La gestión del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, sumó una nueva irregularidad, al trascender que se cobra el Tributo de Emergencia Municipal (TEM), que se encuentra vencido desde abril de 2015. La carga se cobra a grandes contribuyentes y en 2016 generó una recaudación de 17 millones de pesos. El municipio podría recibir una andanada de amparos judiciales para suspender el cobro y obtener una compensación.
Aún no se habían calmado las aguas generadas por las denuncias sobre cobros ilegales de tributos a contribuyentes que ubicaban sus puestos en la zona de la Plaza Vieja, cuando surgieron irregularidades en el cobro del Tributo de Emergencia Municipal (TEM), que se encuentra sin vigencia desde abril de 2015.
Los dolores de cabeza parecen continuar sobre la gestión del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, quien podría recibir en los próximos días una andanada de amparos judiciales, por parte de empresarios que le solicitarían la suspensión en el cobro del TEM y una compensación por los pagos realizados desde abril de 2015 a la fecha. El argumento es que la ordenanza 1747, que establecía el cobro de esa carga, venció en esa fecha y no fue prorrogada.
Cabe destacar que la ordenanza fue aprobada el 30 de diciembre de 2009, durante la gestión del intendente peronista Daniel Toledo. La normativa tenía una vigencia de cinco años a partir de su aplicación.
Campero la conocía
El actual intendente, por su condición previa de concejal, no podía desconocer los alcances de la ordenanza ni su período de vigencia, por lo que los cobros realizados desde su vencimiento hasta el presente, se encuadran en la figura de cobro indebido de cargas municipales a gran escala.
Sólo para dar una idea de la recaudación que el TEM representa para la “Ciudad Jardín”, cabe señalar que durante 2016 el total de lo percibido por las arcas municipales superó los 17 millones de pesos.
Molestia empresarial
Este cobro discrecional por parte de las autoridades municipales, encabezadas por Campero, molestó a empresarios que tienen sobre sí esta carga, no sólo porque deben afrontarla sino porque el criterio de determinación de los montos es arbitrario.
“No podemos pagar según la cara del cliente, o porque seamos o no cercanos al intendente”, expresó a Diario Cuarto Poder un empresario que prefirió la reserva de su identidad pero que anticipó que son varios los que, como él, acudirán a la Justicia para solicitar que se deje sin efecto el cobro de esa carga municipal, por considerar que no tiene vigencia.
Desde el municipio no sólo se continuó con el cobro del TEM, pese a saber que no contaban con el instrumento de prórroga que debía ser sancionado por el Concejo Deliberante, sino que no se informó el destino de los recursos que fueron recaudados durante el año del Bicentenario de la Independencia Argentina.
Falta de inversión
Las quejas vecinales por el estado de las calles, la inexistencia de veredas, la inseguridad y la deficitaria prestación de los servicios, entre otros aspectos que generan malestar, hacen suponer que los recursos que genera el municipio no optimizados para la solución de esos inconvenientes, con los que los habitantes de la “Ciudad Jardín” se enfrentan a diario.
Respecto del manejo de estos recursos, se espera que en las próximas horas las autoridades del Concejo Deliberante, encabezadas por su presidente Benjamín Zelaya; el vicepresidente 1º, Lucas Cerúsico; y el vicepresidente 2º, Héctor “Pilón” Aguirre, exijan explicaciones al Ejecutivo Municipal. Hace unos días, Zelaya dejó en claro que el Concejo Deliberante no sólo defenderá su posición de independencia de poderes, sino que ejercerá el rol de control sobre la gestión de Campero. Esas expresiones tuvieron lugar luego de un fuego cruzado en las redes sociales con los ediles cercanos al intendente.
Los controles se multiplicarán teniendo en cuenta la cantidad de errores que viene cometiendo el joven intendente al que muchos vecinos optan por llamar “Camperito” o “Toledito”, para señalar las similitudes con su antecesor peronista.