Empleados de la Dirección General de Catastro y del juzgado de paz de El Mollar, respaldados por un grupo de policías apostados en la zona, fijaron letreros en la Reserva Provincial de La Angostura para dejar en claro que esas tierras pertenecen al Superior Gobierno de la Provincia, especificando que está prohibido el acceso.
Un mes atrás se produjo una larga polémica cuando agentes del Estado determinaron que se había producido una toma de tierras fiscales, protagonizada por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) y de particulares que lotearon la zona y hasta llegaron a poner en funcionamiento un club de fútbol.
La fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls elevó a la Justicia una medida cautelar en nombre del Gobierno para recuperar las tierras usurpadas.
Una jueza falló parcialmente admitiendo que el Estado era el propietario de esos terrenos y demandó una investigación para establecer la situación de cada uno de los ocupantes antes de decidir si deben ser definitivamente desalojados.
Por esa razón, es que el Gobierno decidió la colocación de varios carteles en la zona de la Reserva.
La medida se hizo efectiva en medio de versiones que aseguran que los ocupantes estaban listos para alambrar las parcelas que habían sido integradas por la Policía.
La Justicia dispuso la paralización de todas las obras, la apertura de un registro para nuevos inmuebles y la colocación de alambrados.