Comienza hoy el juicio oral contra Juan Alberto Cerisola, ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), acusado por administración fraudulenta de regalías mineras recibidas por la UNT entre 2006 y 2009. También serán enjuiciados sus ex funcionarios Luis Fernando Sacca -ex subsecretario administrativo-, Olga Graciela Cudmani -ex directora de Construcciones Universitarias- y Osvaldo Venturino -ex director de Inversiones y Contrataciones-.
La causa se relaciona con el manejo de unos $ 353 millones (alrededor de U$S 85 millones al cambio de entonces) recibidos durante ese período por la UNT en concepto de utilidades de la minería. La UNT es dueña -junto a Catamarca- de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), formada por la Ley N° 14.771 en 1958, para administrar el yacimiento Aguas de Dionisio, rico en manganeso, en oro y en plata. Este había sido descubierto en 1936 por el explorador Abel Peirano, quien legó sus derechos de explotación a la UNT. La ley estableció que las utilidades del yacimiento debían repartirse en un 60% para Catamarca y un 40% para la UNT; la parte de la casa de Terán debía destinarse a concluir la ciudad universitaria, que había sido iniciada a partir de 1948 en San Javier y en Horco Molle durante el rectorado de Horacio Descole. Una vez concluida, dice el artículo 18 de la norma, ese 40% de regalías debía dividirse en un 20% para las otras universidades del país y un 20% para la UNT, pero ya de libre disponibilidad.
En los años 90 se abrieron las posibilidades para la gran explotación minera en el país y en el caso de YMAD se concesionó su área a Minera Alumbrera, y comenzó a dar utilidades en 2003 y lo siguió haciendo hasta el inicio del cierre de la mina en 2014. Cerisola, que asumió como rector en 2006 y rigó la UNT hasta 2014, mediante tres resoluciones, organizó un plan de obras en distintas dependencias de la UNT, las comenzó a ejecutar con un régimen propio, por fuera de la Ley de Administración Financiera Nº 24.156, y acordó con YMAD, mediante acta del 2 de enero de 2008, declarar concluida la ciudad universitaria, con lo cual ese 40% de regalías que llegaran de la minería se debían repartir la mitad para las otras universidades y otra mitad para la UNT, ya de libre disponibilidad.
En 2014, Florencio Aceñolaza, entonces director de la UNT ante YMAD, reveló que debido a ese cambio con el acta de 2008 la UNT había dejado de recibir % 500 millones (unos U$S 110 millones de ese momento). Años después, en 2018, el acta de 2008 fue declarada nula por el Consejo Superior, y la UNT inició causa en la Justicia Federal en Catamarca para que se haga efectiva esa nulidad en YMAD.
En 2010 el arquitecto Ramón Eudal (fallecido en febrero pasado) denunció irregularidades en las obras y comenzó la investigación judicial, que llevaría a cabo el fiscal federal Carlos Brito. Hubo otra denuncia, del abogado Oscar López, ante la Procuración General de la Nación; se hizo una auditoría interna con la Sindicatura General de la Nación (Sigen); allanamientos para que Gendarmería inspeccione 20 obras y también intervino la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavados de Activos (Procelac).
Cerisola fue acusado de administración fraudulenta contra la administración pública, (incumplimiento de deberes de funcionario público), respecto de la realización y/o refacción de las 13 obras públicas, entre las cuales tuvo mucha notoriedad la refacción de la Facultad de Derecho. También fue acusado por las colocaciones financieras de los fondos provenientes de YMAD y por la disminución del porcentaje que debe recibir la UNT respecto del dinero proveniente de la minería.
Sacca fue acusado por administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público, respecto de las colocaciones financieras del dinero proveniente de YMAD.
Cudmani fue acusada por administración fraudulenta contra la administración pública respecto de la realización y/o refacción de las 13 obras.
Venturino, por administración fraudulenta contra la administración pública, en relación a una obra, la llamada 533 en el expediente, correspondiente a la Facultad de Derecho.
La defensa de Cerisola arguyó que la investigación “debió extenderse y profundizarse con relación a otras personas que forman parte de la comunidad universitaria” y que intervinieron el dictado de las tres resoluciones; que los fondos recibidos de la minería “no son fondos públicos, ya que no provienen del sistema presupuestario, es decir que no provienen del Tesoro de la Nación” y que eso fue convalidado “por la entonces vicerrectora y los miembros del Honorable Consejo Superior de la UNT”. En relación a las obras y los presuntos sobreprecios, dijo que “no intervino personalmente en ninguna de las fases de la contratación como tampoco de la ejecución de las obras”.
La defensa de Sacca, por su parte, alegó “inexistencia del delito imputado”, y sostuvo que “las colocaciones financieras, materia de investigación, pasaron por todos los organismos de control, en especial por la Dirección General de Administración de la UNT y por el Consejo Superior; sin que hayan formulado observación alguna al respecto”.
La defensa de Cudmani alegó que “nada tuvo que ver con la creación del ‘régimen’ “para las obras, hecho “previo dictamen favorable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, e intervención del entonces Secretario General de la UNT”. Agregó que Cudmani “estaría amparada por la causal de inimputabilidad, prevista en el art. 34, inc. 5 del Código Penal (obediencia debida)”; agregando que “si se apartaba de las órdenes de sus superiores resultaba pasible de sanciones”.
La defensa de Venturino espera la realización del proceso oral. Pidió que el tribunal de juicio estuviese compuesto por los tres jueces que corresponde.
El Tribunal Oral Federal se encontraba disminuido desde que se jubilaron los vocales Alicia Noli (2018) y Gabriel Casas (2021). El único que quedaba, Carlos Jiménez Montilla, pidió hace poco licencia por razones de salud e inició los trámites de jubilación. Para este juicio han sido reemplazados por jueces subrogantes: Jorge Alejandro Basbús y Ana Carina Farías, de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca.
Por la acusación intervienen el fiscal federal Pablo Camuña y el querellante por la UNT, Rodolfo Burgos; por las defensas participan Silvia Peyracchia y Rosa Luz Casen (Cerisola); Alfredo Falú (Cudmani); Víctor Taleb y Sergio Parrado (Sacca), y el defensor oficial Mariano Galleta (Venturino). Se espera que declaren unos 180 testigos a lo largo de una o dos jornadas semanales, hasta fin de año. Entre los peritos que serán citados se encuentran los de la Corte Suprema de la Nación, Daniel Fontana (contable) y Francisco Pedro Guzmán (ingeniero), quienes realizaron los últimos y extensos análisis sobre el expediente.
La investigación fue elevada a juicio en 2018 por el entonces juez federal Fernando Poviña, que hoy integra la Cámara Federal de Apelaciones. El anterior querellante de la UNT, Diego Lammoglia (hoy integra el Colegio de Jueces de la provincia), en declaraciones periodísticas de 2017 calificó el caso como “corrupción estructural”. Después de 14 años, se abre hoy a las 9 una etapa fundamental para llegar a la verdad de lo que sucedió.
fuente: lagaceta