A las boletas de sueldo “truchas” de colaboradores del intendente Mariano Campero, ahora se sumó el proyecto en el Concejo Deliberante para crear una comisión investigadora en torno al supuesto cobro ilegal de tributos de la Dirección de Saneamiento. En ese monento, su titular era Rodolfo Aranda, quien ahora espera para asumir como concejal. El intendente no respondió aún a un pedido de informes y ello derivó en la iniciativa de investigación.
Boletas de sueldo y recibos por tributos “truchos” parecen haber transformado a la otrora “Ciudad Jardín” en “Trucholandia”, para pesar de muchos vecinos que habían puesto todas sus expectativas en un verdadero cambio con la gestión del actual intendente Mariano Campero.
La sistemática modalidad de no responder a los pedidos de informes emanados desde el Concejo Deliberante -cuestión que Campero le criticaba al ex intendente Toledo cuando era edil- generó que se presentara en el cuerpo legislativo un proyecto para conformar una comisión investigadora, que revisará el supuesto cobro ilegal de tributos en el área de la Dirección de Saneamiento, en momentos en que su titular era Rodolfo Aranda, quien pugna por asumir como concejal desde hace meses.
Las pruebas con las que cuentan los concejales que promueven la iniciativa serían los recibos “truchos” que se habría entregado a los contribuyentes que tenían sus puestos ambulantes en el lugar conocido como “Plaza Vieja”.
La autoría del proyecto de ordenanza surge de la propia mesa de conducción del Concejo Deliberante, integrada por Benjamín Zelaya (presidente), Lucas Cerúsico (vicepresidente 1º) y Héctor “Pilón” Aguirre (vicepresidente 2º) y tiene por objetivo “analizar la conducta y evaluar las posibles negligencias en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio del director de Saneamiento (por Aranda), relacionadas con el cobro ambulante y arbitrario de impuestos y tasas municipales”.
Sin embargo, la potencial investigación no sólo se circunscribiría a la persona de Aranda, sino que también se extendería al subdirector de la mencionada repartición, Miguel Gianfrancisco.
Los investigadores
En el proyecto también se establece quiénes serían los ediles que tendrían a su cargo tamaña responsabilidad, quedando como seleccionados José Macome (PRO), Héctor “Pilón” Aguirre (PJ), y Maximiliano García (UCR). En los argumentos de integración de la mencionada comisión investigadora, se resalta que el intendente Campero no respondió el pedido de informes sobre el supuesto cobro de tasas municipales sin regulación, que se habría producido en ese paseo público de La Rinconada. En ese pedido de informe se había incorporado dos recibos con la firma y sello, en apariencia, de Aranda. Los concejales que promueven la investigación consideraron de vital importancia determinar las responsabilidades, toda vez que uno de esos documentos había sido emitido el 3 de diciembre, fecha en que el funcionario en cuestión ya había renunciado y se encontraba esperando la sesión que le permitiera asumir como concejal en reemplazo de Lisandro Argiró, cuando éste asumió como parte del gabinete de Campero. La nueva situación genera un nuevo escándalo para la gestión del joven intendente, quien también enfrenta pedidos de explicaciones por las adjudicaciones directas, tanto desde el Concejo Deliberante como debido a presentaciones judiciales. Aranda no se refirió al pedido de investigación, pero sí consideró que estas acciones tienen que ver con internas en el espacio de Cambiemos. Por lo pronto se espera que en la próxima sesión pueda tratarse el proyecto de ordenanza para la conformación de la comisión investigadora, lo que pondría en serios problemas la asunción de Aranda dentro del cuerpo legislativo de Yerba Buena.