La pelota volverá a rodar el viernes de la próxima semana, 3 de marzo. Lo confirmó la primera categoría ayer y en las próximas horas la dirigencia deberá ponerse a trabajar en la logística de la fecha: hoteles, traslados, concentraciones, viajes en avión, seguridad. Todo, contra reloj y a las apuradas. Pero antes, la fecha de la reanudación pendió de un hilo y estuvo muy cerca de volver a postergarse. Fue por una diferencia de 180.000.000 de pesos en la rescisión del contrato de Fútbol Para Todos (FPT), que será firmada el próximo viernes en la asamblea de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA).
“Angelici y Medín nos dijeron que el Gobierno había comunicado que los 140 millones de pesos del contrato de Radio Televisión Argentina debían ser usados para la producción de los partidos de estos meses”, contaron dos dirigentes a la salida de la reunión de la máxima categoría, que se desarrolló en el tercer piso del edificio de la AFA. Según lo que reconstruyó la nacion, los directivos se enteraron recién ayer de la noticia. Contaban con esos $ 140 millones y con otros $ 40 millones correspondientes al auspiciante principal del torneo (Axion Energy), que tampoco recibirán porque se quedarán en la AFA “para gastos corrientes”. En concreto, la rescisión de Fútbol Para Todos implicará para los clubes un ingreso de “apenas” $ 350 millones, casi 34% menos que lo que habían calculado. “Nos volvieron a cag…”, refunfuñó un dirigente de peso de la primera A.
Uno de los integrantes de la Comisión Audiovisual, que negoció con el Gobierno la salida del contrato de Fútbol Para Todos, afirmó que la Casa Rosada se había comprometido a que el Estado asumiera el costo de las transmisiones. Una fuente ligada al extinto programa FPT recordó que los clubes sabían “desde un primer momento” que parte del dinero del contrato de Canal 13, Telefé y Canal 9 con RTA iba a ser utilizada para pagar la logística de las emisiones por televisión. Otro dirigente dio su versión, fuera de micrófono: “Nos cedieron un contrato por 146 millones de pesos, cuando la producción de los partidos cuesta 140 millones. Para eso, sería preferible que no nos hubieran cedido nada. Parece un chiste”.
“El fútbol va a arrancar el 3 de marzo, aunque no estemos contentos con algunas cosas que han sucedido”, informó Nicolás Russo a la salida de la reunión en la AFA. Los 180 millones de pesos habían cambiado el humor de los directivos, que ya contaban con ese dinero para hacer frente a las deudas con los planteles: desde fines de noviembre que los clubes de primera A no cobran un solo centavo por los derechos televisivos. Tanto era el malestar entre los dirigentes que un par de horas antes Víctor Blanco había salido a la calle para hablar. En medio de un diluvio, el presidente de Racing había indicado que no estaba el dinero acordado con el Gobierno, y había puesto en duda el regreso de la actividad para el 3 de marzo. El correr de las horas desactivó lo que en ese momento parecía sentenciado: una nueva postergación.
El problema, en definitiva, no era de disponibilidad de los fondos. Dos fuentes al tanto de la situación contaron que el Gobierno ya tiene lista la partida de los $ 350 millones correspondientes a la rescisión de Fútbol Para Todos. La cuestión central pasaba por el uso de los otros $ 180 millones, que integran el resarcimiento del convenio con el Estado, el cual vencerá en agosto de 2019. Algunos dirigentes alzaron la voz en medio del cónclave. Y se mostraron “hartos” de que desde la Casa Rosada les impusieran qué hacer y qué no.
Sin embargo, no tenían mucho margen de maniobra. Todos acordaron que seguir con el cese de actividades no era bueno para nadie. Para los clubes, para los dirigentes ni para los futbolistas. Tampoco para el Gobierno. “Volvíamos a jugar o nos comían los piojos”, graficó un vicepresidente de un club que asistió a la reunión. A última hora de ayer, los directivos de las categorías del fútbol de ascenso convocaron a una reunión general para evaluar los pasos por seguir ante el cambio en el monto de los ingresos.
El cónclave de la primera A sirvió para resolver otros dos puntos conflictivos, que impactan de lleno en el torneo: por un lado, se resolvió no hacer lugar al pedido de incorporar un cuarto refuerzo (Unión, de Santa, Fe y Rosario Central son dos de los clubes que se opusieron), y por otro, se estableció que los 22 asambleístas de la máxima categoría que votarán en la elección presidencial serán determinados de acuerdo con la tabla de los promedios, diez días antes de la fecha del comicio.
Fuente: La Nación