemos ilustrar el procedimiento que podría permitir a la provincia tomar más protagonismo y responsabilidad en lo que hace al servicio eléctrico. Sucede que el proyecto de ley, presentado por el vicepresidente 2º de la Cámara, el legislador radical Ariel García, contempla la reestatización del servicio mediante la conformación de una SAPEM, o sea una empresa en la que haya participación estatal y privada, al igual que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) o Canal 10, en mayor o menor medida de participación accionaria. En el caso de EDET SA, en el último tramo de la gestión de José Alperovich, se renovó por espacio de 99 años la concesión del paquete minoritario de acciones (el 49%); pero el 5 de junio próximo se debe proceder a la readjudicación de la concesión del paquete accionario mayoritario (el 51%), como consecuencia del vencimiento de la prórroga de un año, solicitado en 2016 en medio del escándalo por los tarifazos y las medidas cautelares que intentaban frenarlos.
Esa es la fecha que el parlamentario radical, autor del proyecto, considera clave para avanzar en la constitución de una SAPEM, que se denominaría “Energía de Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (ET SAPEM). La idea sería retomar el control de ese 51% del paquete accionario total por parte del Estado y darle de esa porción mayoritaria, el 10% a los empleados de la empresa, a fin de garantizar la estabilidad laboral, en tanto que el 90% restante sería manejado por el Estado.
De desarrollarse las acciones según el proyecto del parlamentario radical, la creación de la nueva empresa con participación estatal mayoritaria no implicaría erogación alguna de las arcas públicas, sino simplemente recobrar el control de las acciones y evitar su concesión como en el caso del paquete minoritario (49%) concedido por el ex gobernador José Alperovich.
Fundamentos contundentes
Las razones que argumentan el pedido de reconversión de la empresa que presta el servicio de electricidad, se fundamentan en la falta de inversiones, que se refleja en el deficitario servicio y en los continuos cortes de energía que padecen miles de tucumanos en este verano de altas temperaturas.
“En cada incremento tarifario se invoca la necesidad de realizar inversiones, pero resulta que éstas no se realizan. Tenemos que acabar con esta falacia, en bien de los usuarios tucumanos que ponen en riesgo su salud, seguridad y el contar con un servicio por el cual pagan demasiado”, sostuvo el parlamentario Ariel García al ser consultado telefónicamente por Diario Cuarto Poder sobre las repercusiones de su iniciativa.
Respecto de la reacción de la gente, consideró que “se trata de algo lógico. Los tucumanos estamos cansados de repetir la misma historia todos los veranos, mientras que el resto del año el servicio no se diferencia demasiado en materia de calidad. Si no es por las altas temperaturas y el uso de aires acondicionados, es por las bajas temperaturas y los calefactores eléctricos, siempre tienen una excusa, pero de inversiones no se habla”.
Tratamiento en comisión
El proyecto elevado por García, y que ha tenido un impacto positivo en la opinión pública provincial, aún tiene que ser considerado por la respectiva comisión parlamentaria, que le tiene que dar dictamen para su tratamiento en el recinto de deliberaciones. Para ello habrá que esperar que se reactive el trabajo en el Poder Legislativo, porque en el presente existe una guardia de legisladores, pero hay muchos que se encuentran de vacaciones. Se espera que los representantes del pueblo se hagan eco de la necesidad de replantear el servicio eléctrico en la provincia. El proyecto de García es el primero que se presentó este año, justamente el 6 de enero pasado, en coincidencia con la festividad de los Reyes Magos.
La reformulación del sistema de contralor
Una de las cuestiones que surgieron a partir de la presentación del proyecto de reestatización del servicio eléctrico en la provincia, es la que tiene relación con los controles de las empresas prestadoras de servicios. En ese sentido, se advirtió que la reestatización y reconversión de la empresa en una SAPEM, con participación estatal mayoritaria, no garantiza que se mejoren los mecanismos de control y de sanción a los incumplimientos de las empresas. Pusieron de ejemplo el caso de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), que es una SAPEM, y que no presta un servicio eficiente. También señalaron la falta de respuesta a los usuarios por parte del organismo de control en el caso de las muchas quejas que origina la propia EDET SA.
Consultado sobre esta cuestión, el autor del proyecto de ley señaló que se deben reformular las condiciones de contralor, en especial las que hacen al financiamiento en el funcionamiento de ellos, que en el presente dependen de la empresa que tienen que controlar. “Hay que cambiar esa situación incoherente”, sostuvo.