La decisión responde a la alarma causada por el descomunal aumento de casos de adolescentes que alegan malestar de género y por un informe lapidario sobre los efectos de los bloqueadores de pubertad y la hormonización de menores.
El Ministerio de Educación británico publicó esta semana una nueva guía para las escuelas y colegios de Inglaterra que limita los contenidos que pueden dictarse en las clases de Educación sobre Relaciones, Sexo y Salud (RSHE, por sus siglas en inglés, es el equivalente a la Educación Sexual Integral, ESI).
El concepto de identidad de género, dicen las autoridades, es “una teoría controvertida”, y no debe enseñarse en las escuelas, donde sólo hay que impartir contenidos con fundamento científico.
La nueva guía fija además una edad mínima para recibir charlas de educación sexual. Antes de los 9 años, los niños no recibirán ninguna clase de RSHE, mientras que a partir de esa edad, los contenidos se limitarán a información sobre la concepción y el nacimiento.
Recién desde los 13 años, se podrá brindar información más “explícita”, es decir, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual y su prevención, aborto, e incluso temas más espinosos como pornografía y violencia sexual. También se podrá debatir en secundaria sobre cambio de género, pero, aclaran desde el gobierno, “es importante que las escuelas adopten un enfoque cuidadoso a la hora de enseñar este tema delicado y no utilicen material que presente opiniones controvertidas como si fueran hechos”.
La guía admite además un reclamo de las familias: facilita el acceso de los padres a los materiales que se usen en las escuelas en RSHE y, en ciertos casos, permite que los padres se nieguen a que sus hijos asistan a estas clases.
Estas medidas, obedecen a una demanda del Partido Conservador, al que pertenece el actual primer ministro, Rishi Sunak, pero también a quejas de los padres sobre “contenido inapropiado” en algunas escuelas. “Los padres confían en que cuando envían a sus hijos a la escuela, están seguros y no serán expuestos a contenido perturbador para su edad”, dijo el Premier británico.
Las nuevas disposiciones también ponen fin a la obligación de docentes y directivos de escuelas y colegios de aceptar la llamada “transición social” de los menores. Los profesores ya no tendrán que utilizar nombres y pronombres del sexo contrario al del alumno, a la sola demanda de éste.
El Gobierno considera que la educación sexual no puede basarse en la “ideología de género” sino en conocimientos científicamente validados.
El Ejecutivo advierte además del peligro de exponer a los niños a material sensible desde muy temprana edad y apunta contra el concepto de identidad de género y sus peligrosas consecuencias entre los adolescentes.
El Gobierno británico publicó esta nueva guía tras recibir el Informe Cass, un estudio independiente que duró 4 años, dirigido por la pediatra Hilary Cass, y consistió en una “Revisión independiente de los servicios de identidad de género para niños y jóvenes”, y cuyos resultados llevaron a las autoridades a prohibir el uso de bloqueadores de pubertad. La disforia adolescente será tratada en adelante con psicoterapia, dado que el Informe, además de demostrar que no existe suficiente evidencia científica acerca de los efectos secundarios de los tratamientos con bloqueadores y de la hormonización cruzada, confirmó que en la mayoría de los casos el malestar de género está acompañado de trastornos mentales.
El gobierno también sostuvo que lo correcto en materia de educación sexual es adoptar un “enfoque cauteloso” y evitar contenidos que presenten como hechos puntos de vista que en realidad son todavía objeto de controversia, como el hecho de que el género es un espectro. Es decir, negar el binarismo sexual y sostener que existe toda una gama de identidades sexuales a elección.
La secretaria de Educación, Gillian Keegan, dijo que “el sexo biológico es la base de la educación en relaciones, sexo y salud, no estas opiniones controvertidas”. “Hay muchos puntos de vista discutidos en este tema de identidad de género, de ideología de género”, agregó.
Como sucedió con el impactante Informe Cass -que derribó los supuestos fundamentos científicos de la inocuidad de la transición hormonal de género-, tampoco esta vez hubo reacción ni comentario alguno por parte de las autoridades argentinas, tanto nacionales como provinciales, cuando en nuestro país no sólo tenemos una Ley de Identidad de Género ultra permisiva, que admite la hormonización y hasta la cirugía en menores, sino que además se pretende impartir a través de la ESI contenidos totalmente inapropiados para niños desde los 4 años, con un enfoque basado en la ideología de género o doctrina queer (esto está dicho explícitamente en los documentos oficiales, por ejemplo, de la Dirección General de Educación de la provincia de de Buenos Aires), es decir, puntos de vista polémicos y sin validez científica.
El titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, repite cada vez que puede que la Ley lo autoriza a transmitir conocimiento científicamente validado en materia de educación sexual: “Siempre decimos que preferimos la ley, nos manejamos con la ley”.
Pero si algo no hay en los contenidos de la ESI bonaerense es un “enfoque cauteloso” ni en contenidos ni en edades, como sugieren las autoridades británicas. Todos los textos literarios -cuentos, novelitas o historietas- propuestos para el tratamiento de esta temática versan sobre amor homosexual, niños en transición de género, identidades autopercibidas, etc. La concepción y el nacimiento brillan por su ausencia.
“Las escuelas no pueden ser gobernadas por creencias o percepciones”, dice sin embargo Sileoni. Y tiene razón. Pero que una escuela deba aceptar sin más trámite la “autopercepción” de género de un niño de 7 o de un adolescente de 12 que de pronto dice ser del sexo opuesto (como lo dispone la actual Ley Trans) es algo basado en “creencias o percepciones”, antes que en la ciencia.
En cuanto al Informe Cass, la desatención local es grave. Se trata de una revisión de cómo encaró el Servicio de Salud Inglés el tratamiento de menores con disforia de género, desde 2020 en adelante. Sus conclusiones fueron publicadas el mes pasado. En el período estudiado, “los bloqueadores de la pubertad pasaron de ser un protocolo de investigación a estar disponibles en la práctica clínica de rutina”, y empezaron a ser administrados a grupos cada vez más amplios de pacientes, a pesar de que, como constató el equipo de investigadores, no había suficiente evidencia científica sobre los posibles efectos secundarios de esos tratamientos y la posibilidad de revertirlos.
“La adopción de un tratamiento con beneficios inciertos sin un mayor escrutinio es un alejamiento significativo de la práctica establecida”, dice el informe. Es decir, que todos los tratamientos hechos hasta ahora con bloqueadores de pubertad han sido experimentales. Se ha estado experimentando con menores.
Esos mismos protocolos se aplican a niños y adolescentes en la Argentina desde la sanción de la Ley de Identidad de Género (2012), pero aquí no hay comisiones investigadoras. Entre las consecuencias de los tratamientos con bloqueadores de pubertad, están el menor crecimiento, la descalcificación y en consecuencia la osteoporosis temprana, la atrofia de los órganos genitales (con sus probables efectos limitantes sobre la vida sexual y la fertilidad futuras), etcétera, etcétera. No son creencias, es ciencia.
Mientras que en Inglaterra, luego de este informe, las autoridades prohibieron el suministro de bloqueadores de pubertad a los niños, y dispusieron que la disforia en estos casos se trate con psicoterapia, y ahora avanzan sobre los contenidos “perturbadores” de la ideología de género transmitidos vía ESI, en Argentina los funcionarios parecen ajenos a esta problemática y sus consecuencias. A pesar de que involucra a menores.