El jefe de Gabinete ratificó la decisión del Presidente de vetarla si el Senado la convierte en ley, pero adelantó cómo harán para pagarla si es que el Congreso la ratifica tras esa decisión del mandatario.
Buena parte de la oposición en la Cámara de Diputados dio una muestra esta semana de que el escenario político para el Gobierno puede ser aún más complicado que el que vivió en estos primeros 6 meses de gestión: le dio media sanción a un proyecto impulsado por la UCR para modificar la ley de movilidad jubilatoria que permita recuperar los ingresos que fueron licuados por la inflación desde diciembre del año pasado.
Rápidamente, el propio presidente Javier Milei aseguró que vetará esa medida si es que el Senado la convierte en ley: “Me importa tres carajos”, dijo el mandatario, quien calificó públicamente a los legisladores que apoyaron la medida como “degenerados fiscales”.
Ahora bien, más allá de un eventual veto, el Congreso tiene la potestad de ratificarla: debe hacerlo con los dos tercios de los votos de ambas cámaras, un número que algunos se animan a decir que pueden conseguirlo.
Ante eso, en las últimas horas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la decisión del Presidente de vetar el proyecto si se convierte en ley, aunque también adelantó qué harán si efectivamente, tras ese eventual veto, el Congreso la ratifica.
“Aunque los Diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, el Gobierno tiene claro que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de mantener el déficit cero”, analizó Francos.
Enseguida, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+, explicó cómo afrontarán el pago de esa nueva fórmula jubilatoria: “Si esto sucediera, lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir con los dos tercios ante un veto del Presidente, claramente lo que va a hacer el Gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”, sostuvo, y advirtió que habrá “recortes de todo tipo”.
“No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento, porque no tiene los recursos”, insistió esta mañana en declaraciones a Radio Continental.
Los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción en Diputados de una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplace el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto, en una iniciativa que se discutió durante todo el martes y se votó en los primeros minutos de este miércoles.
El texto consensuado, que fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).
La decisión de la Cámara baja provocó el inmediato rechazo del Gobierno, y el propio Milei se expresó en duros términos: “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, afirmó durante su exposición ante empresarios en el 10° Latam Economic Forum.
Cómo funciona el veto presidencial
El veto presidencial es una facultad del Poder Ejecutivo -que fue utilizada por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia- pero no necesariamente significa que una ley no pueda ser aprobada.
La norma establece que el Presidente tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley, y si eso sucede regresa a la Cámara de origen, donde será considerado primero y luego pasará nuevamente a la Cámara revisora. Si ambas insisten en su sanción, se podría ratificar el proyecto inicial.
La única restricción que aplica es que, sin importar si fue aprobada por mayoría simple -la mitad más uno-, en el proceso de revisión deberá ser ratificada en ambas Cámaras por los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría especial.
Si el Congreso de la Nación define a través del voto de los dos tercios insistir con la norma, el Poder Ejecutivo nacional deberá aceptarla y reglamentarla en el plazo que establece la normativa vigente.
Para obtener los dos tercios de la Cámara de Diputados hacen falta 177 de los 257 legisladores. El bloque de La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, a los que se le suman 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y otro número igual de Buenos Aires Libre. En total, tiene una base de 85 votos a favor sin sumar otros provinciales, lo que dejaría al resto con 172 legisladores.
Desde la vuelta de la democracia, el veto presidencial se utilizó 390 veces. Raúl Alfonsín lo hizo en 49 oportunidades, Carlos Menem 195, Fernando De la Rúa 46, Eduardo Duhalde 37, Néstor Kirchner 38, Cristina Fernández de Kirchner 16, Mauricio Macri 8, Alberto Fernández solo una. De este total, en 39 ocasiones las normas fueron ratificadas por el Congreso de la Nación.
fuente: infobae