El Gobierno y organismos de derechos humanos chocaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el respeto a los derechos humanos en Jujuy, en una audiencia que tocó la polémica por la situación de Milagro Sala, aun cuando el caso estaba fuera de agenda.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , llegó a Washington con un mensaje: la Casa Rosada no tiene “ningún interés” en criminalizar la protesta social y está comprometida con el respeto a la libertad de expresión con los límites propios “de un estado de derechos”. Esa garantía, dijo, no ha sido violada en Jujuy.
“El respeto de los derechos humanos es una cuestión dinámica que va planteando tensiones permanente”, agregó Avruj, tras la audiencia, en diálogo con la prensa argentina.
“Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho”, agregó.
Organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), Horacio Verbitsky, plantearon una situación antagónica: dijeron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador, Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.
Avruj aprovechó su exposición ante la CIDH para realizar un anuncio: el gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar el código penal que excluye el delito de sedición ante un hecho que involucra el ejercicio de un derecho humano, como una manifestación.
Esa modificación había sido reclamada por el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una carta a Mauricio Macri a fines del año anterior sobre el caso de Milagros Sala, quien había sido acusada de cometer ese delito cuando fue arrestada.
El CELS ha solicitado a la CIDH una medida cautelar para presionar por la liberación de la líder de Tupac Amaru, pero, aun si el organismo multilateral la otorga, el cumplimiento de esa medida depende en última instancia de la Argentina. El nombre de Sala despuntó recién en la audiencia cuando uno de los comisionados, Paulo Vannuchi, agradeció que no se la mencionara, a pesar de que no estaba permitido: la audiencia estaba dedicada a un tema general, no a un caso particular.
Los representantes de organizaciones civiles y sindicatos presentes en la audiencia ante la CIDH fueron, además Verbitsky; Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional Argentina; Rafael Vargas, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma; Oscar Nutini, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma y Esperanza; Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado y Central de Trabajadores Argentinos, y Elena Chávez, de Andhes.
Todos plantearon el mismo panorama: una persecución judicial a trabajadores, criminalización de protestas y ofensivas para “disciplinar a los sindicatos”. Verbitsy denunció la “intolerable situación de persecución que se vive en la provincia de Jujuy contra toda protesta por parte de un gobierno que sólo permite que se escuche su propia voz”.
Mario Miranda, fiscal de Estado de Jujuy, negó cualquier falta. Dijo que las organizaciones sociales excedieron “los límites de la protesta” al crear un “sitio a todo el centro de la ciudad” apenas asumió el nuevo gobierno de Morales.
Miranda también se preocupó por llevar el tema más allá de las protestas en si, y volvió a traer la presencia de Sala en la discusión cuando mencionó que había “sospechas de corrupción por el manejo de los fondos que en muchos casos no llegaba a los cooperativistas”. El gobierno de Morales ha acusado a Sala de malversación de fondos.
“La provincia de Jujuy se encuentra comprometida con el respeto del ejercicio de todos los derechos humanos”, afirmó Miranda, quien negó una “aplicación abusiva” de la ley. Verbitsky dijo que esas declaraciones mostraban el “cinismo con el que se maneja la provincia de Jujuy”.
Entre los comisionados, Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión, se preocupó por señalar que sin garantías para poder manifestarse el derecho a la protesta “se convierte en algo teórico”. Luego, recordó la protesta de ruta por el conflicto por las papeleras. “Nunca fue declarada ilegal esa protesta”, afirmó.
La CIDH enviará una delegación a Jujuy en mayo, invitada por el propio gobierno de Morales. Miranda dijo que será un “honor” recibirlos.
Fuente: La Nación