El ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) será indagado por los abusos cometidos contra el Grupo Clarín en la aplicación de la llamada Ley de Medios. El juez federal Claudio Bonadio lo citó para el próximo 4 de abril. Antes, deberán comparecer en Comodoro Py otros siete ex directores de ese organismo. Todos están acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Los otros indagados serán la ex directora de Adecuación y Transferencias, Lorena Di Filippo (que abrirá la secuencia el 22 de marzo), el ex director de Asuntos Jurídicos Sergio Zurano, y los ex directores Alberto Schiffer, Eugenio Saavedra, Néstor Avalle, Eugenio Rinesi y Guillermo Pérez Vacchini.
Hace pocos días, el primer titular de la AFSCA kirchnerista y antecesor de Sabbatella, Gabriel Mariotto, reconoció por primera vez que la aplicación de la ley de medios no había sido imparcial y que la adecuación a esa ley de Telefe había sido un error. Mariotto cuestionó el rechazo al plan de adecuación de Clarín y sostuvo que no se había utilizado la misma vara con todos los grupos.
Como titular de la AFSCA, y en un claro gesto de intimidación, Sabbatella se presentó en dos ocasiones en las puertas del Grupo Clarín –algo que no había hecho con ningún otro grupo- para notificarlo de resoluciones que no requerían su presencia. En uno de esos casos, directamente incumplió una orden judicial, ya que un juez había suspendido el procedimiento.
Además, era normal que el funcionario se refiriera en tono injurioso a Clarín, sus accionistas y periodistas, dejando de lado la imparcialidad que exigía su puesto. Esto frecuentemente se extendía a las decisiones administrativas del funcionario, que exhibía un claro doble estándar a la hora de ejercer su cargo. Mientras Sabbatella llegó a decir, por ejemplo, que “Telefe no era de Telefónica”, o aceptó la transferencia de medios a Cristóbal López o a Sergio Szpolski –algo que estaba prohibido-, a Clarín le rechazó un plan que, semanas antes, las áreas técnicas del organismo habían considerado inobjetable.
El propio Mariotto lo refutó ahora: “A mi entender Telefe era de Telefónica. Si usás esa vara para medir a Telefe, después cómo hacés para adecuar Clarín. Creo que tendríamos que haber aceptado la adecuación voluntaria de Clarín”, concluyó el antecesor de Sabbatella.
El antecedente de la causa penal que lleva Bonadio es otra causa en el fuero contencioso administrativo que en su momento sustanció el juez Pablo Cayssials.
En diciembre de 2014, ese magistrado hizo lugar a una acción de amparo y declaró la nulidad de la Resolución AFSCA Nº 1121/14, que había ordenado iniciar la adecuación de oficio de Clarín, pese a que el Grupo había presentado en tiempo y forma su propuesta de adecuación voluntaria a la ley de medios impulsada por el kirchnerismo.
Entonces, el juez consideró que esa resolución “constituyó un medio indirecto para restringir la libertad de expresión no sólo de las citadas firmas [por Grupo Clarín S.A., Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., Radio Mitre S.A. y Cablevisión S.A.], sino también de los periodistas accionantes]”; y que “les asiste razón a los peticionantes (en cuento a la falta de independencia del organismo), en tanto es de público y notorio conocimiento el vínculo que existía entre el titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual –señor Martín Sabbatella- y las autoridades del Gobierno, circunstancia que se encuentra plasmada no sólo en los manifestado por las partes y en los informes periodísticos aportados como prueba, sino también en el hecho de que integró la fórmula del frente para la Victoria como candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires… situación que manifiestamente demuestra la incompatibilidad señalada”.
En síntesis, mediante dicha resolución la justicia en lo contencioso administrativo federal encontró acreditada la falta de imparcialidad e independencia en el accionar de los funcionarios que intervinieron en la aprobación de la Resolución Nº 1121-AFSCA/14, procedimiento en el marco del cual –motivado en tal falta de independencia- tuvieron lugar los incumplimientos de los deberes de funcionario público que dieron lugar a la causa penal que ahora tramita Bonadio.
Fuente: Clarín